Centroamérica es una región de jóvenes, hombres y mujeres, que aspiran a vivir en paz, con seguridad, en democracia y aportando al desarrollo de sus países. Sin embargo, la realidad en la que viven le plantea todos los días un enorme reto para realizar sus sueños: pobreza, exclusión, inseguridad, violencia, participación limitada, bajo acceso a la educación y al empleo, son algunos de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan.

Una aproximación a la realidad de este segmento poblacional en la región, evidencia la situación de exclusión social en la que viven las personas jóvenes, afectadas por los altos índices de violencia. Haremos referencia a los factores de violencia e inseguridad de mayor incidencia en las vidas de las juventudes centroamericanas.

El crimen organizado y la violencia pandilleril

Por su posición geográfica, Centroamérica se encuentra ubicada en un área de paso entre la producción de la droga en el Sur y la demanda en el Norte. Los países centroamericanos se ven sumamente afectados por el tránsito de cocaína y otras drogas ilícitas a gran escala, pues son utilizados como puntos de tránsito para el traslado de los cargamentos. De las casi 900 toneladas de cocaína que son producidas anualmente en Colombia, Perú y Bolivia, se estima que el 90% del tráfico hacia los Estados Unidos transita por Centroamérica y México. Según la Estrategia de Seguridad Centroamericana, el crimen organizado y en específico el tráfico de drogas, es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal en la región.

Pero, además del narcotráfico, en la región hay otras actividades de crimen organizado como la trata de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego. La trata de personas, además de ser el segundo delito de crimen organizado en el mundo, es el que más afecta a grupos de población vulnerables en Centroamérica, tal es el caso de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran entre las víctimas más frecuentes de la trata con fines de explotación sexual comercial, laboral y servidumbre forzada, entre otros.

Diferentes estudios muestran que la criminalidad organizada, estimula actividades “subsidiarias” violentas como el sicariato, el control de mercados ilegales, la venta de drogas en pequeña escala, las actividades paralelas de los grupos de seguridad de los narcotraficantes, la defensa de territorios y las venganzas y ajustes de cuentas entre grupos criminales y agentes del Estado. En estas actividades sectores de la población encuentran formas de generar ingresos mayores a los que podrían percibir en actividades económicas licitas. Lo anterior conduce a pugnas por los recursos disponibles que derivan en altos niveles de violencia horizontal, es decir, entre miembros del mismo grupo social.

Los y las jóvenes son víctimas de la violencia colateral generada por el crimen organizado en dos sentidos: porque la sufren como víctimas o porque son obligados a colaborar e involucrarse en este tipo de actividades delictivas.

Las maras o pandillas delictivas

Las pandillas o maras, se han transformado de una expresión cultural generacional, urbana y barrial, a un entramado de relaciones complejas, que administran formas de violencia organizada, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. La marginalidad y la exclusión social no explican por sí mismas el surgimiento de las pandillas juveniles que ejercen la violencia, pero sí constituyen su contexto, agravado por los efectos del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas (Savenije, 2009). También incide el que las familias, primer espacio de socialización, no logren satisfacer las necesidades psicológicas afectivas de los jóvenes, de manera que la pandilla o mara, se presenta como un grupo de referencia donde se sienten aceptados y reconocidos. En este tipo de organizaciones prevalece el sentido de lealtad, la estima afectiva e identidad, sumado a la satisfacción de necesidades básicas, alimentos, abrigo y protección (Will, 2015).

En El Salvador, jóvenes consultados en 2016, manifestaron que el factor de inseguridad principal en la vida de los jóvenes salvadoreños es el control territorial de maras y pandillas, que les niega el acceso a derechos y al pleno desarrollo social y económico, al limitar la llegada y desarrollo de proyectos municipales o de las ONG´s, en beneficio de las juventudes.

Para las maras, el territorio donde viven es también el lugar donde realizan su actividades delictivas, principalmente la extorsión, que afecta por igual a todos sus habitantes. La mara actúa como elemento desintegrador para la comunidad. Su dominio territorial impide que funcionen las normas y la socialización que se daría en un entorno menos violento.

La mayoría de las estrategias gubernamentales para enfrentar el problema se han concentrado en aplicar políticas de “Mano Dura”, que en El Salvador y en Honduras han producido detenciones masivas de jóvenes que llenan los recintos penitenciarios. Sin embargo, antes de disminuir, el problema se mantiene y en algunos casos tiende a agravarse como se puede ver en el mismo caso de El Salvador, donde en el transcurso del 2015, el número de pandilleros menores de edad procesados por la fiscalía aumentó en 52%. El consenso general es la “mano dura” ha fracasado. Durante los últimos años se han desarrollado algunos programas piloto desde perspectivas como la prevención situacional de la violencia y la policía de cercanía; sin embargo, es necesario que los Estados también desarrollen estructuras de inclusión social y políticas de prevención amplias e integrales.

