La violencia y la inseguridad no son nuevas en Centroamérica. Al menos durante las últimas cuatro décadas, la región estuvo sumida en abiertos conflictos bélicos que afectaron a tres países: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Una vez finalizados los conflictos, nuevas expresiones de violencia tomaron su lugar en las sociedades pos conflicto y se comenzaron a manifestar bajo la forma de altos niveles de delincuencia y criminalidad y el surgimiento de fenómenos sociales complejos como las pandillas juveniles o maras.

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Las guerras terminaron pero la violencia permanece como cruel herencia en toda la región. (Elvira Cuadra, 2015, pp. 7-8).

 

A pesar de no estar en guerra, Centroamérica es de las regiones más violentas del mundo. El fracaso de gran parte de los gobiernos de la región en la implementación de estrategias y políticas de seguridad, ha conducido a que esta se posicione con algunos de los indices de violencia y criminalidad más alto del mundo.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un índice de 10 o más homicidios por cada 100,000 habitantes es una característica de la violencia endémica” (Banco Mundial, 2016). Para 2017, El Salvador registró una tasa de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes; Honduras, 42,76; Guatemala, 26,1; República Dominicana, 14,9 (Univisión, 2018). Incluso Costa Rica, considerado uno de los países más seguro de la región, en 2017 superó su récord de homicidios al registrar una tasa de 12,1. Y los países con menores tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes son Nicaragua con 6 y Panamá 9,2 (Aykart, 2018).

En el norte de Centroamérica se han reducido las tasas de homicidios en comparación con años anteriores y las estrategias de seguridad están cambiando, dejando de apostar por modelos como el de Policía Comunitaria, como el que intentó El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz. Este modelo tiene como propósito, tal como expone en una página web la Policía Nacional Civil de El Salvador, crear:

“organizaciones de carácter Comunitario, lideradas por la Policía Nacional Civil, con el fin de crear Cultura sobre Seguridad Ciudadana. Promueven la participación de los residentes de los barrios, colonias, cantones o caseríos para prevenir delitos y contravenciones por medio de la atención y reacción oportuna, contando con el apoyo de las autoridades policiales en la zona”.

Sin embargo, el fracaso de este modelo -que fue impulsado por el presidente Salvador Sáchez Cerén en 2014- que hoy está dando paso a que se retome el manodurismo en El Salvador, no se debe a que el modelo no sea efectivo -pues Nicaragua ha tenido éxito con él-, sino más bien, como han señalado diversos analistas, a la forma y lugares donde se ha implementado. El diputado por ARENA y ex director de la Policía, Francisco Ávila (El Diario de Hoy, 2015), considera que

“en esta situación (de violencia) la gente tiene tanto miedo, que es obvio que la gente no va a participar. Entonces, este modelo de policía y comunidad funciona en las zonas donde la gente se puede organizar, donde puede interactuar con las autoridades de una manera preventiva”.

Así mismo, el director del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, José Miguel Fortín Magaña, critica que el gobierno haya impulsado el Modelo de Policía Comunitaria en zonas bajo control de pandillas, pues este modelo obedece más a una estrategia de prevención que de combate al crimen en lugares que están bajo control de las pandillas (ibíd).

Aunque el modelo de Policía Comunitaria discursivamente sigue vigente en el gobierno de Salvador Sáchez Cerén, en la práctica se ha vuelto a apostar por la Mano Dura, un modelo que conlleva a la militarización de la sociedad, que ha demostrado ser poco efectivo y con resultados nefastos e imprevistos, como la exacerbación de la violencia que se proponían originalmente “combatir” y reducir (Freedman, 2014).

En relación al fracaso y poca efectividad del Modelo de Mano Dura como estrategia de seguridad, se señalaran dos casos, a modo de referencia: la campaña de “mano dura”, que promovió el presidente salvadoreño Francisco Flores en su gobierno (1999-2004) y la de “súper mano dura” promovida por su sucesor, Elías Saca (2004-2009), respecto a los cuales Elaine Freedman (2014), en su artículo para la Revista Envío titulado “Policía Comunitaria: un salto estratégico en la Policía Nacional Civil”, expresa:

Durante la implementación de estos dos planes, el hacinamiento carcelario aumentó provocando mayores problemas en los centros penales. Según datos de la Dirección General de Centros Penales, la población penitenciaria se incrementó en un 137% en 2000-2007. También aumentó la tasa de homicidios. Según Melisa Salgado, analista de la UCA, los homicidios aumentaron en un 22.8% al año de implementar el Plan Mano Dura y la tasa de homicidios se posicionó en 51.1 por cien mil habitantes. A lo largo de la implementación del Plan Super Mano Dura, la tasa subió al 70.4%.

