La reforma a la Constitución Política de Nicaragua, Ley 854, realizada en febrero del 2014 formalizó el modelo de relaciones directas entre los cuerpos armados de la nación con la Presidencia de la República, al relevar a los Ministerios de Defensa y Gobernación de sus antiguas competencias, que terminó de materializarse con la reforma al Código Militar, y la creación de la nueva Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que derogó por completo, la Ley No. 228, Ley de la Policía Nacional. Si bien estos procesos pueden facilitar decisiones relacionadas con la seguridad y la defensa, también reduce las capacidades de las instituciones civiles para dirigir cuerpos armados, además de crear una relación de subordinación jerárquica individual, pero no institucional.

También incorpora la ampliación del criterio para autorizar el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves, maquinarias y personal militar extranjero para otros fines que no sean humanitarios, tal es el caso del adiestramiento, instrucción e intercambio, a solicitud del Presidente de la República y ratificación de la Asamblea Nacional. Se abre la posibilidad que los integrantes de la Policía y el Ejército puedan ocupar cargos en el ámbito del Poder Ejecutivo. Aunque se señala que dichos cargos serán temporales, hay cierto nivel de discrecionalidad en los nombramientos, la cantidad, el tiempo de duración y la posición.

La Ley de Seguridad Democrática fue relevante en vista que retoma el concepto de seguridad democrática del TMSDCA. Además su finalidad era asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses, contrarrestando los factores adversos a la seguridad humana, democrática e interna de la nación, por medio de previsiones y acciones en beneficio de la consecución y mantenimiento de los intereses supremos de la nación, la defensa del patrimonio nacional frente a cualquier riesgo, amenaza o conflicto armado internacional que afecten a la independencia, soberanía e integridad territorial de Nicaragua, la vigencia de un orden justo y la estabilidad del Estado de Derecho.

Luego de su derogación, la Ley de Seguridad Soberana generó mucha polémica a nivel nacional, principalmente porque propone un concepto de “Seguridad Soberana” que nunca ha existido en la legislación nacional ni en los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua (IEEPP, 2015). Aunque el término fue utilizado por primera vez por el Presidente en un discurso realizado en febrero de 2015, al referirse a la relación entre las familias, productores, policía y ejército, éste se aparta de los conceptos como “seguridad humana” o “seguridad democrática” desarrollados por Naciones Unidas o en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica.

También es necesario cuestionarse ¿Quién es el soberano? La Ley 854, Ley de reforma parcial a la Constitución Política, indica en su artículo 2 que la “soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito. Asimismo, podrá ejercerlo a través de otros mecanismos directos, como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los Consejos territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y afro descendientes, los Consejos sectoriales, y otros procedimientos que se establezcan en la presente Constitución y las leyes”.

La nueva Ley mezcla los asuntos relativos a la defensa nacional, con los asuntos relativos al orden interior, trasladando la coordinación y responsabilidad del orden interior a una instancia militar, transgrediendo de esta manera el principio democrático establecido en la Constitución y los compromisos internacionales de Nicaragua, confundiendo la soberanía con la integridad territorial y el orden interior (IEEPP, 2015), que ya no sería el derecho a autogobernarse por medio de instituciones democráticas, sino la preservación de la propia “seguridad soberana”, que es un concepto abstracto e indeterminado.

Los conflictos que puedan llegar a afectar la integridad o calidad de vida de los ciudadanos, y que no se resuelven en los ámbitos de seguridad ciudadana, entonces necesariamente pasan al ámbito de seguridad nacional. Pero también es importante tener presente que cuando un problema llega a este nivel, esto quiere decir que las políticas y las estrategias fracasaron en sus intentos por resolverlo, y entonces las soluciones contemplaran medidas excepcionales, tal y como lo establece la Constitución Política.

