La violencia armada es un fenómeno con altos grados de letalidad que aqueja a los países de América Latina, principalmente aquellos donde la violencia ha alcanzado niveles epidémicos como Guatemala, El Salvador y Honduras. Este tipo de violencia que involucra el uso de armas de fuego, impacta gravemente en el bienestar y calidad de vida de las personas y las sociedades, lo cual representa un obstáculo al desarrollo humano.

 

La violencia en Centroamérica ha alcanzado manifestaciones alarmantes, siendo considerada una de las regiones más violentas del mundo; esto supone un gran freno al desarrollo de sus países.

 

Honduras: violencia y armas

 

En Honduras en el año 2014 se estimó que en los últimos 9 años más de 42 mil personas fueron asesinadas de forma violenta, de las cuales en el 80% de los casos, el instrumento utilizado fue un arma de fuego. Los homicidios perpetrados con armas de fuego constituyen la gran mayoría de los asesinatos en Honduras (Small Arms Survey, 2014). En este país, se evidencia la relación que existe entre violencia, armas de fuego y tráfico de drogas. El tráfico de drogas en su mayoría va a acompañado de armas ya sea para el enfrentamiento directo con las autoridades policiales o militares, o para el enfrentamiento entre grupos delictivos o pandillas que se disputan el control de territorios para garantizar rutas de tráfico de drogas.

 

De acuerdo a Friedrich-Ebert-Stiftung (2011) “la intensificación de la violencia en Centroamérica a menudo está relacionada con los carteles de droga y las pandillas, así como con el aumento del número de armas de fuego disponibles en la región”. En Centroamérica desde los conflictos armados de finales del siglo pasado, los civiles tuvieron acceso a armas, y en los procesos de desarme, no todos entregaron sus armas. Por otro lado la circulación de armas ilegales está vinculado a la presencia del crimen organizado y de grupos delincuenciales que las utiliza y a su vez las comercializan. En cuanto al uso de armas en civiles, el exdirector del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA de El Salvador, José Miguel Cruz, afirma que existe una cultura generalizada que valora el uso de la fuerza y la violencia como forma de relación para solucionar conflictos, por ello los civiles la adquieren como mecanismo de protección personal.

 

Según el Registro Nacional de Armas hondureño, a finales de 2012 Honduras contaba con 280,305 armas de fuego registradas. Sin embargo, los informes policiales en materia de incautación de armas de fuego indican que un promedio de 60% de las armas incautadas son ilícitas. Si aplicamos esta cifra al número de armas de fuego registradas en Honduras, obtenemos que aproximadamente 420,000 armas ilícitas circulan en el país (Díaz, 2013). No obstante, según una estimación de 2012 del Programa de la ONU para el Desarrollo, aproximadamente un tercio (entre 800.000 y un millón) de los tres millones de armas de fuego que circulan en Centroamérica se encuentra en Honduras.

 

Autoridades hondureñas han manifestado que la actual Ley sobre la portación de armas es muy permisiva al permitir que un ciudadano pueda registrar cinco armas de fuego y además no existen restricciones para la compra de municiones. Considerando las estadísticas de homicidios y de la circulación de armas legales e ilegales en Honduras, es necesario que este país considere una prioridad reformar las leyes en relación a la portación y uso de armas de fuego.

 

Es grave que el Estado permita leyes que faciliten el acceso de armas a los civiles, pues el responsable de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes es el Estado, por tanto las armas de fuego no deben estar en manos de civiles. Además consideremos que el uso de las armas requiere entrenamiento y desarrollo de capacidades que permitan hacer un uso técnico y responsable de este dispositivo, y la mayoría de ciudadanos carece de entrenamiento adecuado para el uso de armas, lo cual pone en peligro la vida propia y de terceros. Elvira Cuadra (2015), directora del IEEPP, asegura que “hay estudios realizados en diferentes partes del mundo que demuestran que cuando un civil intenta defenderse con un arma de fuego, a menos que esté especialmente entrenado para eso casi nunca es efectivo, y termina o perdiendo el arma o termina lesionado o muerto”.

 

Un problema letal para las personas, la sociedad y las economías

 

La violencia armada es una problemática que ocasiona daños irreversibles en la vida de las personas, es un fenómeno de los más traumáticos que viven las sociedades. Este tipo de violencia además genera impactos en la economía de los países, siendo altamente costosa, ya que incrementa los costos de la seguridad tanto a nivel público como privado, sumado a todos los recursos de salud pública que deben ser destinados para la atención de víctimas. Destruye vidas y bienes, disminuye las posibilidades de inversión local y extranjera y contribuye a la pérdida de conocimientos esenciales para las sociedades a causa de la migración del capital humano. Conlleva gastos excesivos e improductivos en servicios policiales y de seguridad. No se puede insistir demasiado en las repercusiones que los niveles altos de violencia armada tienen en las economías nacionales.

