La desigualdad se entiende como el desigual acceso a oportunidades y beneficios. Según el Informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “Desigualdad e Inclusión Social en las Américas”, en una sociedad democrática este término hace referencia a la inequidad que existe entre los ciudadanos, cuando grandes sectores de la sociedad carecen de los beneficios como el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos, el funcionamiento de los mercados laborales formales, y la participación política.

 

La OEA mediante la Carta Social de las Américas, aborda los temas de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social, y reconoce que “los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla. El desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.

 

Relación entre desigualdad y seguridad

 

La Organización de las Naciones Unidas en su Informe de Desarrollo Humano de 1994, definió el concepto de seguridad como la “ausencia de miedos” y la “ausencia de necesidades”. De modo que se habla de seguridad cuando las personas tienen las condiciones necesarias para el ejercicio de sus Derechos Humanos tales como el acceso a la justicia, la libertad de expresión y el igual acceso a los servicios públicos que satisfacen sus necesidades básicas, como educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad, y transporte público. En este informe de Naciones Unidas se enfatizó la importancia de que las personas tengan iguales condiciones para cuidarse de ellas mismas, es decir que todos tengan las oportunidades de satisfacer sus necesidades más esenciales. De esta manera lo que se promueve es que cada individuo en la medida en que logre satisfacer sus necesidades haga una buena contribución al desarrollo propio y de su comunidad.

 

Sin embargo, la desigual distribución de los recursos aunado a la existencia de pobreza extrema, escasez de trabajos y la remuneración de salarios muy bajos, generan condiciones de exclusión y de falta de oportunidades, hechos que contribuye a generar condiciones de vulnerabilidad social que puede favorecer la delincuencia y el crimen organizado. Ahora bien, la noción de que las personas en condición de pobreza extrema se involucran fácilmente en actividades ilícitas no tiene soporte empírico, aunque es cierto que la vulnerabilidad que genera la pobreza hace que las personas sean víctimas del engaño, la presión y la coerción. La pobreza como producto de la desigualdad económica, constituye un factor en contra del desarrollo humano.

 

La solución a la delincuencia y a la violencia no radica únicamente en la puesta en práctica de medidas policiales, sino que abarca también la aplicación de estrategias encaminadas a lograr la erradicación de la desigualdad económica que permitan a los ciudadanos vivir sin miedo y con la garantía de poder satisfacer sus propias necesidades. De esta manera los gobiernos cumplen su función elemental que es la garantía de los Derechos Humanos de sus ciudadanos.

 

Informe del Indice de Gini del Banco Mundial

 

De la lista de diez países a nivel mundial con mayor desigualdad económica, publicada por el Banco Mundial, cinco países africanos encabezan el ranking, seguidos por cinco países latinoamericanos: Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala y Panamá. De acuerdo a la base de datos -actualizada a finales de diciembre del año 2015- Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica, con 64.5% de la población en situación de pobreza y 42.6% en extrema pobreza (menos de US$2.5 dólares al día) es decir, en términos del coeficiente Gini -que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa- la desigualdad en Honduras representa el 53,7. Guatemala, por otro lado, mantiene en términos del coeficiente de Gini los índices de pobreza y desigualdad en un 52,4 con una situación especialmente difícil en la mayoría de los municipios rurales, donde ocho de cada diez personas son pobres, y Panamá presenta los índices de pobreza y desigualdad en un 51,7, con una condición del 25% de la población sin acceso a los servicios sanitarios, 5% sin acceso de agua potable, y 11% con problemas de desnutrición.

 

Guatemala y Honduras que están entre los países latinoamericanos con mayor desigualdad económica, también están entre los países que lideran los índices más altos de homicidios en la región. De acuerdo a informe policiales de cada país, en el 2015 Honduras tuvo una tasa de homicidios de 57 por cada 100 mil habitantes, y Guatemala una tasa de 35.4 por cada cien mil habitantes.