Párrafo aparte amerita el caso de Nicaragua, país en el que la actividad de las pandillas delictivas tiene características diferentes al resto de la región. Para algunos, esta diferencia se relaciona con una oportuna acción de control ejercida desde los años 80 y 90, especialmente desde la población y sus organizaciones barriales, complementada con un efectivo y sistemático accionar de la policía nacional. También el Estado, a través de los consecutivos gobiernos ha priorizado programas para la prevención y la contención del delito antes de que este escale a otros niveles, así como programas de capacitación laboral y parques deportivos. Un factor complementario podría ser la bajísima densidad poblacional y el poco hacinamiento relativo de las principales ciudades en Nicaragua, especialmente la capital Managua (ERCA 2016). Sin embargo, al ser uno de los países más pobres del continente latinoamericano y ubicarse en la ruta del narcotráfico que va de Colombia a EEUU, no está exento del riesgo al incremento de la delincuencia relacionada a las pandillas.

Violencia armada y homicidios

La violencia armada es desde hace muchos años, la principal causa de heridas y muertes en la región. En Honduras, Guatemala y El Salvador, los homicidios por armas de fuego ocupan más del 75% del total de los homicidios; mientras que en Nicaragua alcanzan un poco más del 50 %. De acuerdo a algunas estimaciones, en la región centroamericana y Republica Dominicana, circulan alrededor de 1,700,000 armas de fuego legalmente registradas. Existe también una cantidad importante de armas ilegales, difícil de estimar. En países como Guatemala se considera que por cada arma registrada, se encuentran tres que no lo están y por lo tanto forman parte del mercado ilegal.

El Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (2016) señala que el 2011 fue el año con mayor violencia homicida en la región en lo que va del siglo XXI, con una tasa regional de 43.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2014 se registró un tas de 32.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, de manera que desde el 2011, Centroamérica es considerada la región más violenta del mundo entre aquellas que no están en guerra. Los países que registra las tasas más altas, son Honduras con 66 homicidios por cada 100.000 habitantes; El Salvador, con 61; Guatemala con 31 homicidios por cada 100.000 habitantes y Nicaragua con 9, todos para el año 2014.

Los homicidios y la violencia con armas de fuego afectan directamente a los jóvenes de la región. La mayoría de víctimas son personas que se encuentran en edades tempranas de la juventud o la de la adultez.

Abuso de la policía y órganos judiciales

Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, en muchos casos, las violencias en contra de los jóvenes se originan en las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado (incluidas las cárceles, las policías y los órganos del sistema de justicia). Destacan los problemas de la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles, especialmente en el caso de El Salvador y Honduras donde el estimado de sobrepoblación penal es mayor al 300%. Este problema afecta particularmente a la juventud, debido a la criminalización temprana de este grupo y las preocupantes reducciones en la edad de imputabilidad penal (WOLA y TNI, 2010). Además, la falta de centros penales con un enfoque de reinserción social no cumple los estándares de protección a esta población en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los tratados regionales e internacionales de protección a niñas, niños y jóvenes.

El estigma que se ha construido sobre los jóvenes de escasos recursos o provenientes de ciertos espacios geográficos, los convierte en blanco constante de amenazas, intimidación y abuso por parte de la policía y otras fuerzas del orden público, así como de las instituciones de administración de justicia.

Un estudio sobre inseguridad pública en Centroamérica y México, elaborado a partir de los datos del Barómetro de las Américas (Cruz 2009), indica que el 47.7 % de los entrevistados consideran que la policía local está involucrada en diferentes formas de violencia. Este factor aparece como el tercero que más contribuye al sentimiento de inseguridad, después del narcotráfico y la presencia de las maras (Banco Mundial 2011).

Barras deportivas violentas

Las barras se integran mayoritariamente por jóvenes provenientes de barrios y comunidades pobres y marginales donde la falta de servicios públicos básicos, como educación, salud y recreación, se combinan con altos niveles de desempleo y migración (Interpeace, 2014). Estas barras, al igual que otras agrupaciones juveniles, representan un mecanismo de cohesión, identidad y solidaridad que se fortalece y radicaliza debido a la excesiva violencia ejercida por otras formas de asociación e integración social (escuela y familia), por un lado, y a la acción represiva de agentes del Estado (policía), por otro.

En los últimos años, los espacios públicos del área metropolitana de El Salvador y Honduras se volvieron el escenario ampliado de las confrontaciones violentas entre las barras, armadas a veces con navajas, cuchillos, machetes y armas hechizas que empleaban cartuchos de escopetas (FLACSO, 2009). Las rivalidades violentas guiadas por códigos de bravura, valentía y temeridad, revelan cómo las barras constituyen un ejemplo del código de calle que se ha extendido al sistema educativo, llevando el tradicional abuso individual en la escuela (matoneo o bulling), a un nivel más colectivo.

Violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar

La violencia contra las mujeres adquiere diversas formas que van desde la agresión física y los feminicidios hasta la violencia psicológica y económica. Una de sus formas más agudas es la violencia sexual. De acuerdo con la CEPAL (2015), en el caso de las agresiones sexuales, particularmente las relaciones sexuales forzadas, se observa que las mujeres jóvenes están más expuestas a esta manifestación de la violencia, principalmente cuando se trata de violencia por parte de sus parejas, con porcentajes de prevalencia en rangos del 5% al 11%. Cabe destacar que en el caso de la agresión perpetrada por personas que no son las parejas de las mujeres, si bien el porcentaje es significativamente más reducido (lo que resalta la trascendencia que tiene la violencia en la pareja), también existe evidencia de que las mujeres jóvenes son más propensas a ser víctimas de dichas agresiones.

Por otra parte, un estudio de IPAS-UNFPA (2012), revela que según los datos de las ESR (2006-2007) y ENDESA (2005-2006), la proporción de mujeres de 15-49 años que reportó haber experimentado violencia sexual por parte del esposo, compañero/ex pareja alguna vez en la vida fue del 11,5% en El Salvador, el 12,3% en Guatemala y el 13,1% en Nicaragua; mientras que en el último año fue del 3,3 % en El Salvador, el 4,4% en Honduras y Nicaragua y el 4,8% en Guatemala. La proporción que reportó violencia sexual en la niñez fue entre un 2,2% (con penetración) en Guatemala y un 7,7% en Honduras. En Guatemala, el 4,3% indicó que su primera relación sexual fue forzada (IPAS-UNFPA. 2012).

Si la violencia contra las mujeres es un problema serio dentro de sus casas, la violencia en la vía pública también es frecuente y afecta principalmente a las niñas, adolescentes y jóvenes adultas. Sus formas de expresión más comunes son aquellas que comúnmente se conocen como “acoso callejero”, pero que incluyen la agresión física y el abuso sexual.

Un factor asociado a los comportamientos violentos es la transmisión intergeneracional del maltrato familiar: quienes presenciaron relaciones violentas en sus padres tienen mayores probabilidades de seguir estos modelos, así como los estereotipos de rol para cada sexo. De igual manera, las formas violentas de crianza y el maltrato o abandono de los padres no solo contribuyen al desarrollo de conductas antisociales y auto agresivas, así como a la baja autoestima y la desesperanza, sino que limitan la posibilidad de los hijos e hijas de internalizar pautas de control y autocontrol, lo que se traduce en la incapacidad de manejar los sentimientos agresivos (Escotto, 2015).

La violencia intrafamiliar es un componente de las relaciones injustas de poder que desemboca en violencia (IEEPP, 2014). Las víctimas de la violencia intrafamiliar son en su mayoría: mujeres, niñas, adolescentes, niños y personas de la tercera edad.

En Honduras, durante el 2012 se registraron 3,088 casos de violencia contra la mujer y 3,042 casos de violencia intrafamiliar según la Dirección de Medicina Forense. No obstante, los datos del Ministerio Publico (2011) indican cifras aún más altas, que alcanzan los 9,268 de violencia doméstica y 2,671 de violencia intrafamiliar cometidas contra las mujeres. Por su parte, en Nicaragua se contabilizaron 3,984 y 3,690 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar para los años 2010 y 2011, respectivamente, lo que significaría una disminución del 7% (Yagenova, 2013).

En el caso de El Salvador, según datos de la Policía Nacional Civil, durante el 2011 recibieron un total de 1,964 denuncias por violencia intrafamiliar y violencia de pareja. Es decir, que un promedio de cinco a seis mujeres por día realizó una denuncia por este tipo de violencia. En Guatemala, la violencia intrafamiliar cobra dimensiones dramáticas y su distribución por sexo vuelve a reiterar que la direccionalidad de la mencionada violencia es fundamentalmente hacia las mujeres. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, s.f.), un total de 158,420 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar (90% mujeres y 10% hombres), entre los años 2003 y 2011.

La conclusión obvia es que en Centroamérica, la casa de habitación es un lugar poco seguro para las mujeres. En el caso de Honduras, informes de la Organización de las Naciones Unidas destacan que entre 2005 y 2013, los feminicidios aumentaron 263 %, y que dos mujeres son asesinadas a diario. El dato oficial de feminicidios alcanza las 4.400 mujeres muertas en ese período. Esos datos colocan a Honduras como el país más peligroso de la región para las mujeres.

La inseguridad es un fenómeno multidimensional y multicausal, su estudio y análisis debe ser holístico y sistémico. Las condiciones de inseguridad y violencia imperante en la región afecta gravemente la vida de la gran mayoría de jóvenes de la región, restringiendo seriamente oportunidades y limitando la expansión de sus capacidades.