 

La violencia armada destruye el capital humano y social, provoca rupturas en las dinámicas familiares y sociales, y genera desplazamientos forzosos en búsqueda de entornos seguros libres de armas. Las armas en manos de grupos delictivos pueden sembrar miedo e inseguridad en las mismas estructuras del Estado, ya que las armas proporcionan un poder significativo a los grupos delictivos frente a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad como la policía y el ejército, ya que les proporciona capacidad de enfrentar directamente.

 

Este escenario de posibles enfrentamientos armados entre grupos delictivos y los agentes de las instituciones estatales de seguridad, pone en entredicho el monopolio del uso de la fuerza del Estado, como garante de la seguridad de los ciudadanos, ya que si las armas son medios utilizados por el Estado para garantizar seguridad a las personas, y si hay grupos paralelos con capacidad significativa de uso de arma, entonces esto tambalea y debilita el poder estatal y pone en grave peligro el Estado de Derecho.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto de 2009, afirmó que la violencia armada, sea de carácter político, delictivo o interpersonal, desafía al Estado y debilita los lazos de unión entre los Estados y sus ciudadanos.

 

En países donde no existen conflictos bélicos, la proliferación y uso de armas de fuego, se debe a la acumulación excesiva de armas pequeñas, por ser fáciles de conseguir y transportar.

 

En el 2015, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de México, publicó un informe sobre el delito de tráfico de armas en México y Centroamérica, el cual señala que el problema se agranda y se vuelve cada vez más complejo porque no existen datos exactos sobre el número de armas que circulan de forma ilegal, por lo tanto, ningún país sabe cuál es la dimensión real del problema al que se enfrenta. La poca vigilancia, control y los múltiples puntos ciegos en las fronteras, facilitan el ingreso y circulación de armas.

 

La agudización del problema de la violencia armada en la región centroamericana es un indicador de las deficientes estrategias y políticas públicas nacionales y regionales en materia de seguridad, de garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos; lo cual sugiere la fragilidad de los Estados, que están siendo desafiados por un fenómeno que altera el orden social del uso de la fuerza armada, que comprende al Estado como responsable de controlar las armas.

 

Esta problemática no solo puede ser entendida desde su manifestación evidente como lo es el uso de las armas, sino que debe ser analizada y pensada como el resultado de múltiples causas y complejas condiciones que aumentan la probabilidad de que este fenómeno se manifieste con mayor fuerza. Por tanto existen realidades políticas, sociales y culturales que pueden aumentar la posibilidad del incremento de la violencia armada, entre estas la corrupción, impunidad, desigualdades sociales y económicas, exclusión de grupos minoritarios, deficiencia en los sistemas educativos, violación de Derechos Humanos, etc.

 

Recientemente Guatemala ha presentado una Estrategia Nacional para el Control de Armas, Municiones y Explosivos para la Reducción y Prevención de la Violencia Armada en Guatemala. El presidente Jimmy Morales expresó que “esto viene a sumarse a los esfuerzos que desde distintas instancias se han iniciado para lograr un ambiente favorable para el desarrollo de Guatemala”. El objetivo del documento es contribuir a reducir y prevenir la violencia armada en el territorio.

 

Esta estrategia se fundamenta en 3 ejes: prevención de la violencia armada; eficacia en el control de armas, municiones y explosivos; y la reducción del tráfico ilícito de estos para minimizar su disponibilidad, y con ello evitar su uso en acciones delictivas. En ese contexto de la estrategia, el personal militar especializado destruyó 5 mil 409 armas de fuego de diferente calibre que estaban almacenadas en calidad de depósito, por diversos motivos, en la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

 

Las estrategias y políticas públicas para solucionar esta problemática tan compleja deben ser establecidas a largo plazo. Sin embargo deben comenzar por la disminución drástica de la disponibilidad y flujo de armas de fuego. Siendo las armas de fuego los dispositivos que ocasionan las consecuencias mortales de este tipo de violencia, es preciso iniciar los esfuerzos por disminuir y contrarrestar el uso de los mismos.

 

Para enfrentar esta problemática no existen soluciones inmediatas. Es necesario que los Estados y las sociedades trabajen en diversas estrategias y medidas que incluyan mecanismos de control sistemático de la disponibilidad y acceso a armas de fuego, intervenciones sociales de prevención de la violencia, persecución y desarticulación de organizaciones delictivas transnacionales.