La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera defensor o defensora a “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”. Esta afirmación está fundamentada en el derecho que toda persona tiene, individual o colectivamente, a promover o procurar la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales, a como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores y defensoras.

 

Un rol importante para la democracia

 

La existencia de organizaciones de sociedad civil y de personas comprometidas con la realidad social de los países, que promuevan y defiendan el respeto a los Derechos Humanos es importante. Todo proyecto democrático necesariamente debe articular las perspectivas, planteamientos y propuestas de todos los sectores de la sociedad, y gestionarlos mediante el diálogo y los debates para llegar a propuestas consensuadas, donde no solamente se priorice la voluntad de los que administran el poder político y económico, sino más bien el bienestar común de las y los ciudadanos. La labor que realizan los defensores y defensoras, es vital para la construcción de la democracia, ya que su labor aporta al fortalecimiento de la participación ciudadana y la libertad de expresión, como mecanismos para la construcción de democracias sólidas.

 

Los gobiernos deben estar claros que la existencia de defensores y defensoras responde a contextos en que las estructuras de poder político y económico no han favorecido o propiciado las garantías necesarias para el desarrollo de las poblaciones, contrario a lo que se esperaría en un Estado de Derecho. Las y los defensores existen y trabajan dentro de realidades tangibles con dinámicas que desfavorecen y vulneran la garantía del ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

 

Criminalización de defensores/as de Derechos Humanos

 

En la región centroamericana ha venido tomando relevancia y creciendo la preocupación entorno a la situación de seguridad que viven los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, frente al contexto de grandes proyectos industriales que implica la explotación a gran escala de los recursos naturales. Así lo expone el reciente informe sobre “Criminalización de defensores de Derechos Humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, publicado en febrero 2016, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización mundial contra la tortura, basado en experiencias de algunos países de la región en los últimos años. Entre los casos figura la situación de Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se ha evidenciado el aumento de la criminalización de los defensores y defensoras como mecanismo de represalia a la labor que realizan.

 

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En Guatemala, dos defensores del derecho a la tierra, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López, fueron acusados de asesinato y femicidio en agosto de 2013, por hechos en los que no estuvieron involucrados. El informe detalla que el 27 de agosto de 2013, cuando se dirigían a una audiencia sobre detenciones ilegales contra nueve defensores de derechos humanos del municipio de Santa Cruz Barillas, fueron detenidos en la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala. El 2 de mayo ya habían sido detenidos sin orden de captura. Les acusaron de los delitos de asesinato y feminicidio, producidos a través de dos linchamientos ocurridos en agosto de 2010. La denuncia fue interpuesta el 7 de mayo de 2013. La denuncia no solo fue interpuesta más de 3 años después de los hechos, sino que resulta contradictoria, al igual que las declaraciones testimoniales que se dieron en el transcurso del juicio llevado a cabo entre agosto y noviembre de 2014.

 

El proceso de detención y judicialización de estos defensores estuvo lleno de irregularidades. En primer instancia fueron declarados culpables y condenados a 33 años de prisión en noviembre de 2014, sin embargo, en proceso de apelación en octubre de 2015 fueron declarados inocentes, y puestos en libertad hasta en enero de 2016; un poco más de dos años estuvieron encarcelados.

 

En Honduras, Bertha Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que luchaba contra empresas transnacionales que pretenden construir una represa en un río que su etnia, los lencas, consideran sagrado. Cáceres activista de los Derechos Humanos y de los derechos particulares de pueblos indígenas, fue emboscada por un comando policial en 2013 y acusada de supuesta portación ilegal de armas, y de atentar contra la seguridad interna del Estado, delitos contemplados en la legislación de ese país, condenandola bajo medidas judiciales de libertad condicionada.

 

En Nicaragua, la posible construcción de un canal interoceánico y la forma en que la concesión de este mega proyecto se ha manejado por parte del Gobierno, suscitó desde su anuncio una serie de inconformidades en la sociedad civil, principalmente de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que ellos serán expropiados de sus tierras sin haberse practicado ningún medio democrático de consulta o negociación . La respuesta ante las protestas y movilizaciones ha sido la criminalización de los líderes y liderezas de estos movimientos, quienes han sido detenidos sin justificación y llevados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, lugar que ha sido fuertemente cuestionado por quienes han estado ahí, ya que afirman haber sido sometidos a métodos de tortura.

