La conflictividad social es uno de los fenómenos que está tomando relevancia. Conflictos de movimientos sociales en defensa de los recursos naturales, de los derechos sobre la tenencia de la tierra, movimientos sociales exigiendo transparencia en la gestión gubernamental, protestas y marchas demandando elecciones libres y transparentes, protestas por el reconocimiento de derechos sexuales, y denunciando abusos por parte de las autoridades policiales.

En Guatemala el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldeti junto a otros funcionarios del gobierno, se vieron involucrados en sucesivos actos de corrupción, lo cual provocó el descontento en la población y generó una serie de protestas cívicas que terminaron presionando para que renunciara el presidente y demás funcionarios. También en Honduras, a raíz de un caso de corrupción relacionado a un desfalco de 350 millones de dólares entre 2010 y 2014 al Instituto de Seguridad Social Hondureño, ocasionó movimientos sociales en demanda por una gestión pública transparente.

En Nicaragua, a partir del 18 de abril de 2018 los descontentos por las reformas a la Seguridad Social, provocaron una serie de movilizaciones sociales, las cuales fueron cruelmente reprimidas por la Policía Nacional y grupos afines al gobierno, provocando el aumento desmedido de la violencia política, provocando más de cien personas fallecidas. Estas marchas han sido desarticuladas o frenadas por medio de la intimidación o represión por parte de las autoridades encargadas del orden. Estos conflictos sociales que genera tensión en la dinámica de los países no están siendo gestionados por las vías de la democracia, no hay un verdadero diálogo nacional, no se propicia el debate ni el consenso de las partes; ante esta carencia de la puesta en práctica de mecanismos democráticos, las protestas en ocasiones han terminado en acciones de confrontación y violencia.

Un elemento importante relacionado a los conflictos sociales, es la labor de defensoría de los Derechos Humanos que realizan diversas personas organizadas desde la sociedad civil y que en la mayoría de los casos son claves en el liderazgo de los movimientos sociales. En la región centroamericana ha venido creciendo la preocupación entorno a la situación de seguridad que viven los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, frente al contexto de grandes proyectos industriales que implica la explotación a gran escala de los recursos naturales, y frente a gobiernos corruptos. Según los resultados del informe sobre “Criminalización de defensores de Derechos Humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, publicado en febrero 2016, por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización mundial contra la Tortura, identificó una serie de elementos que se presentan como una constante en el fenómeno de criminalización de las y los defensores.

En principio se les acusa y se les judicializa bajo procesos irregulares en donde la presentación de pruebas y testimonios carecen de argumentos sólidos, además de afirmaciones contradictorias, el actuar de las autoridades ha sido proceder hasta llegar a sentencias e imposición de medidas judiciales como encarcelamiento o libertad condicionada, sin garantizar un proceso de investigación adecuado. Entre los casos figura la situación de Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se ha evidenciado el aumento de la criminalización de los defensores y defensoras como mecanismo de represalia a la labor que realizan. Todo esto trae consigo la estigmatización y discriminación de los defensores y defensoras, porque pasan de ser ciudadanos con un activismo social positivo y con un fuerte compromiso social, a ser considerados o tratados como infractores de la ley, lo cual pone entredicho sus acciones desarrolladas en pro del beneficio de la sociedad. Todo esto dirigido por los mismos gobiernos en turno.

Los conflictos sociales cada vez más frecuentes y el fenómeno de la criminalización de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos que vive la región centroamericana, es grave para la consolidación de la democracia, puesto que el debate de ideas, el planteamiento de posturas diversas, la libertad de expresión, el derecho del uso de los espacios públicos como medios de participación ciudadana para hacer públicas las demandas, el derecho a la movilización y protesta, el diálogo entre diversos actores de la sociedad civil, la articulación de propuestas entre el gobierno y la sociedad civil, son ejercicios indispensables en todo sistema democrático que garantiza y promueve la participación activa de la ciudadanía.