Situaciones similares a la salvadoreña en Honduras y en Guatemala, donde los planes represivos fueron implementados con los nombres de “Plan Escoba” y “Libertad Azul”, llevaron al director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, a declarar a inicios de 2014: “Creemos que la mano dura ha fracasado en la región. La mano dura es una tentación porque la gente quiere resultados y los gobiernos se sienten presionados a actuar, pero ha tenido repercusiones negativas en América Latina y un impacto negativo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos”.

Pese a estos fracasos de las estrategias “manoduristas”, todo apunta a que se están retomando, en un nuevo intento de los gobiernos por demostrar que sus políticas son efectivas frente a la inseguridad. En estos últimos años o meses incluso, en El Salvador, Honduras y Guatemala se ha comenzado a discutir el que las pandillas y/o maras sean consideradas agrupaciones terroristas.

El Salvador ha sido el primero en aprobar por ley la tipificación de estas agrupaciones como grupos terroristas en 2015 y Honduras en 2017 -a través de una controvertida ley. En Guatemala, el recién nombrado Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart (en el cargo desde fines de enero de 2018) es el que está impulsando en el Poder Legislativo de su país esta iniciativa, en medio de un contexto de impopularidad de la presidencia de Jimmy Morales, especialmente por sus desencuentros con la CICIG y el Ministerio Público, por casos de presunta corrupción.

Este nuevo calificativo -de terroristas- no es un cambio simple, sino que puede representar un cambio completo de las estrategias de seguridad que los Estados puedan llegar a implementar para intentar dar solución a la inseguridad, con el alto riesgo de que se ignore la memoria histórica -violenta, hay que decirlo- de estos pueblos y de que se omita que el sustrato fértil, en el que se han desarrollado y expandido estas agrupaciones, está en el contexto social. Por tanto, cualquier estrategia que busque dar respuesta al problema de inseguridad, no puede disociarse de que la inseguridad en la región es prominentemente un problema social, lo que implica que cualquier estrategia que se formule, tiene que integrar a la población, a la comunidad.

La militarización de la seguridad no es tampoco algo reciente en la región, es un fenómeno de larga data que ha atravesado procesos de tensión y distensión en un guiña y afloje entre los diversos actores sociales, especialmente los partidos políticos que han instrumentalizado los problemas de seguridad en pro de sus beneficios electorales. Un reporte del International Crisis Group (2017) (ICG, por sus siglas en ingles), -un centro de pensamiento orientado a la resolución de conflictos armados- sobre El Salvador, titulado “Política y violencia perpetua en El Salvador”, señala el uso de la inseguridad, para fines electorales, por parte de los partidos políticos de ese país, sin importar su ideología:

Los antiguos enemigos de guerra [el FMLN y ARENA] han pujado por la supremacía democrática en los últimos años, usando repetidamente la política de seguridad con fines electorales buscando satisfacer la demanda pública de mano dura contra las pandillas. Si bien el gobierno ha cambiado de manos, las mismas estrategias de seguridad han persistido. Las detenciones masivas, el encarcelamiento, así como la militarización de las labores policiales se han convertido en la moneda corriente, ya sea bajo el mando de las élites conservadoras o de las antiguas guerrillas. Las autoridades estadounidenses recientemente han ofrecido su apoyo a este enfoque represor, comprometiéndose a “desmantelar” la pandilla MS-13. (p. ii).

Estos modelos de mano dura, además, están encontrando respaldo fuera de la región centroamericana, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Los presidentes Barack Obama y Donald Trump parecen favorables a estas estrategias, ya que en sus presidencias se han o se están destinando importantes recursos dirigidos al fortalecimiento institucional de los sistemas de justicias de estos países, pero también en buena medida a equipar y formar a las fuerzas policiales y castrenses de la región, principalmente -aunque no exclusivamente- en el marco de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en ingles) (Departamento de Estado, 2018; Martínez Prado, 2015).

Para el año fiscal 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió al Congreso de ese país fondos por US$ 263.2 millones para CARSI (Peter, 2017), que pese a presentar importantes recortes en programas de apoyo al desarrollo, en comparación con años anteriores, mantiene prácticamente sin reducción el apoyo a las fuerzas de seguridad de la región -principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador-, alcanzando los fondos destinados en materia de seguridad a más del 60% del presupuesto solicitado.

