Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, niñas y adolescentes inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" (OMS, 2016).

En ese sentido la violencia contra las mujeres es un grave problema de Derechos Humanos que trasciende lo cultural, étnico, económico y generacional. La violencia afecta a mujeres de todas las edades y se manifiesta de diversas maneras: sexual, económica, emocional o psicológica, y es uno de los mayores obstáculos en la construcción de la equidad de género para garantizar el desarrollo, la paz y por lo tanto de la seguridad ciudadana de las mujeres.

Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Marcela Suazo, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (LACRO) del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ex titular de la Secretaría de Estado del Instituto Nacional de la Mujer en Honduras, analizó la situación y expresó que “esto es un problema estructural que no depende de una instancia específica, sino de una construcción social”, (Suazo, 2013).

De este modo, se puede determinar la intrínseca relación que existe entre los diferentes tipos de violencia así como los escenarios en los que se presenta como un producto cultural. Posteriormente, esto conlleva a expresiones de agresión fuertemente enraizadas en los idearios colectivos y terminan por instalarse dentro de las estructuras estatales encargados de velar por la seguridad y garantía de Derechos Humanos.

Esta situación predispone la permanencia de una serie de condiciones que no contribuyen al pleno goce de garantías básicas, entre ellas el de la seguridad ciudadana, confianza en las administraciones públicas, el acceso a la justifica o la atención oportuna a la violencia hacia la mujer.

Existen avances paulatinos en cuanto al acceso a la justicia a nivel normativo e institucional, con la creación de leyes y órganos especializados en atención y tratamiento a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo hace falta en la región centroamericana un sistema de monitoreo y evaluación del funcionamiento del sistema de justicia penal (eficacia y eficiencia) que mida los resultados cuantitativos y cualitativos y los contraste con la tasa impunidad, a partir de la relación de casos ingresados y casos resueltos; sobre todo en los delitos de alto impacto como lo son las muertes violentas y los delitos sexuales (Cordón, 2013).

Sub-registro de casos

Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo. En cuanto a la violencia hacia la mujer, la región posee marcos regulatorios débiles, estadísticas escasas y es invisibilizada por una cultura construida desde la hegemonía de lo masculino. Lo más preocupante de la violencia contra las mujeres en la región es la escasa información estadística que existe y/o se publica”, según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (PNUD, 2011, p. 67). Esto contribuye a la “invisibilización” de la violencia contra las mujeres y por lo tanto representa una barrera al momento de buscar soluciones.

Ana Evelyn Orozco Andrade, miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres de Nicaragua, expresó que estadísticamente las instancias públicas encargadas de la recepción de denuncias, se registran menor número de casos de violencia hacia la mujer de los que en realidad suceden. Además agrega que, “la comisaría plantea que efectivamente por su trabajo policial han disminuido los femicidios, pero eso no es significativo para nosotras porque no es una realidad objetiva, habría que analizar qué tantos no se reportan como tales”, (Orozco Andrade, 2016).

Un problema de seguridad ciudadana

Las condiciones de inseguridad para las mujeres en Centroamérica son multicausales. Es decir, su existencia se debe a factores socio-culturales como pobreza, marginación y una cultura de normalización de conductas que derivan en agresiones directas o estructurales según afirma un Informe sobre la región centroamericana elaborado por la Unión Europea, titulado “La Violencia Contra las Mujeres como problema de seguridad ciudadana y las políticas de seguridad” (2013).

El primer argumento para explicar la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad ciudadana, se deriva del propio concepto de seguridad ciudadana. En efecto, la seguridad ciudadana implica vivir sin temor, libre de amenazas a la seguridad personal, a no ser víctima de actos de violencia o cualquier hecho que vaya contra los derechos relacionados con la vida e integridad física, psicológica y sexual.

Según Naciones Unidas, 14 de cada 100.000 mujeres son asesinadas por razones de género en El Salvador. Le sigue Honduras, donde 11 de cada 100.000 mujeres mueren y los femicidios aumentaron un 263% de 2005 a 2013. Además, Honduras ocupó en 2015 el primer lugar en femicidios a escala mundial. En Nicaragua, 20 mujeres murieron en el primer trimestre de 2016. (Naciones Unidas, 2016).

Es importante que los Estados empiecen a implementar medidas eficaces y eficientes ante la situación en la que se encuentran las mujeres en sus territorios. En Honduras según Merling Heguigure, representante del Movimiento Civil “Visitación Padilla”, explicó que el alto grado de impunidad en casos de violencia contra la mujer, significa que “el Estado no se ha preocupado por eliminar la estructura del patriarcado, y más bien alimenta más el ego del hombre a sentirse por encima de las féminas”.

Marcos jurídicos para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer

De 2014 a 2015 la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SG-SICA, con apoyo del Estado salvadoreño y organismos internacionales impulsaron el proyecto “Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica”, en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (UNFPA, 2014).

Elena Zuñiga, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA), señaló que este proyecto es particularmente relevante, porque Centroamérica es una región en la que la violencia hacia la mujer alcanza grandes proporciones. Agregó que “la exclusión, desigualdad y discriminación de género contra las mujeres, tienen implicaciones tanto en la autonomía, la salud individual y colectiva, el ejercicio de la ciudadanía como en el desarrollo democrático, económico y social de la región centroamericana”, (Zuñiga, 2014).

Por otro lado algunos países de la región han adoptado marcos legislativos que permitan ofrecer a las mujeres condiciones de seguridad óptimas así como el derecho a vivir libre de violencia. En Nicaragua en 2012 la Asamblea Nacional de la República aprobó la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, como una medida para tratar el problema de la violencia de género en el país, reconocer el estado de vulnerabilidad que se encuentran las mujeres en la nación y ratificar los compromisos adquiridos en la firma de tratados y convenios internacionales a favor de la seguridad y como parte de las responsabilidades que como Estado le debe cumplir para con sus ciudadanas.

En Costa Rica, la ley 8589, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.

De igual manera, El Salvador con el Decreto No. 520, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Honduras por su parte, con la ley contra la violencia doméstica aprobada en 1997 y reformada en el 2005 bajo el decreto No. 250-2005, sanciona el acto que motiva la denuncia de violencia doméstica, la introdujo mecanismos de coordinación y seguimiento, aumentó el período de imposición de las sanciones esto para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Un rasgo en común que comparten los marcos jurídicos de los países centroamericanos es en primer lugar, la detección del fenómeno de la violencia hacia la mujer como un problema que debe tratarse de forma inmediata. De esta forma propiciar espacios en donde las mujeres puedan caminar seguras y a su vez logren gozar de sus garantías a plenitud, sin temores y sin limitaciones.

Las leyes no son suficientes para controlar y erradicar este fenómeno. El planteamiento de la seguridad ciudadana para las mujeres, debe partir de una perspectiva sistémica, con un enfoque integral de derechos.

Las naciones de Centroamérica deben aspirar a un cambio sistémico que garantice integralidad de derechos para las mujeres partir de la transformación del sistema patriarcal y la construcción de condiciones que permitan la equidad política, jurídica y económica para las mismas. Los Estados de la región deben asumir sus responsabilidades otorgándoles condiciones de vida deseables en donde prime el respeto por la vida, la integridad y la dignidad de sus ciudadanas.