El Salvador, Honduras y Guatemala se ubican como los países más violentos del istmo centroamericano. Esta característica presupone un escenario complicado para la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual e Intersexual, LGBTI, dado que aunado a esto se encuentran los prejuicios morales y el estigma que convierte vulnerable a este grupo social del fenómeno de la violencia. Esto como producto de una cultura que legitima el uso de las agresiones de toda índole y de estructuras de gobierno que no responden a sus demandas.

Esta situación trastoca e impide el acceso a derechos como a la atención médica, la seguridad individual y colectiva, la educación, el trabajo, entre otros. Del mismo modo, como resultado de la discriminación el acceso a la justicia es difícil y en ocasiones inexistente. Asimismo, la falta de denuncias en muchos de los casos impide visibilizar la problemática.

El secretario de ReDiversa de Centroamérica y presidente del Centro de Prevención del Sida en Nicaragua, Cepresi, Norman Gutiérrez Morgan, afirmó que “el desinterés de los gobiernos por llevar a la aplicación tratados y leyes antidiscriminatorias ha complicado su situación conllevando a la impunidad en la mayoría de denuncias” (Gutiérrez, 2016). Por lo tanto él considera que la situación actual en la que se encuentra el colectivo LGBTI es a causa de la indisposición de los gobiernos por garantizar la efectiva ejecución de legislaciones.

Por otro lado, en el informe titulado “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, explicó que una de las principales causas de la violencia contra las personas de la diversidad sexual radica en los prejuicios morales. Esto produce que exista una justificación del uso de la violencia a varios niveles que incluso conlleve al asesinato dado que el discurso religioso y moral resulta ser una justificación para discriminar y menoscabar la integridad de las personas LGTBI.

Con relación a esta realidad, en El Salvador según un registro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans con VIH, COMCAVIS TRANS, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y la Mesa Permanente por una Ley de Identidad indican que en los últimos 13 años más de 600 personas han sido víctimas de crímenes de odio relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

En el 2015 se registraron más de 30 casos de homicidios de personas transexuales y durante los primeros 2 meses de 2017,se han cometido 14 crímenes comúnmente conocidos como “crímenes por odio” que no fueron reconocidos por el Estado salvadoreño (Diario Latino, 2017).

Igualmente, Bianka Rodríguez, representante de COMCAVIS TRANS durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2017 expresó que “estos delitos se destacan por altos grados de ensañamiento y crueldad donde se evidencia que han sido torturados, sus genitales mutilados o expuestos a la vista pública; acciones que demuestran los niveles de prejuicios que subsisten en la sociedad salvadoreña”, (Rodríguez, 2017).

Un aspecto importante a considerar según el informe de la CIDH (2015) es la intrínseca relación de la violencia con el fundamentalismo religioso. Este vínculo resulta ser un detonante dentro de la promoción de actos de discriminación y por tanto de violación de Derechos Humanos. Es un mecanismo utilizado para justificar el uso de las agresiones físicas, verbales, recurrir la humillación, fomentar la exclusión y provocar incluso hasta la muerte.

La dimensión de la violencia trasciende de la esfera privada y afecta a la esfera pública como resultado de esa construcción social basada en las normas morales. En el plano institucional, se violan una serie de garantías pues según la CIDH los sistemas de salud se niegan a atender a personas transgénero y homosexuales

En el campo laboral existe la discriminación en cuanto a cómo deben actuar y vestir. De la misma manera, en relación a la seguridad ciudadana se dan con frecuencia linchamientos, ofensas mordaces, ataques sexuales y asesinatos. Finalmente, en el sector educación los colegios públicos se niegan a admitir a cualquier persona cuya orientación sexual o identidad de género sea evidentemente contraria a lo socialmente establecido como “correcto” (CIDH, 2015).

Casos y estudios en algunos Estados de la región

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en 2013 realizó un informe sobre la situación de las personas LGBTI en Nicaragua y expresó que los mandatos establecidos en el marco jurídico local en relación a la no discriminación por causa de orientación sexual, en la práctica no se ejecutaban de manera adecuadas; pues existían una serie de irregularidades sobre todo en lo que respecta al proceso judicial y facilitación de la justicia.

Con relación al trabajo en 2016 la Organización Internacional del Trabajo, OIT, emprendió una investigación sobre la situación laboral de la población LGBTI en Costa Rica bajo el nombre “ORGULLO (PRIDE) en el trabajo: Un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Costa Rica”. Dentro de los datos que más sobresalen se encuentran que entre la discriminación y agresión se encuentran la forma de vestir (entre 33% y 44%), el aspecto físico (entre 25% y 40%) y comportarse muy femenino siendo hombre (entre 24% y 28%).

