El Estado es el garante de la seguridad de las y los ciudadanos. La garantía de los Derechos Humanos, la protección de la vida y de los bienes es lo que justifica el monopolio de la fuerza legítima que tiene. Cuando el Estado no es eficaz en su función de garantizar la seguridad de la ciudadanía, su legitimidad se ve debilitada y cuestionada. Uno de los fenómenos que más ha debilitado la capacidad de los Estados por garantizar la seguridad es la corrupción de los funcionarios públicos, hecho que se ha evidenciado fuertemente en varios países de Centroamérica.

 

La corrupción de los funcionarios públicos es sumamente preocupante, ya que debilita al Estado desde el interior. Socava y carcome la fuerza del Estado y entorpece las gestiones que este emprende para garantizar las condiciones de seguridad deseables en el país.

 

En los países de Guatemala, El Salvador y Honduras los hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos son cada vez más recurrentes; lo cual genera la preocupación de diversos sectores, ya que un país puede tener ordenamientos jurídicos, políticas públicas y estrategias en pro del desarrollo y el beneficio de la sociedad, pero si existen funcionarios públicos que no están dispuestos a dar cumplimiento y a trabajar de forma transparente y responsable, todos los esfuerzos se vienen abajo.

 

Corrupción en aumento

 

En los sistemas democráticos las instituciones estatales deben trabajar articuladamente con los ciudadanos para garantizar el Estado de Derecho que a su vez se manifiesta en la protección de los Derechos Humanos. Evidentemente el rol del Estado es erosionado cuando a lo interno sus funcionarios están faltando a sus funciones y cometen delitos, proliferando la corrupción. Sumado a que las estructuras del crimen organizado están infiltrando el Estado de manera constante, para poder operar bajo la aparente legalidad, permitiéndoles vulnerar la capacidad del Estado para perseguir, procesar y castigar el delito.

 

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha informado en reiteradas ocasiones que la corrupción está profundamente arraigada en el sistema judicial, afirmación respaldada por los numerosos jueces que han sido procesados por otorgar sentencias arbitrarias en favor de miembros de grupos criminales y del narcotráfico (Open Society Justice Initiative, 2015). Esta información genera gran preocupación, ya que deteriora la institucionalidad del Estado, desestabiliza el orden social, y la ciudadanía pierde la confianza en la gestión pública.

 

En Guatemala, la Fiscalía de Delitos Administrativos reportó, en mayo de este año, que entre el 2014 y el 2016, unos 82 jueces han sido denunciados, principalmente por emitir sentencias arbitrarias e injustas (prevaricato), por abuso de autoridad e incumplimiento en el ejercicio de su función.

 

En el 2012, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), en su informe “Jueces de la impunidad” señaló a 18 magistrados y jueces de haber incurrido en prevaricato. De esa cantidad, el Ministerio Público admitió solo 13 peticiones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia solo le dio trámite a 10 peticiones. En el 2015, la CICIG presentó nuevas solicitudes, una de ellas contra la jueza penal Jisela Reinoso, por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. En junio del 2015 fue desmantelada una red delictiva integrada por funcionarios del Congreso guatemalteco, cuya finalidad era sustraer fondos públicos.

 

El aumento de las acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos de Guatemala, según datos de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, han venido en aumento, en el 2015 esta instancia recibió 806 expedientes, lo que representó un aumento del 398% de casos respecto de 2014, cuando recibieron 162. Hasta el 10 de mayo de 2016, esa fiscalía había recibido 260 denuncias y si la tendencia se mantiene se podría igualar la cifra a la del año 2015.

 

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en inglés) y la CICIG, titulado “Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Guatemala”, indica que empleados y funcionarios públicos, como policías y autoridades municipales, están involucrados directa o indirectamente en estructuras criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. Considerando que la trata de personas es un fenómeno que afecta a unas 48 mil 500 personas en Guatemala, en su mayoría adolescentes y niños menores de 18 años. El mismo informe establece que parte del incremento de casos de trata se debe a la participación de agentes estatales y porque Guatemala, además de ser promotor del flagelo, es utilizado como tránsito y destino de trata.

 

El informe señala que los funcionarios estatales guatemaltecos facilitan la alteración de documentos personales de las víctimas para que puedan salir del país, la protección a los negocios —centros nocturnos— pues informan a los dueños de los operativos policiales, y destruyen documentos con el fin de impedir la investigación penal. Además el informe explica que “expertos en criminalidad organizada afirman que es imposible que se realice la explotación... sin el concurso de autoridades estatales, especialmente de policías y autoridades municipales. En ocasiones la participación no solo es encubrimiento y tolerancia, sino también de promoción directa”. Además establece que algunos grupos de policías se dedican directamente al comercio de trata; es decir, son propietarios de negocios.

 

Estas manifestaciones de corrupción son nocivas para el mantenimiento ordenado de la relación entre la ciudadanía y las autoridades estatales, ya que la población pierde la confianza en el Estado como garante de sus Derechos Humanos y de su seguridad, complejizando los niveles de conflictividad, de violencia política y de las condiciones de seguridad..

 

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, expresó que aunque existe una Ley contra la Trata de Personas para combatir este flagelo, solo se han impulsado algunas acciones aisladas para enfrentarlo. Consideró que es necesario que se impulsen más acciones para prevenir este delito.

 

En el Salvador, la Fiscalía General acusó en mayo del presenta año a 11 policías por traficar objetos prohibidos en las celdas de la subdelegación de Mejicanos. Los policías, según la Fiscalía, se encargaban de introducir celulares, cargadores, droga y baterías a pandilleros recluidos en las celdas policiales de Mejicanos. Cobraban entre $50 y $400 por la introducción de esos objetos, de acuerdo con la investigación. De igual manera a estos policías, se les atribuye y acusa del delito de agrupaciones ilícitas, informaron fuentes fiscales.

 

Un informe de la Policía guatemalteca establece que en 2015 y hasta mediados de marzo de 2016, más de 400 agentes han sido detenidos por diferentes delitos, como hurto y agrupaciones ilícitas.

 

Los Estados deben definir medidas concretas de prevención y seguimiento a la corrupción para controlar este flagelo que socava la efectividad de su funcionamiento. Debe haber mecanismos eficientes de seguimiento y evaluación de la gestión de los funcionarios públicos. Promover el relevo generacional de los cargos considerando capacidades y méritos demostrados. Establecer mecanismos de participación ciudadana y de organismos de sociedad civil que les permita pronunciarse y evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. Estos pueden ser algunas de las acciones que pueden contribuir a la disminución y erradicación de la corrupción.

 

La corrupción de los funcionarios de los Estados, deteriora la capacidad de poder incidir positivamente en los escenarios de violencia, agregando más factores de desestabilización social y aumento de las manifestaciones de violencia. Si se logra mantener la legalidad y la legitimidad de las instituciones y sus funcionarios, los sistemas democráticos se fortalecen y los ciudadanos respaldaran las acciones locales que se ejercen en pro de garantizar los Derechos Humanos, en ambientes de paz social. De esta forma se aporta al incremento de la capacidad de las naciones de hacer frente a la crisis aguda que atraviesa la seguridad.