 

La desigualdad: desafío para la seguridad ciudadana en Centroamérica

 

Centroamérica esta posicionada como la región más desigual de América Latina. Estos niveles de desigualdad en Centroamérica generan una drástica reducción del efecto positivo que ejerce las estrategias de desarrollo sobre la pobreza, es decir, a mayor crecimiento de la desigualdad, mayor será el freno al desarrollo y esto a su vez contribuye al incremento de la delincuencia y la violencia. Los altos grados de pobreza que desencadena la desigualdad conlleva que las deficiencias de distribución de la riqueza se acentúen, y la bases institucionales para el crecimiento se debiliten.

 

Los países en donde existe mayor desigualdad en Centroamérica como Honduras y Guatemala, son los lugares que presentan mayor dificultad para superar la problemática del crimen organizado, la impunidad, intolerancia, corrupción, delincuencia y la violencia.

 

La desigualdad y la pobreza crean ambientes propicios para que la violencia continúe imponiéndose en la región de Centroamérica. Para el analista guatemalteco Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos, "las altas tasas de desigualdad e inequidad de Centroamérica con cerca del 40% de sus 46 millones de habitantes en pobreza, es el "caldo de cultivo para las pandillas”. El problema no radica únicamente en la pobreza sino en la inequidad socioeconómica en la que conviven las personas desplazadas o desempleadas en relación con las personas que reciben mayor beneficios de la sociedad.

 

Si bien la desigualdad afecta a todos los habitantes de una sociedad, perjudica en gran medida a los grupos históricamente vulnerables como las mujeres, los niños y niñas, los ancianos y grupos indígenas, quienes han tenido menos oportunidades en el ejercicio pleno de sus derechos, por paradigmas culturales que los ubica en relaciones de poder desigual.

 

En palabras de la Doctora en Derecho Susana Thalía Pedroza de la Llave, “cuando se señala que un grupo o un individuo se encuentra en situación de vulnerabilidad, significa que se ubica en una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Esto puede ocurrir tanto en un plano formal como material. En el primer caso estaríamos frente a situaciones en las cuales el propio derecho ha institucionalizado la desigualdad y la ha traducido en normas. Sin embargo, suele ser mucho más común que la vulnerabilidad se produzca en el terreno de los hechos. Esto significa que aun cuando los derechos, la libertad y la igualdad de todos los individuos están reconocidos en el propio ordenamiento jurídico, en la realidad están dadas las condiciones para que los individuos y grupos cuenten con ese conjunto de garantías y libertades ofrecidas por el derecho. Éste es el caso de millones de niños”.

 

En Centroamérica, las mujeres siguen representando uno de los grupos vulnerables de la sociedad, como consecuencia de los estereotipos, roles y prácticas socioculturales que se les han establecido a través del tiempo y de la violencia, psicológica, económica, o cualquiera de sus tipos. Esto anula la capacidad de las mujeres para enfrentar cualquier condición de desigualdad y las coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad social impidiéndoles actuar en contra de la inequidad que experimentan.

 

En un país en donde se garantiza la seguridad ciudadana, las mujeres no deberían de ser víctimas de ningún tipo de violencia basada en su género. Partiendo del concepto de seguridad entendido como la ausencia de miedos y la ausencia de necesidades, los Estados deberían erradicar la vulnerabilidad que afecta a las mujeres para conseguir que se supriman los actos de violencia hacia ellas.

 

La violencia restringe de forma determinante la vida de las mujeres, y es uno de los mayores obstáculos en su desarrollo en vista que les impide tomar decisiones en los distintos ámbitos de sus vidas y limita su participación activa en la sociedad. Los actos que degradan o dañan a las mujeres atentan contra su libertad, dignidad e integridad física. Por tal razón, los Estados deben de trabajar de forma sistemática y coordinada para eliminar todas las vulnerabilidades existentes, porque hay Estados donde existen normas, derechos, e igualdad de todas las personas reconocidos por el ordenamiento jurídico, pero en la práctica, no se dan las condiciones para que todos los individuos y grupos cuenten con garantías y libertades ofrecidas por el derecho.