Detrás de este apoyo subyacen dos objetivos importantes para Estados Unidos: el combate contra el narcotráfico y el control migratorio. Estos objetivos de “seguridad nacional”, son también objetivos dirigidos contra enemigos concretos, como lo son las maras centroamericanas como la “Mara Salvatrucha (MS-13), [que] es sinónimo de la amenaza de la migración indocumentada para el presidente estadounidense Trump” (ICG, 2017, p. i).

Las maras nacen en el sur de Estados Unidos y comienzan a operar en Centroamérica -manteniendo la conexión con el norte- a partir de mediados de los noventas, cuando miembros de estas agrupaciones en Estados Unidos son deportados a Centroamérica, a países que acaban de salir de conflictos violentos y no tienen la capacidad para reintegrar a los recién llegados, lo que les lleva y facilita a estos a replicar sus organizaciones en los Estados Unidos en sus países de destino, desarrollando principalmente actividades delictivas como el narcotráfico (ICG, 2017).

Tanto los carteles mexicanos como las maras centroamericanas, corresponsables junto a los gobiernos de México y Centroamérica de la exacerbación de la violencia que ha motivado importantes flujos de migrantes hacia el norte, han puesto mayor interés en los migrantes en tiempos recientes, pues han visto en ellos una alternativa de ingreso mediante la extorsión o al obligarlos a trasegar drogas hacia Estados Unidos (Blancas Madrigal, 2017). Es aquí donde Estados Unidos encuentra su motivo y justificación para actuar contras las maras, tanto en dentro de su territorio como en Centroamérica, en un región distante a sus fronteras.

Por su parte, los gobiernos centroamericanos en sus intentos de dar respuestas a la inseguridad, especialmente en el norte de la región, han sido poco efectivos y deficientes porque no han leído que las causas subyacentes de la inseguridad y la violencia son problemas sociales, haciendo énfasis en la palabra social.

Es verdad que los gobiernos se enfrentan a la presión de parte de la ciudadanía que clama por resultados inmediatos a favor de la seguridad, pero lo cierto es también que por intentar capitalizar esos clamores en réditos políticos los partidos y gobiernos se han centrado en presentar estrategias de corto plazo, optando por fortalecer las fuerzas represivas del Estado -Mano Dura-, que ha recibido apoyo del exterior, y no en dar respuestas a las problemáticas sociales -que requieren estrategias integrales de largo plazo y de respaldo multisectorial- que tienen mucha relación con el surgimiento, desarrollo y operación de la delincuencia y la violencia -como la generadas por las maras-, como lo son la pobreza, la dificultad al acceso de justicia, la corrupción, la exclusión, las restricciones para el ejercicio de derechos, las desconfianza en las instituciones -muy relacionada a la memoria de la guerra-, la destrucción del tejido social -familias disfuncionales, poca cohesión social-, entre otras (Cuadra, 2015; Cruz, 2006; Molina Battle, 2015).

Otro ejemplo de la falta de integridad de las estrategias y planes de seguridad impulsados en la región se puede ver en el estado de las cárceles en Centroamérica, las que en la práctica no se han visto como parte del problema, truncando de esta manera que los sistemas carcelarios puedan ser parte de la solución al promover la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los presidiarios.

Las pésimas condiciones de las prisiones, la sobrepoblación, el abuso de autoridad e incluso el que los detenidos vayan a cárceles específicas de acuerdo a la pandilla que pertenece, como ha hecho El Salvador, más bien han llegado a convertir algunos de estos centros en nodos de pandilleros, lo que ha fortalecido las estructuras operativas de las maras y que el sistema penitenciario reproduzca el fenómeno de las pandillas (Cruz, comunicación personal, 23 de julio de 2017), y de lejos han logrado acercase al objetivo reformador que tienen los sistemas penitenciarios modernos: rehabilitar y reintegrar.

No es por lo tanto, extraño, que desde las cárceles los detenidos puedan continuar participando -supervisando, planeando y ordenando operaciones - en actividades delictivas. Ante esta situación, muchos gobiernos centroamericanos han optado por pedir a las compañías de telefonía celular que restrinjan su señal en los recintos penitenciarios, como medida para ejercer mayor control sobre los reclusos y separarlos de las actividades delictivas en el exterior, y así lo destaca El Nuevo Diario en el caso de Nicaragua: “la decisión fue tomada para evitar que los 7,000 presos que están internados en "La Modelo" continúen cometiendo delitos desde allí, como extorsiones, crimen organizado e incluso la planificación de asesinatos” (El Nuevo Diario, 2018).

