La violencia sexual en niñas y adolescentes en Centroamérica es un problema no sólo de salud pública, sino también de violación de los derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas, “la violencia sexual comprende una amplia gama de actos, incluidos el coito sexual intentado o forzado, contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o a una niña o niño a participar en un acto sexual sin su consentimiento, comentarios sexuales no deseados, abuso sexual de menores, mutilación genital, acoso sexual, iniciación sexual forzada, prostitución forzada, la trata con fines sexuales, entre otros (Secretario General de la ONU, 2006)”.

Es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que violenta la integridad, dignidad, autoestima y desarrollo integral de las víctimas; pero además, es una problemática que generalmente se mantiene en la clandestinidad, en una cultura de silencio. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es quizás el secreto mejor guardado por las familias centroamericanas, lo que imposibilita conocer a ciencia cierta su magnitud; es además una problemática multicausal entre la que destacan: los roles de poder en una familia, la negligencia y descuido de padres, madres o responsables de la protección de las y los menores de edad, el machismo, la discriminación de género, la falta de oportunidades educativas y la pobreza (Palacios, 2008).

Actualmente, casi todos los países de la región han incorporado a sus legislaciones acápites que abordan la violencia sexual para penalizarla y fortalecer las sanciones contra los perpetradores. Así mismo, han ratificado la Convención sobre los Derechos de la Niñez, lo que en gran parte ha propiciado la creación de un marco legal especial para el desarrollo, protección y atención integral de la niñez y la adolescencia. En lo que respecta al abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, los marcos jurídicos vigentes definen y abordan la problemática de maneras muy diversas que tocan desde aspectos relacionados con la invisibilidad del delito hasta la descripción concreta del mismo.

Los esfuerzos nacionales han estado dirigidos a cumplir con los requerimientos internacionales establecidos al ratificar las convenciones de protección de la vida de las niñas, niños y adolescentes; incluso en materia de violencia contra la mujer. Latinoamérica fue reconocida por ser la primera región del mundo donde todos los países ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y la primera en firmar un tratado regional cuyo objetivo específico era eliminar la violencia contra las mujeres: la Convención de Belem do Pará.

Un primer paso es disponer de un marco legal sólido para garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, pero aún quedan muchos retos pendientes. Centroamérica posee los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos más altos de toda Latinoamérica, “convirtiéndola en la región más desigual del mundo” (Estado de la Región, 2016). El Estado de la Región, también indica que posee países con altos niveles de exclusión donde la proporción de hogares excluidos pasó de 36% a 39% en el 2014, lo que equivale a cerca de 4,2 millones de hogares conformados por 18 millones de personas, es decir, cerca de un millón más de hogares y tres millones más de personas que los reportados en 2009. Este contexto obliga a que personas menores de 18 años de edad trabajen, lo cual las coloca en condiciones de vulnerabilidad.

Fuente: Estado de la Región 2016.

En la región todavía hay problemas sociales y estructurales sensibles, que reproducen desigualdades y discriminación, donde se prolifera la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; un delito que tiene graves consecuencias en su salud y desarrollo.

En el caso de Guatemala, existe una normalización de la violencia sexual, que incluso permite que delitos vinculados con el crimen organizado como la trata de personas, se produzca de manera más fácil. Muy pocos casos son denunciados ante la Justicia, ya que una vez que queda embarazada la niña es obligada, ya sea por la familia o la comunidad, a asumir la maternidad sobre todo en las comunidades mayas (Vera, 2016). Hasta noviembre de 2015 que se reformó el Código Civil, Guatemala era el único país de Centroamérica que permitía que las menores contrajesen matrimonio a tan corta edad. En la modificación se aumentó de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, si bien un juez podrá autorizar el matrimonio de menores si han cumplido los 16. Sin embargo, los legisladores no lograron un consenso para reformar también los artículos que permiten mantener relaciones sexuales con menores a partir de los 14 años.

Situación regional de las violaciones sexuales

Las cifras registradas por las autoridades en Centroamérica, indican que la violencia sexual es un problema que aumenta de manera silenciosa. Guatemala experimentó durante el 2015, 11 mil 299 casos denunciados de violencia sexual, con un promedio de 31 diarios, lo que representa la ocurrencia de uno cada 46 minutos, incluso superando a los homicidios registrados durante ese año en el país, donde el promedio fue de 16 homicidios al día (Palma, 2016). El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reveló que se realizaron durante este año, ocho mil 245 exámenes relacionados con casos de violencia sexual. Del total, siete mil 423 eran mujeres, adolescentes o niñas.

La Policía Nacional Civil (PNC) en El Salvador registró un total de 3,947 delitos sexuales en el 2016, de los cuales 2,253 fueron cometidos contra personas entre 12 y 17 años de edad. Diariamente más de cinco niñas y adolescentes son víctimas de diferentes agresiones sexuales. Según la Alianza por la Niñez durante ese año, el 74% de las violaciones sexuales ocurrió en la residencia de las víctimas (LPG, 2017).

La Fiscalía de la Niñez de Honduras reportó 1,298 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad en 2016, es decir, 328 menos respecto a 2015. Una particularidad de este país, es que en una de sus clasificaciones de delitos, existe uno denominado “actos de lujuria”, correspondientes a delitos como rapto, hostigamiento sexual, estupro y los casos de violación en su grado de ejecución de tentativa, que en el 2016 ocurrieron 304 casos.

Mientras que Nicaragua, en la última década 16 mil 400 niñas menores de catorce años han dado a luz en los hospitales públicos. Una cifra que se torna más alarmante debido a que estos embarazos son producto de violaciones. Es decir, cada año en Nicaragua ocurren 1 mil 640 partos de niñas. Los datos son del Instituto de Medicina Legal, que dan una media de cuatro menores pariendo a diario, y pocos procesados legalmente por ello (Salinas, 2017).

El Código Penal de Nicaragua establece en el artículo 168 que “cuando la víctima tiene menos de 14 años debe presumirse la falta de consentimiento y, por tanto, la violación”. El abuso sexual y la violación es ante todo un problema social y estructural porque a la víctima se le revictimiza, se le culpa; y generalmente no se le apoya. En el otro extremo, al violador, se le justifica, y se le esconde para protegerle, o se le deja en la impunidad (Amnestía Internacional, 2010).

Costa Rica entre el 2009 y el 2013 registró un total de 32.688 acusaciones ante el Ministerio Público, siendo el abuso contra menores de edad, el de mayor incidencia, seguido por violación. Mientras que el “Análisis de situación y diseño de intervención para enfrentar violencia sexual en niñas menores de 15 años y adolescentes menores de 18 años” (2015), indica que en Costa Rica 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año. De estas, aproximadamente 500 anuales son niñas menores de 14 años. Los padres en su mayoría tenían entre 10 y 12 años más que ellas (Soto, 2016).

Los aspectos comunes entre estos países, es que la mayoría de los delitos sexuales generalmente provienen de familiares y personas conocidas de las víctimas. Estos pueden ocurrir en una casa conocida por la víctima, algún predio baldío, cafetales, hospedajes, hoteles, vehículos y otros. Por ejemplo, en El Salvador, Ima Guirola, vocera institucional y encargada de Niñez y Adolescencia del Instituto de Estudios de la Mujer, (CEMUJER) indicó que existe la percepción de que los pandilleros son los causantes de todos los problemas de seguridad del país (Resumen Latinoamericano, 2017).

Además, todos los países han ratificado los compromisos internacionales para prevenir y sancionar la violencia sexual dirigida hacia la niñez y adolescencia como grupos vulnerables. Sin embargo, se puede observar que la respuesta de los Estados todavía es limitada. Además de las reformas legislativas, los gobiernos en casi todos los países de la región han creado programas, planes y políticas para combatir la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente, muchas de estas acciones, aunque buenas en teoría, continúan sin implementarse o siendo insostenibles después de los esfuerzos pilotos, a pesar de los diferentes mecanismos para salvar la distancia entre teoría y práctica.

Acciones emprendidas y necesidades a nivel regional

En la implementación de la iniciativa “Seguridad integral de las mujeres, con énfasis en violencia sexual: Combate a la impunidad frente a la violencia sexual” ejecutada por la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (UNFPA LACRO) durante el período 2008-2011 con el apoyo de AECID, a la par del desarrollo de modelos integrales de atención a la violencia sexual, se realizaron estudios diversos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que mostraron limitaciones en el registro, análisis y divulgación de datos sobre las distintas formas de este tipo de violencia y la necesidad de avanzar en la definición de variables e indicadores consensuados nacional y regionalmente, que permita mejorar la producción de información y asegurar la comparabilidad de los datos producidos por distintas fuentes (Padilla & Luciano, 2012).

A pesar que en 2009 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas y la existencia de más legislación con materia para el combate de la violencia sexual, la atención a las personas afectadas es aún deficiente según Luis Ayfan director del Instituto de Protección Social IPS (Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, 2017).

Recientemente en Guatemala, la congresista Sandra Morán está promoviendo una iniciativa de ley para la protección de las niñas guatemaltecas. Ésta consiste en es establecer acciones para generar las condiciones que garanticen la continuidad del proyecto de vida de las niñas y adolescentes. Uno de los componentes que se pretende incorporar es la inclusión de un módulo en el Currículo Nacional Base, para la orientación e información sobre medidas de autoprotección dirigidas a la niñez y adolescencia, para prevenir riesgos de ser víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. La propuesta complementa leyes vigentes como la de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, así como la que combate la violencia sexual (Boche, 2017).

La Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), promovió la iniciativa de ley 5178 “Registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genéticosq. La iniciativa busca crear un banco de datos genéticos de agresores sexuales que tengan un proceso penal, esto con el fin que el agresor no reincida, así como para proteger a niños, niñas y adolescentes que estén expuestos a potenciales agresores y recurrentes. Además, que creará un registro de datos por persona que haya sido condenada por delitos de violencia sexual, la cual servirá como herramienta de prevención a centros educativos y deportivos, entre otras organizaciones, para asegurar el control de las personas que trabajan con ellos.

Esta propuesta fue aprobada en noviembre del 2017 por el Congreso Nacional con 97 votos a favor, que estará a cargo del Ministerio Público (MP), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

En El Salvador, se lanzó una campaña de sensibilización para unir esfuerzos en la prevención de ese delito y la atención integral a las víctimas llamada “Protegerme de la violencia sexual es tu responsabilidad y mi derecho”, a cargo de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud. En el aspecto normativo señala que se tienen que hacer ajustes al Código de Familia, que actualmente permite que la víctima contraiga matrimonio con el abusador con el consentimiento de los padres. Además de exigir el cumplimiento del Código Penal y la Ley Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia (LEPINA) en el caso de los delitos sexuales.

La Alianza también exhortó a las instancias del Estado a diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la prevención y la atención integral de las personas afectadas por violencia sexual, priorizando los enfoques de género y protección de la niñez. Además, hizo un llamado a las entidades responsables de la investigación del delito y a quienes aplican la justicia a hacer “procesos efectivos y eficientes que generen los elementos probatorios para la condena de los agresores sexuales” (LPG, 2017).

Mientras que en Costa Rica, entró en vigencia la Ley 9406 Ley de Relaciones Impropias en enero 2017, la cual castigará hasta con tres años de cárcel a quienes siendo mayores de edad mantengan relaciones sexuales con personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o más años. Además, la Ley prohíbe la inscripción de matrimonios que incluyan a personas menores de edad ante el Registro Civil. A la vez, aumenta la edad mínima de 13 a 15 años para el consentimiento sexual cuando entre ambos existan 5 o más años en sus edades. También, propone que la patria potestad se elimine cuando la persona menor de edad se encuentre en situación de abandono, haya sido objeto de violación o abuso sexual de su propio familiar o tutor (Presidencia CR, 2017).

Igualmente, esta ley aprobó una serie de reformas a varios artículos del Código Penal, Código de Familia, Código Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil. Estas reformas y la nueva ley, se cumple con el compromiso adquirido por Costa Rica en la Convención de los Derechos del Niño, de ofrecer protección especial a las personas menores de edad hasta los 18 años de edad.

Por otro lado, cuando las mujeres al fin buscan los servicios, casi siempre buscan apoyo del sector salud o del sector jurídico; sin embargo, la calidad de las respuestas de los mismos generalmente es deficiente (Morrison et al., 2004). En toda la extensión de la región, las investigaciones han documentado numerosas debilidades de estos sectores, por ejemplo: la falta de infraestructura básica; actitudes y conductas discriminatorias y patriarcales por parte de las personas prestadoras de servicios, que justifican las acciones de los perpetradores y culpan a las víctimas, lo cual resulta en revictimización; la incapacidad de los servicios para proteger a las mujeres de acciones punitivas por parte de los perpetradores; la falta de privacidad y confidencialidad, y problemas estructurales como personal insuficiente, procedimientos complicados y demasiado burocráticos. Estas situaciones son particularmente agudas en zonas marginadas y pobres, especialmente entre mujeres indígenas y en entornos de conflicto (Contreras, Bott, Guedes, & Dartnall, 2010).

En un contexto de impunidad, falta de voluntad para investigar los casos de abuso sexual, violencia de género, ineficiencia de los sistemas judiciales y ausencia de políticas públicas con perspectiva de género e identidades diferentes, las niñas, niños y adolescentes no cuentan con garantías suficientes para protegerse de la violencia sexual y de género de la cual acaban siendo objetos.

Entre las principales medidas que pueden tomarse para contribuir a disminuir la violencia sexual y de género en los países están: fortalecer los sistemas de protección de niñas y niños para la prevención y atención adecuada en casos de violencia sexual; crear espacios seguros para niñas y adolescentes en sus comunidades donde puedan recibir ayuda y orientación y desarrollar sus habilidades; mejorar la recolección de datos sobre las violencias que afectan a niñas y adolescentes haciéndolas visibles y rompiendo la impunidad, así como mejorar la inversión pública para fortalecer las capacidades de las unidades especializadas de atención a víctimas de menores de edad.

Es necesario que el Estado ejerce la tutela de los menores de edad, por lo que debe restituir los derechos de las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, y que enfrentan un embarazo forzado. Cabe destacar que la violencia sexual y por motivos de género no sólo coarta los derechos sexuales y la integridad de las niñas y los niños víctimas en Centroamérica sino que, además, esta violencia limita el efectivo cumplimiento y acceso a otros derechos humanos y fundamentales para el libre desarrollo de las personas, como son la salud y la educación.