El estudio arrojó que la discriminación se da con mayor frecuencia en la empresa privada, seguido de las instituciones públicas y por último las trasnacionales son los sitios en los que se les señala en menor grado.

Por otro lado, entre los meses de junio 2015 y enero 2016, la Asociación Arcoiris en Honduras contabilizó 5 asesinatos hacia integrantes transgéneros del colectivo y 36 incidentes de inseguridad en los cuales se encuentran el hostigamiento, vigilancia y amenazas de muerte hacia personas miembros de la organización, (Diario Las Américas, 2017).

El contexto de violencia es tal en Guatemala y El Salvador que integrantes de movimientos LGTBI así como personas del colectivo no organizadas deben emigrar a México dado las condiciones de agresión e intolerancia que existe en esos países hacia las personas de la diversidad sexual.

En el Salvador entre el 19 y 21 de febrero de 2017 fueron asesinadas tres mujeres transgéneros. Todos estos asesinatos presentaban los mismos patrones de violencia como la persecución, el odio y la tortura, de acuerdo con lo referido por Karla Avelar, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans, COMCAVIS TRANS.

Triángulo de la violencia

De acuerdo con Johan Galtung, la violencia consiste en una relación de poderes desigual, en el que determinado grupo social cuenta con mayores ventajas sobre otro y en este proceso existe una clasificación que permite entrelazar los tres tipos de violencias existentes: la cultural, la estructural y la directa.

Ante lo anteriormente expuesto se puede definir que la violencia estructural supone procesos de la violencia en los que la acción se produce a través de mediaciones "institucionales" o "estructurales", así lo afirma Jiménez-Bautista (2012). Por lo cual Puede entenderse como una clase de violencia institucionalizada en la que no se satisfacen las necesidades básicas demandadas por los miembros de un colectivo societario. En este apartado se relacionan todos los órganos públicos que impiden el acceso garantías básicas que la población solicite o no las toman en cuenta.

En el informe anual, Derechos Humanos en Nicaragua divulgado en 2015 por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, se evidencia este tipo de violencia en cuanto a la atención médica que se brinda a este grupo poblacional dado que según dicho documento se evidenciaron malos tratos o discriminación hacia personas por su orientación sexual o identidad de género.

Ludwika Vega, Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Trans y Coordinadora de comisión de promotoras de Anit, indicó que se conocieron cinco denuncias por discriminación contra el personal médico en hospitales capitalinos. Una de ellas en el Hospital Manolo Morales donde se dieron burlas hacia mujeres Transgénero.

Por otra parte, se encuentra la violencia directa, esta se vincula con esas expresiones de agresión dirigidas a los malos tratos, entiéndase como golpes, insultos que finalmente terminan traduciéndose en comportamientos enfocados en causar daño a terceras personas.

Un ejemplo de esta situación nuevamente en Nicaragua fue el caso de una joven lesbiana que denunció en 2015 haber sido agredida sexualmente por un jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Managua. Asimismo, dijo haber recibido golpes y humillaciones de parte de agentes de la misma institución.

Además, según su madre Rosa Chévez el agresor aseveró que su forma de actuar se debía a que la hija de Chévez era lesbiana. Del mismo modo, días después de haber interpuesto la formal acusación la Policía eximió de responsabilidad en este caso al jefe policial y determinó cierre administrativo a la denuncia, por lo cual el caso no fue esclarecido (La Prensa, 2015).

Luego de haber contextualizado estas dos tipos de violencia en última instancia conviene explicar la violencia cultural. Esta como su nombre lo indica hace alusión a las condiciones culturales que legitiman un modo de vida, de pensar, ser y actuar. Entre ellas se encuentra la religión como pilar en el que se basan criterios que son normalizados y aceptados por el colectivo.

En El Salvador durante la reciente sesión ordinaria de audiencias realizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en marzo de 2017 las organizaciones representantes de derechos de la población LGBTI denunciaron la vulnerable situación en la que se encuentra este sector en El Salvador.

Estos organismos sostuvieron que la violencia y la discriminación contra las personas LGTBI, se produce a raíz de patrones culturales arraigados, instalados no sólo en la sociedad salvadoreña, sino también en diversos órganos del Estado encargados de garantizar el acceso a los derechos de estas personas.

Acciones que emprenden países centroamericanos

Nicaragua, es uno de los países en Centroamérica que presenta la tasa más baja de homicidios por crímenes hacia la comunidad LGTBI según el organismo ReDiversa en Centroamérica (2016). Igualmente, dentro del marco jurídico nacional se establecen políticas de inclusión en el sector salud y existen leyes que promueven un trato digno y ecuánime.

Al respecto se puede mencionar el Código Penal nicaragüense en sus artículos 427 y 428 penaliza cualquier forma de discriminación y promoción de la misma. Además, la Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades establece el acceso a las mismas oportunidades y atenciones en instancias públicas y privadas sin distinción.