Otro ejemplo es el caso del asesinato en Costa Rica del narcotraficante alias El Gringo, en diciembre de 2017. Las autoridades costarricenses señalaron que alías El Pollo, un narcotraficante detenido en el sistema penitenciario nicaragüense, fue quien dio la orden, desde el penal, de matar al “El Gringo” (Gutiérrez, 2017). Esto es un ejemplo más, de muchos que se podrían encontrar en la región de como el crimen organizado actúa incluso desde adentro de las cárceles.

Así, los gobiernos, han afirmado, abierta o tácitamente, que la única estrategia que tienen es la del “manodurismo”, que se ha traducido en un aumento exponencial de las detenciones y del aumento de las poblaciones de los ya abarrotados y obsoletos sistemas penitenciarios de la región, pero no se consideran estrategias integrales, que respondan a preguntas como: ¿por qué se une una persona a una estructura criminal? ¿Se puede salir voluntariamente de una? ¿Por qué se han desarrollado estas estructuras criminales como lo han hecho -como las maras, por ejemplo-? Y otras muchas, que son necesarias para comprender el fenómeno complejo que representan las estructuras criminales centroamericanas, cuya principal y más evidente muestra son las pandillas o maras.

También debe ser motivo de preocupación el hecho que las actuales estrategias de seguridad aplicada en la región, en donde los militares -especialmente- están tomando tanto protagonismo por su papel en la lucha contra las drogas, se está enfilando en contra de los objetivos de distintos tratados y acuerdos regionales que buscan el equilibrio entre las fuerzas armadas centroamericanas y la paz, como lo son el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica (1986), el Acuerdo de Esquipula II (1987) y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995). Todos estos acuerdos buscan el equilibrio de la fuerza y evitar las competencias armamentistas, que en el pasado han contribuido a desestabilizar a la región.

Sin embargo, la tendencia de militarizar la lucha contra el crimen de parte de los gobiernos centroamericanos, respaldados por el apoyo financiero, logístico y militar de parte de Estados Unidos y su lucha contra las drogas, está llevando casi inadvertidamente -pues es una discusión que no ha trascendido desde los centros de pensamiento a la sociedad y partidos políticos- a que la región se enfrente a un escenario de inestabilidad -por los sostenidos aumentos presupuestarios, de personal y equipos de los ejércitos nacionales- que con muchas dificultades había logrado ser apuntalado en las décadas de los ochentas y noventas, con la firmas de diversos tratados internacionales y nacionales.

Y no solo eso, hay otros riesgos relacionados con el “manodurismo” que son señalados por Roberto Cajina (2012), en una publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos:

tan o más grave aún es que la acrecentada participación de los ejércitos en la “guerra contra las drogas”, impuesta por Washington, inicialmente a través de la Iniciativa Mérida, y más recientemente por la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) -que teóricamente “incluye programas de aplicación de la ley, anticorrupción y desarrollo comunitario y juvenil” pero que en la práctica dedica la mayor parte de sus fondos para apoyar a las fuerzas de seguridad-, está conduciendo indefectiblemente, como ya se indicó antes, a la militarización de las policías y a la policialización de los ejércitos y, en consecuencia, a la adulteración de ambas instituciones y, por lógica extensión, a la desnaturalización de la función Defensa Nacional y de la función Seguridad Pública, una verdadera “amenaza emergente” a los endebles procesos de construcción de una genuina institucionalidad democrática en Centroamérica. Frenar y neutralizar esa amenaza es el reto de las frágiles democracias centroamericanas, el liderazgo político, la sociedad civil y las mismas instituciones militares, porque lo que está en juego es el futuro de la democracia en Centroamérica. (p. 12).

La solución frente al reto que plantea la inseguridad no es simple ni fácil, hay múltiples experiencias que analizar e investigaciones que realizar, y esto debe estar en el horizonte de los gobiernos de Centroamérica, que deben considerar y evaluar críticamente sus propias políticas y estrategias de seguridad. Cualquier respuesta debe ser integral y como tal debe buscar la prevención, el combate contra el crimen, la rehabilitación y la reinserción social de las personas que han sido parte de la cadena del delito (Molina Battle, 2015).

El problema de fondo, es entonces, que los gobiernos desean resultados inmediatos sin reconocer que el problema de la inseguridad en Centroamérica es histórico, multicausal y transversal a las sociedades de la región. Los modelos y políticas “manuduristas” están condenados al fracaso porque ignoran la realidad social; y otros modelos de seguridad más civilistas, como el la Policía Comunitaria que se promovió en El Salvador, han fracasado, no porque sean defectuosos por naturaleza, sino porque se buscan soluciones instantáneas e irreales y no racionales que conllevan tiempo y el sostenimiento de políticas de largo plazo; todo esto se convierte en una de las grandes debilidades de los políticos encargados de la seguridad en Centroamérica.