El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo diez que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, además señala que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”; dicho planteamiento entra fuertemente en contraste ante la realidad carcelaria que viven los países centroamericanos. El hacinamiento agudo y la ausencia de programas eficaces que garanticen la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, son parte de las realidades preocupantes que experimentan los sistemas penitenciarios de la región.

 

Sistemas penitenciarios: parte importante de la vida de los países

 

Andrés Pizarro Sotomayor, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantea que los centros penales son el reflejo de la realidad general de los Estados en los que se encuentran. La situación de las cárceles está definida por múltiples factores, como el diseño de la política criminal, la calidad de la administración de la justicia, la legislación penal, los recursos económicos de los que dispone el Estado, su institucionalidad democrática y su capacidad de diseñar e implementar políticas públicas; el grado de profesionalización de las fuerzas de seguridad, la realidad socioeconómica de la población, los índices de delincuencia y la formas cómo operan los grupos criminales.

 

A pesar de que las cárceles parecieran no ser parte integrante de la sociedad, realmente tienen implicaciones importante en la vida política, social y económica de los países, y urge poner atención a esta realidad y buscar estrategias que mejoren la situación en que viven, pues de lo que suceda dentro de los sistemas penitenciarios, dependerá tener ciudadanos reinsertados en la vida social del país, con potencialidad para aportar al desarrollo; o ciudadanos especializados en acciones delictivas, y en conflicto con la Ley que los haga reingresar a la cárcel, agudizando el hacinamiento.

 

Condiciones de las cárceles y reclusos

 

En Guatemala, El Salvador y Honduras, con la puesta en marcha de las políticas de “mano dura”; se ha favorecido en gran medida el hacinamiento en las cárceles, llegando a tal extremo que algunas cárceles se han salido del control de las autoridades estatales. Según cifras oficiales del año 2015, Guatemala cuenta con 22 cárceles, las cuales albergan a 17,309 hombres y 1,687 mujeres, población que supera en un 212% su capacidad (1). El Ministro de Gobernación de este país, Francisco Rivas, señaló a inicios del 2016, que uno de los retos más importantes en materia de seguridad es construir más centros penitenciarios para reducir la sobrepoblación(2).

 

En Costa Rica a inicios del 2016, los Ministerios de Seguridad y Justicia plantearon establecer alianzas y acuerdos que les permita reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles del país (3). Una de las estrategias que pretenden implementar son las vías alternas de resolución de conflictos a delitos de menor gravedad. Asimismo poner en libertad a aquellas personas privadas de libertad que cumplen condenas menores con comportamientos positivos dentro de la cárcel.

 

En Nicaragua desde el 2014 a la fecha se han puesto en libertad alrededor de 8 mil privados de libertad, bajo el régimen de convivencia familiar, es decir, se les asigna un tutor responsable y se les pide que se presenten al sistema penitenciario una vez al mes a firmar una hoja de control; sin embargo, es importante que en esta etapa se les dé seguimiento oportuno, que incluya atención psicosocial, acompañamiento para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas, ofrecerle alternativas de estudio, esto para acompañar su reinserción a la sociedad y prevenir el reingreso a la cárcel.

 

Esta realidad no es específica de los países de Centroamérica, sino que es parte del contexto que viven todos los países de Latinoamérica. De acuerdo a un estudio realizado por King’s College of London en el 2010, el 70% de los sistemas carcelarios latinoamericanos se encuentran con niveles de ocupación por encima de su capacidad, Haití es uno de los países, donde la capacidad de sus cárceles se ve superada en un 300%. En tales condiciones, es imposible lograr un adecuado programa penitenciario que procure la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

 

El criminólogo salvadoreño Omar Flores, llamó a los centros penitenciarios “bodegas humanas”, debido a que los Estados invierten poco o nada en infraestructura para los sistemas penitenciarios, dando como resultado que las personas privadas de libertad tengan que compartir una celda diseñada para cuatro personas, con ocho o hasta doce personas, lo que se vuelve una experiencia cruel que termina afectando desde la salud física hasta la mental. Duplicar o triplicar la cantidad de personas para lo cual está diseñada una celda, genera experiencias infrahumanas, partiendo del hecho que no cuentan con un espacio vital que les garantice el mínimo confort que todo ser humano necesita, esto deteriora gravemente la calidad de vida de los privados de libertad, quienes tienen derecho a recibir las mínimas condiciones de supervivencia.

 

Garantizar la seguridad y control dentro de los centros penales en estas condiciones que señalamos, se vuelve un drama tanto para las autoridades como para las personas privadas de libertad. El personal que labora en estas cárceles no es suficiente para atender las realidades de las personas privadas de libertad, por ende se dificulta el desempeño eficaz de sus funciones, sumado al riesgo de laborar dentro de estos lugares, donde la cantidad de privados de libertad desborda la capacidad de las instalaciones. Velar por el cumplimiento de programas educativos, psicosociales o recreativos en estos centros no tiene los efectos esperados, partiendo de que la cobertura de estos programas no daría para todos.

 

Realizar la atención psicosocial necesaria que aporte a la reinserción social de las personas privadas de libertad no es efectivo porque la sobrepoblación crea condiciones que favorece la creación de redes delictivas dentro de las cárceles, volviéndose éstas como si se tratara de centros de entrenamiento para el delito, acentuándose más la proliferación de violencia e indisciplina entre los privados de libertad.

 

La extorsión de parte de cabecillas de maras y pandillas desde los centros penitenciarios, es uno de los delitos que más aqueja a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. En el 2010 la Policía Nacional Civil de El Salvador, registró que el 85% de extorsiones fueron organizadas, planificadas y ordenadas desde diversos centros penitenciarios. Esta problemática está vinculada al establecimiento de redes criminales, en las cárceles debido a los altos niveles de hacinamiento, lo cual provoca que salgan del control de las autoridades.

 

Uno de los hechos que pone en evidencia que efectivamente existen centros penitenciarios que son controlados por los reclusos, y además saca a la luz la poca capacidad que están teniendo los Estados para controlar y administrar estos centros, son los enfrentamientos que se generan dentro de las cárceles ya sea entre los mismos reclusos o con los oficiales de Policía o militares del Ejército. En Honduras, en el 2015, un grupo de privados de libertad se resistieron a ser trasladados del Centro Penal de San Pedro Sula a la Penitenciaría Nacional de Támara, esto se convirtió en tragedia pues terminó en enfrentamiento violento entre reclusos y agentes de la Policía y el Ejército (4), pareciéndose más a una guerra que un traslado.

 

El hacinamiento en las cárceles no es un fenómeno estático, es parte de un engranaje social, ocasionado por la poca efectividad de los planes y estrategias de prevención del delito, de los incipientes esfuerzos por la superación de las desigualdades sociales, de la insuficiente inversión que se hace al mejoramiento de las condiciones carcelarias, por la insistencia de políticas de “mano dura” que aumentan penas y delitos. Todo ello, provoca que los sistemas penitenciarios no estén aportando positivamente a la sociedad, y convirtiendo a las personas privadas de libertad en una población minoritaria marginada y excluida de la vida social de los países.

 

Privados de libertad, no de sus derechos

 

La garantía y el respeto a los Derechos Humanos de las y los privados de libertad, se vuelve una problemática difícil de resolver en condiciones de hacinamiento. Las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud, a la educación, a un trato digno que respete y garantice su condición de persona, derecho a la recreación, al acceso de la justicia, a la protección de su integridad física, a vivir en condiciones de higiene, a la alimentación adecuada, etc. Los centros penitenciarios cercenan a sus ocupantes de los derechos y dignidad inherentes a toda persona humana, sin embargo, los Estados invierten pocos recursos en esta población minoritaria, y se ha ido intensificando la problemática, sin visualizar que a largo plazo esta situación tendrá un altísimo costo social y económico.

 

Los sistemas penitenciarios deben ser componentes importantes dentro de las sociedades, que jueguen a beneficio del desarrollo y bienestar de los países, puesto que deben ser lugares donde las personas que han entrado en conflicto con la ley, quebrantando el orden y la estabilidad social, se les pueda ofrecer un proceso de rehabilitación integral, con opciones de cambio que permita una vez terminada la medida privativa, que las personas salgan a la sociedad con las capacidades necesarias para reinsertarse a la dinámica y proyecto de país.

 

Los Estados de la región han hecho muy poco para solucionar la problemática, y los recursos que destinan son insuficientes. La solución va mucho más allá de la creación de nuevos centros penitenciarios o la simple ampliación de las cárceles y el control sobre éstas, ya que el aumento de las personas privadas de libertad está explicado desde las realidades estructurales de pobreza, desigualdad, desempleo, marginación, carencia de oportunidades, falta de garantía de los Derechos Humanos, economías vulnerables, violencia, aumento de las acciones del crimen organizado que viven los países; realidades que favorecen las condiciones para que un ciudadano o ciudadana termine siendo privado de libertad. Todo esto son problemáticas complejas que se deben integrar en el análisis del hacinamiento carcelario.

 

Es necesario la creación e implementación de estrategias estatales y de la sociedad en pro de la búsqueda de soluciones a los problemas que viven las y los ciudadanos privados de libertad, y así logren atacar a fondo las causas estructurales de tan complejo fenómeno, lo cual es propio de un Estado democrático que promueva el bien común y el ejercicio y cumplimiento de los Derechos Humanos.