La trata de personas es uno de los delitos más crueles que comete el crimen organizado y es la actividad delictiva más lucrativa después del tráfico de drogas y de armas a nivel mundial. La trata de personas es considerada la “esclavitud del siglo XXI”, pues en la comisión de este delito el ser humano es tratado como una “mercancía” que puede ser explotada bajo condiciones inhumanas, privándole por completo de todos sus derechos humanos, tales como la vida, la integridad física y psicológica, la libertad, salud, trato digno, etc.

El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” de las Naciones Unidas, en el artículo tres define la Trata de Personas como: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Estos fines o modalidades de explotación pueden ser la explotación sexual, laboral o trabajo forzoso, adopción ilegal, extracción ilegal de órganos, mendicidad forzada”. El presente artículo analiza brevemente la magnitud del problema en Centroamérica, sus implicaciones e impactos personales y sociales.

Centroamérica: origen, tránsito y destino de víctimas

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “los Estados centroamericanos y del Caribe son territorios de origen, tránsito y destino de víctimas. Víctimas centroamericanas y caribeñas han sido identificadas en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón, América del Sur y en la Unión Europea por mencionar algunas zonas. De igual modo estos flujos extra regionales se ven acompañados por un elevado número de víctimas centroamericanas y caribeñas dentro de la misma región, lo cual representa también un reto para las autoridades”. El Informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica 2011-2012, señala que la trata de personas se ha convertido en una de las violaciones más determinantes en la región, después de la violencia hacia la mujer.

La UNODC (2012) describe el flujo de trata de personas en Centroamérica como mayoritariamente intrarregional, es decir, las víctimas se trafican dentro del territorio nacional o hacia países que se encuentran en la misma región. Dos datos sustentan este postulado: la mayoría de las víctimas detectadas en México son guatemaltecas, y el 89% de las víctimas detectadas en Guatemala provienen de El Salvador, Nicaragua y Honduras. De acuerdo con el informe de la costarricense Andrea Hidalgo (2008), ex funcionaria de la Defensoría de los Habitante, en Centroamérica el 86% de los casos identificados y asistidos correspondían a mujeres en edades entre los 10 a 50 años, aunque en la mayoría de los casos se concentran en niñas y adolescentes, lo cual las constituye en uno de los grupos más vulnerables a la trata de personas.

Ante esta problemática “los países centroamericanos han firmado y ratificado el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Los Estados Centroamericanos han aprobado leyes especiales en línea con el Protocolo, creado fiscalías especializadas, iniciado procesos para hacer más eficiente la cooperación internacional que han resultado en un aumento considerable del número de sentencias condenatorias” (UNODC). Sin embargo “la falta de registros sobre la cantidad de víctimas, refleja que los países han hecho muy poco para atender este problema; en materia de prevención, denuncia, atención y restitución de los derechos de las víctimas” (Zepeda, 2016).

Drogas, armas y trata: trinomio delictivo

El delito de trata es realizado por organizaciones criminales complejas con capacidades y logísticas de implicaciones transnacionales, por ello la trata de personas está vinculada con otras actividades delictivas como el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego. A finales de septiembre e inicios de octubre, en el marco de la operación coordinada “Morazán/Sandino” entre el ejército de Nicaragua y el de Honduras, desarticularon una red de tratantes que operaba en las áreas fronterizas de ambas naciones centroamericanas. En el comunicado de la operación informaron que decomisaron armas de fuego, 3,500 plantas de marihuana y 36,7 kilos de cocaína.

Generalmente las tres actividades delictivas que genera más ganancias al crimen organizado, van de la mano, drogas, armas y trata de personas. En el 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que “la trata de personas genera alrededor de U$ 32 mil millones de dólares anuales” entre otras ganancias que obtiene el crimen organizado.

Condiciones que propician la trata

Las redes criminales dedicadas a cometer este delito utilizan una serie de medios para captar a las víctimas tales como amenazas, uso de la fuerza, rapto, el fraude, engaño, abuso de poder; por tanto cualquier persona puede caer en manos de las redes o grupos de tratantes. Sin embargo existen condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que vuelve vulnerables a las personas a ser víctimas de este delito.

En Centroamérica existen múltiples condiciones que propician la trata, tales como las relaciones familiares y sociales de dominación y subordinación reproducidas por influencia del patriarcado como paradigma cultural, en el cual mayoritariamente las mujeres, niños y niñas son afectados. Así mismo, existe una cultura de dominación y violencia hacia la mujer.

La larga historia de conflictos armados en la región ha influenciado en la creación de imaginarios colectivos en que la violencia es considerada como medio para la resolución de conflictos. De igual forma podemos identificar que desde la unidad básica de la sociedad, la familia, el uso de la fuerza y la violencia están presente en los modelos de crianza como mecanismo de corrección y de educación de los hijos e hijas.

La violencia intrafamiliar, la desigualdad de las niñas respecto de los niños en el acceso a la educación y la formación. La discriminación contra las mujeres en el marcado laboral. La desigualdad en la definición de los roles de género. La pobreza extrema, economías frágiles, corrupción y altos niveles de impunidad en los países de la región centroamericana. Las redes delictivas aprovechan estas realidades que vulneran a las personas, para cometer el delito.

La migración irregular, muy diferente a la trata de personas, pero que es otro de los fenómenos que propicia que las personas sean víctimas de las redes de tratantes, pues las miles de personas que cruzan la frontera de forma irregular, lo hacen por puntos donde no existen controles migratorios, esto a su vez les coloca en peligro de que sean interceptados por redes criminales y por medio del rapto o engaños de ofrecimiento de ayuda, sean captadas y llevadas a la esclavitud bajo cualquier modalidad de trata.

Daños y secuelas

No es posible cuantificar en todos sus alcances el daño personal y social ocasionado por la trata. Abarca desde las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas y las repercusiones que sufre su entorno familiar, social y económico, hasta los efectos que produce el delito en los países donde operan los tratantes, ya sea por las propias vulnerabilidades del país o por la corrupción que genera o reproduce en sus habitantes (IEEPP, 2015).

 

La trata de personas tiene múltiples consecuencias para las víctimas y sus familiares, dependiendo de la modalidad de explotación y de otros factores como el tiempo de reclusión, el entorno, la intensidad de la violencia y las amenazas sufridas. Los sobrevivientes pueden tener secuelas que incluyen daños permanentes a la salud física y psicológica, traumas emocionales, daños a la salud sexual, complicaciones jurídicas y económicas, puesto que al tratarse de una actividad de crimen organizado, las víctimas sobrevivientes y sus familiares pueden ser perjudicadas por otros miembros de las organizaciones criminales implicadas, al tomar represalias por colaborar con las autoridades policiales y judiciales.

Existen víctimas a las que se les tiene que cambiar el domicilio, la identidad o pasar a programas de testigos protegidos. Todo ello genera deterioro de la calidad de vida de las personas, afectaciones a su estabilidad social y evidentemente repercusiones a sus posibilidades de mejorar las condiciones económicas.

Los daños más perdurables se manifiestan en la salud mental y emocional, que se manifiesta en la experiencia constante de sensación de miedo, en la tendencia de las víctimas a reprocharse a sí mismas, además de sentimientos de culpa y vergüenza por no haber sabido prevenir la situación engañosa que la llevó a caer en manos de los tratantes, lo que puede llevarlas a estados depresivos y angustiosos. Además las personas rescatadas viven con el temor de que los tratantes cumplan sus amenazas, lo que las vuelve excesivamente desconfiadas, llevándoles a limitar al exceso sus relaciones interpersonales.

Los Estados deben trabajar intensamente en crear mecanismos nacionales y regionales de prevención de este delito, en crear capacidades que permitan dar persecución a las organizaciones delictivas que se dedican a cometer este delito, y desarticular y castigar a los tratantes. Se debe trabajar en crear conciencia entre la población para que se visibilice este delito para que sea denunciado a la primer sospecha. Los Estados deben crear instituciones especializadas con las condiciones y capacidades necesarias de atención a las víctimas y sus familiares, para garantizar la adecuada reinserción social y la restauración física y emocional de los y las sobrevivientes.