Salazar (2008) indica que el problema que comience a resolverse en el terreno de lo excepcional significa que el Estado se encuentra dispuesto a utilizar los mecanismos excepcionales como el uso de las fuerzas armadas, el toque de queda, la intervención de las comunicaciones, la invasión a la privacidad de las personas, la expulsión de ciertos ciudadanos, la declaración de guerra con otro país o con los grupos armados. Estas medidas, que se emprenden en busca de una solución efectiva, absorben cuantiosos recursos económicos que, en otras circunstancias, podrían utilizarse en la educación o la salud, por citar dos de las necesidades más importantes. Un ejemplo de los problemas que caen en el ámbito de seguridad nacional sin pasar por otros ámbitos son los desastres naturales o los atentados terroristas; otro ejemplo es la invasión de un país extranjero. Existen otros problemas que han caído dentro del ámbito de seguridad nacional por motivos menos claros, como por ejemplo el narcotráfico, que inicialmente debió resolverse como un problema de seguridad pública (Salazar, 2008).

Por otro lado, el concepto de seguridad soberana rompe también con las obligaciones contraídas en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica al eliminar la preponderancia del poder civil sobre el militar, además del reconocimiento del balance razonable de fuerzas que debe existir en Centroamérica con el fin de evitar un futuro conflicto armado entre Estados. Esto podría confirmarse con el interés de Nicaragua de adquirir 50 tanques rusos modelo T-72B1, como “parte del contrato de cooperación técnico-militar bilateral” entre Managua y Moscú. Este tema generó mucha polémica no sólo nacional, por el costo que tiene para la economía nicaragüense por U$ 80 millones de dólares, sino también regional alegando principalmente al rompimiento del balance razonable de fuerzas. El problema de fondo fue la poca transparencia e información sobre esta compra, incluso el gobierno cerró los espacios de discusión al enviar un comunicado expresando que las únicas instituciones autorizadas para hablar sobre el tema eran el Ejército de Nicaragua y el presidente de la República.

Las amenazas a la seguridad Soberana definidas en la ley son:

Cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones.

Las pretensiones de expansión de cualquier Estado sobre espacios territoriales y de los recursos materiales con que cuenta el país.

Las actividades de la narcoactividad, de la delincuencia organizada transnacional e ilícitos conexos.

El ingreso y expansión de las organizaciones criminales de pandillas o maras.

El terrorismo internacional y todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.

Actos tendientes a consumar genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense, de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua.

Actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Actos ilícitos en contra de la seguridad de la aviación y de la navegación marítima.

Ataques externos a la seguridad cibernética que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional.

Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Actos o acciones de severo impacto ambiental que atenten contra el ambiente y los recursos naturales estratégicos del país.

Hechos inminentes de catástrofes o desastres que puedan poner en riesgo la vida de las personas o sus bienes.

Cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad (Asamblea Nacional, 2015)

La Ley tampoco especifica quién, cómo y cuándo se definen los riesgos y amenazas a la seguridad soberana, y tampoco establece claramente el funcionamiento del sistema de supervisión y control que deberá garantizar que las instituciones que integrarán el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, incluida la Presidencia de la República, observen todas las prohibiciones y limitaciones establecidas por la Constitución y demás leyes del país (IEEPP, 2015).

El concepto de seguridad soberana no deja claro cómo se aplicará la ley en relación a las amenazas que existen hacia la seguridad. Entre las amenazas mencionadas, la número 6 y 13, quedan discrecionales para que pueda aplicarse arbitrariamente por las autoridades, por ejemplo en la número 6 menciona “actos tendientes a consumar rebelión”, sin embargo en ninguna parte de la ley se explica qué se entenderá por rebelión. De igual forma el inciso 13, no especifica qué se entenderá por “acto o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad”; cabe preguntarse entonces, ¿quién determina esos actos o actividades?, y ¿qué se va a entender por los mismos?; porque la amenaza mezcla ámbitos de seguridad con aspectos de desarrollo.

Si la ley no define claramente cómo se entenderán las amenazas, entonces abre la posibilidad de que los movimientos sociales y protestas puedan tratarse como acciones delictivas o entenderse como actividades que atente contra las personas y la comunidad.

Esta ley surge en un contexto donde Centroamérica atraviesa un nuevo proceso de militarización, que justifica la participación de las fuerzas armadas en aspectos de orden interno como algo normal. Al mezclar tantos asuntos de defensa con asuntos de orden interior, le da un poder superior al Ejército que a cualquier otra institución, en vista que la omnipresencia del concepto de seguridad soberana, además de incorporar aspectos de desarrollo con seguridad, adiciona aspectos que competen meramente a la defensa y seguridad nacional.