 

A menor protección de las mujeres, mayor será la expresión de abuso de poder sobre ellas, al denigrarlas y concebirlas como objeto. Mientras las mujeres sigan teniendo miedo de ser víctimas de agresión, y de que este tipo de violencia quede en la impunidad, no se puede decir que los países centroamericanos son seguros.

 

También los niños y los ancianos pertenecen a grupos vulnerables. En relación a los niños, los Estados tienen la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Se hablará entonces que existe seguridad, toda vez que los Estados garanticen la protección de los menores, y en donde se asegure el igual acceso a la educación, salud y alimentación que influya positivamente en el desarrollo social de los niños.

 

Cuando existe pobreza en un país, se limita el desarrollo efectivo de los niños, en especial de aquellos en situación de abandono y mendicidad, porque se encuentran expuestos a situaciones de riesgo permanente como violencia, abuso sexual, trata de personas y múltiples carencias afectivas y materiales, lo que trae también como consecuencia el fácil acceso a la inserción a las drogas y a la delincuencia. En Guatemala, los niños y los adolescentes representan el 64% de víctimas de delitos sexuales, lo que refleja la inseguridad que viven los niños y la vulnerabilidad del que son parte. En Guatemala, autoridades del Ministerio de Gobernación señalan que los niños son reclutados desde los 6 años para transportar drogas, armas y mensajes entre las pandillas. Relatos similares se conocen en Honduras. Durante el 2015, el número de pandilleros menores de edad procesados por la fiscalía de El Salvador aumentó en un 52%.

 

Por otro lado, los ancianos son vulnerables porque presenta una desigualdad ante los diversos sectores de la sociedad que se manifiesta por todos los cambios inherentes a la propia edad. Desigualdad que es entendida como la inseguridad social y económica en que viven; la falta de oportunidades; la incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas y de acceder a los servicios públicos, sumado también a la marginación, prejuicio y discriminación.

 

Los grupos indígenas también se ven más afectados por la desigualdad, en especial por la vulnerabilidad, que es específica de un grupo minoritario en una sociedad. Cuando existe desigual trato a estos grupos y no se les proporciona igual acceso a educación, ni a los servicios públicos esenciales no se les está permitiendo tener un desarrollo igualitario en la sociedad. La pobreza y la marginación en que viven los pueblos indígenas genera la imposibilidad de esas personas de ejercer control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Por lo que se podrá hablar de seguridad cuando se respalde los esfuerzos de ellos por forjar y dirigir sus propias iniciativas de desarrollo.

 

Un Estado de Derecho es insostenible si no tiene la capacidad de imponer el orden y garantizar la seguridad ciudadana. Idealmente los países deberían realizar medidas de acción para crear una mejor distribución de la riqueza, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y erradicar los problemas de desarrollo que son la principal causa de situaciones como la pobreza, delincuencia, tráfico de drogas, entre otros. En palabras de Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico guatemalteco Plaza Pública; “Lo que causa más violencia es la desigualdad, pero la mayor parte de la élite no está dispuesta a solucionar esto…”.

 

La desigualdad impide la integración de una persona a la sociedad y el efectivo ejercicio de sus derechos humanos, ya que pone en evidencia la practica continua y sistemática de exclusión y restricción. La desigualdad erosiona la legitimidad del Estado, ya que crea un ambiente de fácil acceso para el crimen organizado, narcotráfico y delincuencia, originando situaciones de elevada violencia, que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, y que deben ser atendidas mediante diferentes respuestas, obligando al Estado a evaluarlas constantemente en términos de su efectividad. De esta manera, los Estados se aseguran que estas medidas no generen mayores niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los Derechos Humanos. Es en este contexto que se presenta la oportunidad a los países de la región para buscar el equilibrio y la distribución del poder y de la riqueza en la sociedad.