El gobierno de Nicaragua dice que el país es el más seguro de la región, ya que contó con una tasa de 7 homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2016 y 2017. Todos celebran el acontecimiento de que un país con una institución policial pequeña ha logrado tener tanto éxito en materia de seguridad, en una región donde se encuentran las ciudades con las mayores tasas de homicidios en el mundo.

Las instituciones de seguridad insisten en la necesidad de continuar utilizando la tasa de homicidios como el único indicador de medición de los niveles de seguridad en un país, porque según la primer Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, donde “los muertos se tocan, ahí es más difícil que pueden engañar a la institución” (Visión Policial, 2017). Pero ¿qué sucede cuando se le pone rostro a las muertes y dejan de ser cifras frías? Alguna de ellas terminan siendo invisibilizadas por las autoridades, sobre todo cuando se trata de las muertes de las mujeres o de los femicidios.

Las organizaciones de mujeres y feministas han denunciado a lo largo del 2017 las muertes de mujeres, especialmente las 8 cometidas en el mes de Agosto. #NiUnaMuertaMás ha sido una de las consignas, la misma no es una abstracción, ni sólo un lema para gritar, son hechos y responsabilidades por las que se debe rendir cuentas a la sociedad (Delgado, 2017).

El femicidio muestra el contexto violento de discriminación hacia la mujer, convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales que se deben enfrentar. Es evidente que las construcciones sociales toleran la violencia basada en la discriminación de género.

Lo más alarmante es encontrar en los datos, que los principales agresores forman parte del entorno más cercano de la víctima; es decir, las personas con quienes convive cotidianamente que incluso forman parte de su entorno afectivo. Los espacios de seguridad de las mujeres están limitados porque puede ser víctima de violencia tanto en lugares públicos como en los privados. La IX Encuesta de percepciones de seguridad que realiza el IEEPP indica que la casa de habitación es el lugar más seguro para las personas; sin embargo el lugar donde ocurren los principales hechos de violencia hacia las mujeres y femicidios es su hogar. Asimismo, la encuesta indica que entre las diferentes formas de acoso sexual callejero, las que provocan mayor inseguridad a las mujeres son: que las persigan y que intenten detenerlas para acosarlas; es decir, formas de violencia que van más allá de los piropos y que muestran una intención de agresión física. Estos datos muestran que además de la violencia en sus casas, la sufren en los espacios públicos (IEEPP, 2017).

La violencia contra la mujer es una de las amenazas silenciosas más graves en la región y constituye un obstáculo al desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos. Los femicidios son el último eslabón de la cadena de violencia en la que se encuentran inmersas muchas mujeres en Nicaragua. De alguna manera, la violencia se ha invisibilizado a tal punto, que se ha naturalizado que la pareja golpee o maltrate psicológicamente a la otra. No obstante, la problemática se profundiza cuando las autoridades encargadas también forman parte de este espiral que parece no tener un fin.

Diferentes organizaciones de sociedad civil han afirmado que la Policía tipifica los femicidios como asesinatos, para invisibilizarlos. Magaly Quintana, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que “seguimos viendo que el Estado sigue acusando a los femicidas por asesinato, porque la Policía está interesada en que haya menos femicidios. El tipificarlo como asesinato hace que las penas sean menores”.

El problema de fondo es que el Estado se vuelve indiferente ante esta situación, al realizar acciones como la clausura de las Comisarías de la Mujer y la niñez, cerradas en enero de 2016 sin ninguna explicación oficial, descartando la experiencia y recursos invertidos en el desarrollo del modelo de prevención de violencia; la promoción del reglamento de la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que permite la mediación en caso de denuncias de violencia contra la mujer, esto a pesar de que las víctimas de femicidio, se han visto obligadas reiteradamente a mediar por presiones sociales, económicas y familiares; o bien la manipulación de la estadísticas.

Es fundamental señalar que el Estado debe promover estrategias más coherentes con la realidad del país si desea continuar con el discurso de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, sobretodo porque las muertes de las mujeres, parecieran más fantasmas de novelas de ficción que parte de la realidad nacional. Es necesario retomar las acciones de prevención conjunta entre sociedad civil y Estado, porque los hechos muestran que no es posible garantizar la prevención sin cooperación de los diferentes sectores, retomando las buenas prácticas que llevaron al país a esta categoría de seguridad.

La acción del Estado es con frecuencia tardía y fragmentada. Algunas feministas dejaron de mirarlo y de exigirle respuestas consistentes porque el mismo se ha vuelto cómplice. Por eso no es extraño que se dé retardación de justicia, que hayan cerrado la mayoría de las Comisarías de la Mujer, que existan jueces corruptos a quienes los agresores sobornan para obtener su libertad, que los fiscales no investiguen y no defiendan a las víctimas y, que existan defensores públicos que soliciten penas reducidas para delitos de enorme gravedad. Hay también acciones deliberadas de funcionarios para encubrir a los agresores y eso nos habla de un Estado que actúa al margen de la ley, que menosprecia a las mujeres y les niega su ciudadanía. Cuanto más poder tienen los agresores mayor es la impunidad. En el caso de los femicidas con posibilidades económicas, la Policía se apresta a ir rápidamente al lugar del crimen para determinar que lo que ocurrió fue un suicidio, como ya hemos visto en varias ocasiones. En la cárcel hay violadores y femicidas, pero la mayoría son de estratos sociales más bajos. Está bien que estén, lo que no está bien es que quienes son políticos, religiosos, empresarios o militares con poder queden en la impunidad (Blandón Gadea, 2017).