De igual manera, en la Resolución Ministerial 671-2014 del Ministerio de Salud, MINSA, orienta al personal de este sector público a llamar a las personas por el nombre elegido según su vivencia de género y expresa la no discriminación por causa de orientación sexual.

Es necesario destacar que en cuanto al sistema de educación pública aún persisten debilidades puesto que no se han aprobado resoluciones ni reglamentos que permitan tratar este tema de manera eficiente y pertinente; pues según el informe “Revisión nacional 2015 de la Educación para Todos” realizado por el MINED y presentado a la UNESCO, se observa la ausencia de una educación con enfoque en orientación sexual o identidad de género y solo se incluyen como metas lograr la igualdad de género o incrementar las escuelas con prácticas pedagógicas incluyentes en referencia a niños y niñas que tienen discapacidad (CENIDH, 2015).

Costa Rica, por su parte en febrero de 2017 el actual gobierno del presidente Luis Guillermo Solís emitió el decreto ejecutivo número 40120-MP para obligar a las instituciones del Gobierno Central y a las descentralizadas a emitir reglamentos internos contra la discriminación por preferencia sexual y respeto por la identidad de género. Del mismo modo, Costa Rica se perfila como el primer país centroamericano que apoya abiertamente a la comunidad LGBTI.

En el 2014, las reformas establecidas al artículo 9 y 10 del Reglamento del Seguro de Salud de ese país, quedó establecido que las personas homosexuales pueden asegurar a sus parejas en lo que respecta a la atención médica, con los mismos privilegios con que gozan las parejas heterosexuales.

En el caso de Guatemala, el artículo 71 de la Constitución Política establece que “es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna”. De igual modo el artículo 95 y 96 expresan que Estado de Guatemala a través de la Red Hospitalaria, Área de Salud, Seguro Social deberá garantizar el goce a la salud sin discriminación alguna y velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, promoviendo diferentes acciones con la finalidad de procurar el más completo bienestar físico, mental y social, (CC, 1985).

En el 2007 se estableció en Guatemala el Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos (2007-2017), que es la herramienta estratégica para desarrollar la Política Nacional de Derechos Humanos, teniendo como uno de los principios rectores el de igualdad de trato y no discriminación, que orienta a la institucionalidad pública en la prestación del servicio, a no establecer diferencia alguna entre las personas por su orientación sexual, entre otras razones, (Marroquín, 2015).

El tener contemplado este principio para orientar el actuar de la institucionalidad público representa un avance para promover la protección de derechos de la población LGBTI.

Las naciones del istmo aún deben mejorar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2016 los avances institucionales para reconocer la identidad de la comunidad LGBTI, pero también dijo que durante el 2015 "recibió información sobre la grave situación de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexual y transexuales" (CIDH, 2016).

Indudablemente, una característica en común que guarda la región centroamericana en este tema es la escasa información que entidades públicas archivan. En muchas de las ocasiones las víctimas no denuncian los hechos y prefieren mantenerse al margen.

Por otra parte, las instancias judiciales encargadas de administrar la justicia en la mayoría de los casos no actúan con celeridad y al no existir ningún registro predispone a que el problema no sea visible, así lo afirmó la CIDH en 2015

De otro modo, los países del istmo han avanzado en materia legal derogando artículos y haciendo enmiendas a códigos y leyes discriminatorios que dejaban a un lado a las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, el escenario regional contemporáneo en el que se desenvuelven las personas del sector LGBTI está marcado por la violencia justificada bajo preceptos morales, la escasa aplicación de las legislaciones o reglamentos y por la naturalización de reglas y comportamientos que impiden a hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales o transgénero poder acceder a los mismos derechos con que cuentan las personas heterosexuales.

De la misma manera, es importante que los gobiernos centroamericanos realicen una serie de escrutinios en relación al cumplimiento de leyes que giren en torno a la no discriminación y que estas se cumplan en la práctica en los diferentes órganos del Estado. Además la capacitación del personal público sería una herramienta que facilitaría el proceso de recepción de denuncias y gestiones legales puesto que la deconstrucción de prejuicios de tipo moral coadyuvaría a que existiera mayor celeridad dentro del tratamiento de los delitos y habría mayor acceso a la justicia.

Por último, es necesario resaltar que es obligación de las instancias judiciales empezar a tipificar los delitos por causa de discriminación hacia el colectivo LGBTI, esto contribuiría a la existencia de datos con los cuales podría estudiarse el fenómeno de la violencia hacia este sector vulnerable y sería una manera de visibilizar esta problemática; además supondría una manera de empezar a analizar este fenómeno existente en la región.