Centroamérica es un istmo que está ubicado estratégicamente en la geografía del mundo, ya que se encuentra entre los dos océanos más importantes del planeta y es un puente entre América del Norte y América del Sur; por ello históricamente ha sido una región caracterizada por flujos migratorios de personas procedentes de todas las direcciones del planeta. Los fenómenos de movilidad humana y sus implicaciones han estado frecuentemente en el escenario de la discusión y el debate.

 

De acuerdo a datos y proyecciones estadísticas de la Organización internacional para las Migraciones (OIM), los números de las migraciones internacionales siguen en aumento. En el año 2000 se estimaba que una población de 150 millones de personas vivía fuera de su país de origen; una década después, la cifra había ascendido a 214 millones, y para el año 2050 se estima que el incremento llegará a 405 millones de personas.

El aumento de las migraciones a escala internacional genera fenómenos y problemáticas que representan un reto que deben atender los Estados, sobre todo cuando la migración irregular se ha convertido en uno de los problemas más urgentes de nuestros tiempos, como lo señala la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido a los riesgos a los que se enfrentan en la travesía del cruce de las fronteras y de las políticas rígidas de control que los Estados implementan contra la migración irregular, las que a veces vulnera los Derechos Humanos de los migrantes.

 

En los últimos años hemos visto que el tránsito de personas de diversas nacionalidades por Centroamérica está creciendo. Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que en la región “hay un flujo de personas que están llegando de afuera de la región, por ejemplo cubanos y haitianos. Está dándose un flujo muy impresionante de personas que de Haití llegan a Panamá por distintas formas, y de Panamá pasan a Ecuador, Perú, a Bolivia, y finalmente a Brasilia. Se estima que el flujo de haitianos hacia Brasil podría estar entorno a los treinta mil haitianos al año”. Muchos de estos flujos se dan en situación de irregularidad, es decir, las personas cruzan las fronteras sin realizar los trámites migratorios legales y administrativos del país de destino.

 

“Operación Mesoamérica”

 

A finales de junio del presente año se desarrolló la Operación conjunta a nivel centroamericano llamada “Operación Mesoamérica” para desarticular una peligrosa banda dedicada al tráfico ilegal de personas que operaba desde Brasil, toda Centroamérica, México y los Estados Unidos. En dicho operativo participaron autoridades de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

 

De acuerdo a las investigaciones, la estructura criminal operaba movilizando personas desde África, América del Sur y Centroamérica, era dirigida por Luis Leonardo Pasapera, con residencia en Guatemala, quien coordinaba con otros miembros de la estructura a nivel regional, el traslado ilícito de personas. Inclusive estaban involucrados trabajadores hondureños del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes recibían instrucciones para emitir constancias a los migrantes en un tiempo preferencial y a cambio de esto les hacían depósitos a sus cuentas, entre cinco mil y veinte mil lempiras, según lo referido en las pruebas que el Ministerio Publico hondureño presentó.

 

De acuerdo con la investigación preliminar, la red cobraba entre US$20.000 a US$25.000 dólares por llevar ciudadanos de Pakistán, Afganistán, India, Nepal y Bangladesh a Estados Unidos. En Panamá se capturaron “a seis cabecillas” de la red internacional, en un rascacielos de un área exclusiva de la capital panameña.

 

Por otro lado, en Costa Rica la operación “Mesoamérica” reveló que la banda que se dedicaba a trasladar irregularmente a migrantes africanos y asiáticos con destino a los Estados Unidos, obligaban a los migrantes a realizar algunos trabajos ilícitos, como llevar drogas, para poder cumplir el tan ansiado “Sueño Americano”.

 

El modo de operar de la banda era muy sencillo, pero a la vez peligroso. Estas personas pasaban por todos los países de Centroamérica y cuando llegaban a México, de acuerdo con el fiscal costarricense Jorge Chavarría, eran obligados a cruzar por la frontera con varios kilos de cocaína, donde otros miembros de esta banda recibían los narcóticos. Durante la travesía, muchos eran asaltados e inclusive las mujeres han sido violadas.

 

Pese a que el operativo, que se llevó a cabo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, logró desarticular a esta banda, las autoridades afirmaron que aún hay otras organizaciones de este tipo funcionando. Gladys Jiménez, directora de Migración y Extranjería costarricense, indicó que estas agrupaciones tienen capacidad para mover a 100 personas por día, lo cual representaría a final de este año 18 mil nuevos migrantes.

 

Las y los migrantes corren múltiples amenazas y riesgos, especialmente si se trata de grupos históricamente vulnerables como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. La condición misma de migrante irregular ya constituye una realidad de vulnerabilidad que expone a las personas a extorsiones, secuestros, violaciones e incluso la muerte. Además se exponen a ser víctimas del delito de la trata de personas, que se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y junto a la migración está en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar.

