RESUMEN DE NOTICIAS SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD EN CENTROAMERICA

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Juez español dicta captura contra ocho acusados de genocidio

EL PERIODICO SÁBADO 8 DE JULIO

Juez español dicta captura contra ocho acusados de genocidio K. Reyes y A. Sas

El juez español Santiago Pedraz ordena a las autoridades de Interpol de Europa su ubicación, captura y extradición hacia ese país, derivado de la oposición de los sindicados a ser indagados en Guatemala.

“Teniendo en cuenta el resultado inoperante de la Comisión Rogatoria a Guatemala, librada hace ya tiempo, se detectó la existencia de una clara y constante falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de lo denunciado, para garantía jurídica de los imputados y testigos.

No solo se ha impedido que los sindicados conocieran los hechos por los cuales se les acusa, si no también que las víctimas pudiesen contar al juez su verdad sobre lo en realidad acontecido”, refiere parte de la resolución del juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz Gómez, quien ordenó la captura internacional y extradición de José Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Germán Chupina Barahona, Ángel Guevara Rodríguez, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García, Donaldo Álvarez Ruiz y Romeo Lucas García (de quien no hay notificación oficial de su fallecimiento), sindicados de los delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.

Pedraz Gómez ordena que la Policía Internacional Europea (Interpol) ubique y detenga a los mencionados y sean puestos a disposición de la autoridad judicial española. Además, se decreta el embargo de todos los bienes, de forma total o parcial. O bien aquellas propiedades que estos tengan a través de testaferros o terceras personas.

También, como forma de garantizar las responsabilidades económicas y civiles correspondientes, se ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de los mencionados. Se da un plazo de tres días para que el fallo pueda ser apelado.

Pedraz Gómez refiere que la decisión judicial se deriva de la causa 331/99, donde se acusa a los ocho guatemaltecos, calculándose en unas 250 mil personas de la etnia maya asesinadas, 37 muertos más en el caso de la Embajada de España y 4 sacerdotes españoles asesinados en diversos puntos del país.

El defensor de Ríos Montt, Francisco Palomo, refiere que enviarán a España una copia de la inmunidad de la que goza su cliente, pues señalan que él se acogió a la amnistía decretada por el Estado, antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz en el país, para los miembros del Ejército, así como la falta de competencia por parte de las autoridades españolas para juzgar a guatemaltecos. “Contra el general no se podría hacer nada pues él se acogió a esa enmienda el 3 de septiembre de 1990”, dice Francisco Palomo, representante legal de Ríos Montt.

Refiere que esta orden de captura solo puede cumplirse en Europa. “Es una petición que se aceptó como la diligencia que se pretendió realizar, pero hay que esperar”.

El defensor de Mejía Víctores, Fernando Linares Beltranena, dijo que analizan una recusación del juez Pedraz.

El juez Saúl Álvarez, quien estaría a cargo de la diligencia de primera declaración de los ahora reclamados por España, dijo desconocer la decisión de Pedraz, pues hasta el momento sólo sabe de la suspensión de la solicitud para indagarlos por los delitos que fueron acusados por ese país.

“Confío en que para el Estado guatemalteco y es una prueba de que ha operado una justicia universal”, refirió la querellante en este caso, Rigoberta Menchú.

Ella presentó en 1999 la denuncia contra los antes mencionados, para que se les pudiera juzgar en ese país. Pero fue el 25 de febrero de 2003 cuando el Tribunal Supremo de España dio vía libre para que se iniciara un proceso penal contra los sindicados; un año después, como parte de la investigación, se pidió a Guatemala que se les escuchará en calidad de acusados.

La audiencia fue suspendida en el país después de que los sindicados presentaron varios recursos legales.

La acusación contra Ríos Montt y Mejía

La acusación contra Ríos Montt y Mejía Parte de los hechos descritos en la resolución refieren que los delitos que se le imputan a Efraín Ríos Montt y a Óscar Mejía Víctores se inician cuando ejercieron cargos de mando.

“En marzo de 1982, los ataques a la población civil en Guatemala pasaron a ser crímenes de mayor intensidad y pasividad dirigidos casi en su totalidad contra la población indígena maya”, refiere el fallo. Ríos Montt era presidente de la Nación y comandante general del Ejército. Mejía Víctores, ex ministro de la Defensa. Tenían autoridad sobre sus subordinados. Por su posición de mando, supieron o debían haber sabido que los actos criminales perpetrados por hombres bajo su mando se estaban llevando a cabo y, sin embargo, no hicieron nada para evitar que se cometieran”.

Casos concretos:

  1. La Audiencia Española acusa de los asesinatos contra sacerdotes españoles y por la quema de la Embajada de España a ocho personas, una de ellas ya fallecida:
  2. Faustino Villanueva Villanueva, asesinado en su despacho parroquial de Joyabaj, Quiché, el 10 de julio de 1980.
  3. José María Gran Cirera, asesinado en Chapul, Quiché, el 4 de junio de 1980.
  4. Juan Alonzo Fernández, asesinado en La Barranca, Quiché, el 13 de febrero de 1981.
  5. Carlos Pérez Alonzo, secuestrado el 2 de agosto de 1981,sin que a la fecha se tenga conocimiento sobre su paradero.
  6. El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala.

Agentes policíacos incenciaron el lugar. Murieron 37 personas, entre ellas, los ciudadanos españoles Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa.