La Organización de Naciones Unidas (ONU), enfatiza que los Estados son los responsables de garantizar seguridad a sus ciudadanos. Propiciar entornos libres de violencia en el que puedan convivir libremente sin sentir temor o preocupación a ser víctimas de cualquier expresión de inseguridad.

En los países de Centroamérica, en especial para aquellos que tienen los índices de criminalidad más elevados, se cuestiona fuertemente al Estado, como estructura garante de la seguridad de los ciudadanos. En muchos casos las instituciones estatales no están siendo suficientes para controlar, perseguir y sancionar al crimen.

Se estima que en El Salvador hay de 30.000 a 60.000 pandilleros y cerca de medio millón de personas vinculadas a la estructura criminal de las pandillas. Las dos agrupaciones principales son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18. Las pandillas se organizan en grupos sectoriales de entre 10 y 60 personas que controlan la actividad criminal en un territorio específico. Las agrupaciones tienen cierta autonomía en el control de su zona, pero las cabecillas responden a liderazgos zonales y nacionales, (La Nación, 2015).

Esta realidad está siendo alimentada por las profundas problemáticas de desigualdad, inequidad y exclusión social que vive la región, a esto se suma las debilidades técnicas que tienen las autoridades encargadas de velar por la protección de la ciudadanía, que es aprovechado por el poder hegemónico que están tomando las maras en las localidades.

Este contexto alimenta en el imaginario colectivo la percepción de que el Estado no es suficiente para garantizar el orden y la seguridad, además alimenta las iniciativas en la población de administrar justicia por sus propias manos. Esto es sumamente peligroso para los civiles, quienes no tienen la preparación técnica para enfrentar las estructuras criminales, dejando como resultado una vorágine de violencia que pareciera nunca acabar.

En este sentido se conocen de acciones emprendidas desde la ciudadanía con el objetivo de combatir la criminalidad. En El Salvador, un grupo de excombatientes se organizó contra una estructura de 90 pandilleros, que tenía paralizada a la comunidad desde el año 2015, cuando miembros de estas agrupaciones delincuenciales asesinaron al líder de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). Para esa fecha los pandilleros no permitían el ingreso al territorio de instancias estatales, prohibieron los cultos religiosos y las celebraciones, según los reportes policiales (La Prensa Gráfica, 2017).

Bajo ese escenario de incertidumbre y miedo no es de extrañarse que la población perciba que su entorno es inseguro y poco propicio para el ejercicio de derechos básicos como a la vida o la integridad física, moral y psicológica.

En un informe elaborado por el organismo internacional USAID, titulado “La percepción de la seguridad y la confianza en las instituciones públicas en El Salvador”, arrojó que el crimen y la violencia se han configurado como las principales fuentes de preocupación de los ciudadanos. Los resultados de esta medición revelan que el 74.3% de los consultados cree que el principal problema del país es la delincuencia y la violencia (USAID, 2013).

En el municipio salvadoreño de San José Guayabal existe una fuerte presencia de las maras. Uno de los problemas que la población ha enfrentado es sentirse indefensa y atemorizada. Para tratar esta situación el alcalde de la localidad Mauricio Vilanova ha implementado estrategias en conjunto con la población para darle tratamiento a la problemática, él expresó que “el concepto no es solo salir a vigilar con la policía. Lo importante es que la población no se amedrente, que si ve algo lo diga. Lo mejor de Guayabal es que la gente no se calla. Cuando se tiene voluntad, se golpea” (Vilanova, 2016).

Si la población está organizándose para menguar los altos índices de criminalidad e inseguridad, las medidas que implementan no son las adecuadas puesto que no abonan a la erradicación del fenómeno; de igual forma incita a la prevalencia del mismo.

El ajusticiamiento en manos de ciudadanos no es la solución

La debilidad del sistema de justicia y la violencia enraizada en la sociedad son las principales causas de los linchamientos en Guatemala. Según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, en 2015 ocurrieron 133, en 2014 se dieron 348 casos de linchamiento, y en 2013 se registraron 337 (Sputnik, 2015).

Los hechos delictivos generan ira y frustración, sobre todo si ello va acompañado de una respuesta institucional lenta o si el auge delincuencial rebasa la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno. De allí surge una especie de incredulidad hacia la justicia y las administraciones públicas que puede ser muy peligrosa. Ante ese vacío y sentimiento de impotencia surge una falsa concepción de la justicia por propia mano que, lejos de ser una medida de protección, lo único que produce es el aumento de la violencia.

Esta actitud ciudadana de promover la justicia por mano propia es muy peligrosa desde cualquier punto de vista, puesto que tiene un efecto multiplicador. El ciudadano que enfrenta al delincuente resulta herido o muerto o viceversa. En este punto la ciudadanía justiciera se vuelve un grupo delincuencial según afirma Robleto Gutiérrez (2011).

Es necesario generar propuestas sin violencia

Pese a este escenario de violencia, ciudadanos de otros países han diseñado estrategias para tratar el tema de la delincuencia de forma pacífica. Costa Rica es uno de los casos que se pueden rescatar en este apartado.

Desde 1994 con el Programa de Seguridad Comunitaria el Ministerio de Seguridad Pública ha intentado reforzar el combate a la delincuencia y la inseguridad ciudadana capacitando a la población retomando la importancia del trabajo colectivo a través de Comités sectoriales. Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública indicó que “la idea es trabajar con grupos comunitarios para abordar distintos temas en materia de problemas comunales y seguridad”, (Andrade, 2015).

Una ilustración al respecto es la iniciativa que pobladores del barrio San Martín de Ciudad Quesada, departamento de Costa Rica, formularon en 2014 para luchar contra la delincuencia en su comunidad. La población con apoyo del Ministerio de Seguridad idearon una inter-conexión telefónica para comunicarse entre sí y de esta manera informarse sobre cualquier amenaza y denunciar con las autoridades. La segunda medida que implementaron fue organizar un rol de vigilancia tanto en el día como la noche y madrugada, en el que participaron todos los vecinos, hombres, mujeres y jóvenes (Radio Santa Clara, 2014).

Los Estados deben tomar parte activa para consolidar el binomio Policía-Comunidad. A su vez, debe considerarse fortalecer lazos de amistad entre las instituciones del orden público y población para así prevenir o luchar por la erradicación de la delincuencia y la inseguridad en las localidades. De esta manera, se mejora la calidad de vida sus habitantes por medio de la participación activa de la ciudadanía y de las administraciones públicas. Finalmente, el impacto que esto supondría en las vidas de las personas sería positivo pues percibirían que habitan en un espacio seguro y podrían gozar de sus derechos.