La región centroamericana, es considerada de las más violentas del mundo, debido a la delincuencia común y a la criminalidad organizada, que genera trasiego de drogas y de armas. Esto produce índices de violencia alarmantes, considerada por la Organización Mundial de la Salud, como epidemia. Uno de los problemas que asola a la región es la violencia armada, la cual genera estrés social agudo y altos niveles de preocupación, tanto en la comunidad internacional como en los diversos sectores de los Estados del istmo.

El fenómeno de la armas en manos de civiles, principalmente aquellas que proceden del tráfico ilícito, está asociada históricamente a los más de 30 años de conflictos armados que vivió la región, desde la década de los ´70 hasta los años ´90. Esta fue la puerta de entrada para que en Centroamérica circularan miles de armas sin el debido control por parte de las instancias estatales.

Una vez finalizados los conflictos armados, gran parte de las armas quedaron en manos de civiles, a pesar de los programas de desarme que impulsaron los Estados. El general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en el 2011, afirmó que “más del 50% de las armas de tipo militar que están fluyendo a lo largo de la región provienen de los sobrantes de guerras y conflictos en el pasado”. Además, explicó que las autoridades de los Estados Unidos especulan que existen entre 45 y 80 millones de armas circulando en Centroamérica, muchas de ellas procedentes de guerras civiles y otros conflictos.

Con la conformación y consolidación de pandillas y grupos criminales organizados, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, el tráfico ilícito de armas empezó a ser parte transversal de todas las operaciones de estas asociaciones delictivas. El interés por adquirir armas, de parte de estos grupos delictivos, ha venido en aumento, por dos razones principales. Primero porque el tráfico de armas es un negocio lucrativo, que genera altos ingresos económicos y segundo porque el control territorial requiere de fuerza letal para ser mantenido frente al control Estatal.

De acuerdo a Herard Von Santos (2014), son tres los factores que marcaron la tendencia en las pandillas por adquirir armas: En primer lugar, asegurarse el control territorial al combatir a sus rivales con un aumentado poder de fuego; en segundo lugar su incursión en el mundo del narcotráfico, ya no como simples distribuidores, sino como verdaderos cárteles con territorios bajo su influencia y alianzas con los cárteles de las drogas regionales. Esto los empuja a disponer de una mayor cantidad de armas y de mayor poder de fuego; y en tercer lugar su participación en el tráfico de armas de fuego en la región, sobre todo para facilitar la adquisición de armas de asalto y explosivos por parte de los cárteles mexicanos de la droga les ha permitido obtener lanzagranadas y armas antitanques ligeras que aumentaron su capacidad de fuego.

Santos Méndez (2008), afirma que El trasiego de las armas ilícitas se ha convertido en uno de los cinco mayores problemas que enfrenta la Policía Nacional Civil (PNC), constituyendo en el mediano plazo, un desafío de características imprevisibles, sobre todo al considerar que esta práctica está profundamente vinculada con el cometimiento de otros actos ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas, las luchas entre pandillas y una cada vez más desafiante actitud contra la PNC por parte de las pandillas.

Una problemática letal sin datos exactos

La violencia armada es uno de los fenómenos más letales dentro de la sociedad principalmente la centroamericana, región catalogada como una de las más violenta del mundo. Hefer Morataya, director del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC), declaró en 2015 que en Centroamérica hay mayor número de armas ilegales que legales, lo que produce una situación “alarmante”.

Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2012 indicó que anualmente 700 mil armas ilegales salen de Estados Unidos hacia México, de las cuales 300 mil llegan a la región centroamericana, y según datos del programa CASAC, el 70% de los homicidios en la región son cometidos con armas de fuego y la mayoría están relacionados con el narcotráfico y las pandillas.

En el 2015, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de México, publicó un informe sobre el delito de tráfico de armas en México y Centroamérica, el cual señala que el problema se agranda y se vuelve cada vez más complejo porque no existen datos exactos sobre el número de armas que circulan de forma ilegal, por lo tanto, ningún país sabe cuál es la dimensión real del problema al que se enfrenta. La poca vigilancia, control y los múltiples puntos ciegos en las fronteras, facilitan el ingreso y circulación de armas.

Caso El Salvador: armamento de las pandillas

En El Salvador, el problema de las armas en manos de pandillas, está aumentando. Este incremento no solamente obedece a un interés de las pandillas por tener más armas, sino también en obtener armas más sofisticadas y cada vez más letales. Esto ha sido posible debido a dos fenómenos, por un lado el aumento de las empresas privadas que prestan servicios de seguridad. Las pandillas asesinan a los trabajadores de estas empresas para obtener las armas que portan o simplemente las roban.

Por otro lado existe información que señala la infiltración de los grupos criminales en las estructuras de la Policía y el Ejército, con el fin de obtener información, pero también sustraer amas. De acuerdo con información brindada por Mario Contreras Vásquez, Jefe de unidad, División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, San Salvador; existen grandes cantidades de “fusiles” de asalto, granadas de mano y lanzagranadas, así como cohetes antitanques descartables que son sustraídos de los almacenes de la Fuerza Armada de El Salvador, sin que hasta la fecha se obtengan datos concretos de las investigaciones de cómo llegaron a manos de las pandillas.

Armas legales en manos de civiles

Las armas ilegales en manos de pandillas y grupos criminales, es un problema que se debe atender con suma urgencia, por las consecuencias letales que esto significa. Sin embargo otra problemática es la tenencia de armas legales en manos de civiles.

Cuando en una sociedad la percepción de inseguridad aumenta, por el débil trabajo que realizan las instituciones públicas, manifestado en el aumento de delitos y acciones que dañan directa e indirectamente a las personas y sus bienes, los ciudadanos o ciudadanas pueden tender a buscar mecanismos de defensa propia para garantizar su seguridad, lamentablemente entre esos mecanismos está la opción de adquirir un arma ya sea de forma legal o ilegal.

Hay que estar claros que la portación de armas no es una garantía de seguridad, una sociedad con más armas, es una sociedad menos segura. Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad, asegura que “hay estudios realizados en diferentes partes del mundo que demuestran que cuando un civil intenta defenderse con un arma de fuego, a menos que esté especialmente entrenado para eso casi nunca es efectivo, y termina o perdiendo el arma o termina lesionado o muerto”.

En Nicaragua, el IEEPP, desde el programa de Seguridad Democrática ha realizado estudios e investigaciones enfocados al análisis de la problemática de la violencia armada para dirigir recomendaciones a las autoridades estatales encargadas de garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Recientemente realizó un Diagnóstico jurídico sobre la aplicación de la Ley de armas y otras leyes en la materia, con el fin de analizar la ruta y la aplicación de la justicia en los delitos vinculados a las armas de fuego. En 2014, IEEPP realizó un estudio sobre el control del tráfico de ilícitos y prevención de la violencia en zonas fronterizas de Nicaragua; donde se identificó que en municipios fronterizos como Cárdenas y Somotillo están localizados en una zona vulnerable para el trasiego internacional y transnacional de droga, armas, dinero, personas, entre otros.

El IEEPP considera firmemente que se debe reducir la posesión de armas en manos de civiles, ya que es el Estado quien debe garantizar la seguridad y proteger vida y los bienes de las personas; dirigir acciones estratégicas y diseñar políticas públicas que contribuyan a crear entornos donde los ciudadanos y ciudadanas no se sientan amenazados, sino que existan condiciones en los entornos que refuercen los sentimientos de seguridad y bienestar.