 

A pesar de estas problemáticas humanitarias existen políticas migratorias, de control y seguridad fronteriza que consideran a las personas sin documentos en regla como “personas ilegales”, esto no ha ayudado a las personas, sino que las ha orillado a convertirse en “victimas”. Esto representa un desafío para los Estados, ya que la seguridad debe concebirse en pro de la garantía de los Derechos Humanos de las personas, sin importar la procedencia.

 

Las políticas migratorias, de controles y seguridad de las fronteras no han incluido concretamente la perspectiva de Derechos Humanos. Se sigue considerando a los migrantes irregulares como personas ilegales, lo que trae consigo que en el modo de proceder con estas personas esté ausente la plena garantía de los Derechos Humanos.

 

Las personas: el centro de la seguridad

 

La razón de ser de la seguridad y las políticas migratorias deben ser las personas y sus Derechos Humanos, y no exclusivamente los territorios. Evidentemente uno de los roles del Estado es garantizar y proveer orden y seguridad a la sociedad, por ende es lógico que tenga la responsabilidad de mantener el control y la seguridad en sus fronteras, y sobre todo cuando el crimen organizado transnacional ha complejizado sus operaciones, se ha extendido en la región y diversificado sus estrategias de operar. Pero, en la implementación de las políticas y medias debe primar el principio de Derechos Humanos de las personas, sin importar su procedencia, para lo cual deben atender diferenciadamente los dos fenómenos, el del crimen organizado y el de los migrantes irregulares.

 

Para el secretario ejecutivo de CIDH, el “fenómeno de la migración la podemos entender desde dos posturas: la migración como un derecho, y que la persona humana es sujeto de derecho, es decir “camina” con sus derechos. Por lo tanto no existe el concepto de persona ilegal, puede haber una persona que no tenga documento, pero eso no hace que una persona sea ilegal”. Álvarez afirma que para la CIDH “una persona que no tiene la documentación en regla para entrar a un país no comete un delito, comete una falta administrativa, por lo tanto una persona en situación de movilidad no es un delincuente, eventualmente está cometiendo una falta administrativa”.

 

Las políticas migratorias y de seguridad fronteriza se pueden convertir en violatorias de Derechos Humanos e incluso desencadenar problemas humanitarios. Natalia Armijo Canto, investigadora en dinámicas fronterizas, migración y seguridad, afirma que “la migración no es una amenaza a la seguridad de los Estados; sin embargo, las políticas unilaterales que la orillan a la ilegalidad aumentan los riesgos para la seguridad humana de las y los migrantes y favorece los delitos asociados a la migración”, que en la mayoría de casos son victima los migrantes, como la trata de personas, violaciones, etc.

 

Uno de los fenómenos que ha contribuido a que se considere la migración irregular como un fenómeno que debe ser rígidamente controlado y frenado por las autoridades de los países es que existen actividades del crimen organizado que se concentran en las zonas fronterizas como el tráfico de drogas, tráfico de armas, de personas, de especies en peligro de extinción (madera, animales), de arte, antigüedades robadas, entre otras. Esto de acuerdo a Natalia Armijo Canto ha traído como consecuencia “que, a veces, la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad que asolan a las fronteras, pero se pierde de vista que es una inmemorial estrategia humana para mejorar la vida que podría ser definida como un comportamiento natural y es poco probable que las políticas unilaterales o de regulación y control tengan éxito alguno”.

 

Luis Herrera y Juan Artola afirman que la visión unidimensional sobre los migrantes, ya sea como víctimas o “posibles” delincuentes, y de la frontera como un lugar marginal y peligroso, ha sido también un factor que ha frenado las propuestas que contemplen la vida fronteriza en sus múltiples dimensiones –incluida la migración- como espacio de oportunidades, desde donde pueden surgir aportes para la construcción de estrategias integrales de seguridad y desarrollo.

 

Los problemas que ocasiona el crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas, violencia armada, tráfico de armas, etc., ciertamente necesitan de estrategias de persecución, control y sanción a tales delitos; pero deben diseñarse políticas públicas y estrategias integrales basadas en la perspectiva de los Derechos Humanos, que garanticen la movilidad humana transfronteriza de forma ordenada y diferenciada de los problemas delictivos propios de las zonas fronterizos de la región.

 

La persona es el sujeto de la seguridad, por lo que la prioridad debería pasar de los derechos de los Estados (Soberanía, no injerencia) a los derechos de las personas. Si los migrantes y las organizaciones delictivas que los apoyan adquieren un carácter transnacional, las autoridades, inevitablemente, deben tratar el fenómeno en esa misma lógica, creando políticas públicas y estrategias regionales e internacionales para tratar este fenómeno. Aunque existen esfuerzos de este tipo como la “Alianza para la Prosperidad”, aún son insuficientes, ya que el fenómeno está en aumento y según las proyecciones estadísticas los próximos años los movimientos migratorios serán mayores que los actuales.