 

En el informe sobre “Criminalización de defensores de Derechos Humanos en el contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”, también se identificó una serie de elementos que se presentan como una constante en el fenómeno de criminalización de las y los defensores. En principio se les acusa y se les judicializa bajo procesos irregulares en donde la presentación de pruebas y testimonios carecen de argumentos sólidos, además de afirmaciones contradictorias, el actuar de las autoridades ha sido proceder hasta llegar a sentencias e imposición de medidas judiciales como encarcelamiento o libertad condicionada, sin garantizar un proceso de investigación adecuado.

 

Demostrar la inocencia de los defensores, se vuelve una tarea agotadora y llena de miles obstáculos, puesto que se debe recurrir a innumerables trámites y procesos burocráticos violándose gravemente el principio de las garantías judiciales, reluciendo la arbitrariedad y desproporción en el proceder de los operadores de justicia. Una vez demostrada la inocencia del defensor o defensora, simplemente se le informa de la resolución, sin mayores explicaciones y más grave aún, sin ningún mecanismo para resarcir el daño causado durante el tiempo que duró el proceso judicial en su contra con sus respectivas consecuencias a nivel personal y social.

 

Todo esto trae consigo la estigmatización y discriminación de los defensores y defensoras, porque pasan de ser ciudadanos con un activismo social positivo y con un fuerte compromiso social, a ser considerados o tratados como infractores de la ley, lo cual pone entredicho sus acciones desarrolladas en pro del beneficio de la sociedad. Con ello, se vulnera el derecho a la honra y la buena reputación, pues son imputados de delitos graves como homicidios, además esto los pone en situación de riesgo al ser posibles blancos de ataques u hostigamientos.

 

Esta realidad lesiona el derecho a la libertad de expresión, el derecho al uso de los espacios públicos como espacios para la participación ciudadana, de expresión política y de demandas sociales. Se alimenta la idea de que la protesta es un acto contrario a la ley y acrecienta el temor a participar de estas manifestaciones. Además, la labor democrática de los defensores y defensoras se ve fuertemente tambaleada y saboteada por estos mecanismos negativos de control y represión que se está evidenciando en los países de la región.

 

Estrategia para debilitar y desestabilizar las luchas por los Derechos Humanos

 

Existe una especie de complicidad entre el poder político y las empresas de gran capital, en su mayoría procedentes del extranjero. Los gobiernos aprueban leyes para priorizar los intereses económicos, basados en pretensiones de explotación a gran escala de los recursos naturales en condiciones que generalmente desfavorecen a las personas afectadas por los proyectos. No se garantizan los Derechos Humanos, el cuido y conservación de los recursos ni existen garantías de un beneficio real y sostenible para los ciudadanos y ciudadanas que serán afectados por los mega proyectos.

 

Hay una negociación entre la élite del poder político con los empresarios, al margen de la democracia y la transparencia; ya que las condiciones de estas concesiones no han quedado del todo claras y las aprobaciones de leyes para garantizar la ejecución de las obras, no se han realizado con mecanismos de negociación, consulta y participación activa de la sociedad civil.

 

Perseguir y reprimir la protesta social, y sobre todo criminalizar a sus líderes y a los defensores de Derechos Humanos, es un mecanismo para desenfocar los objetivos de las movilizaciones sociales, porque se pasa de protestar por la imposición de proyectos industriales, a protestar por el respeto de los Derechos Humanos del líder o defensor que está siendo criminalizado. La protesta es una expresión concreta de descontento y desaprobación de la población hacia los proyectos o intereses que buscan los gobiernos o grupos de poder.

 

En la región tenemos una cultura donde el o la líder en las movilizaciones desempeña un rol clave para la motivación, convocatoria y cohesión de las protestas, entonces retener a estos actores claves, favorece estratégicamente a los grupos de poder, ya sean políticos o económicos, para concretar sus pretensiones. Mientras se persigue, encarcela y criminaliza a las personas que organizan y motivan la movilización social, los proyectos y las leyes que autorizan su realización, siguen su rumbo hasta concretizarse, pasado el tiempo, tenemos líderes agotados y desgastados desde que inició como defensor hasta que terminó defendiéndose de la persecución judicial.

 

Esta realidad que vive la región es grave para la consolidación de la democracia, puesto que el debate de ideas, el planteamiento de posturas diversas, la libertad de expresión, el derecho del uso de los espacios públicos como medios de participación ciudadana para hacer públicas las demandas, el derecho a la movilización y protesta, el diálogo entre diversos actores de la sociedad civil, la articulación de propuestas entre el gobierno y la sociedad civil, son ejercicios indispensables en todo sistema democrático que garantiza y promueve la participación activa de la ciudadanía.