La violencia es uno de los fenómenos sociales que más deteriora la vida de la población de un país y entorpece los esfuerzos por alcanzar un adecuado desarrollo económico. Adicionalmente, cuando la violencia aumenta de forma considerable,  provoca rupturas en las relaciones civiles y políticas ya que genera desconfianza entre los habitantes, aumenta la percepción de inseguridad, el temor a ser víctimas y el descontento por la pérdida de equilibrio en el cumplimiento de las normas sociales y legales aceptadas por la comunidad.

Nicaragua tiene una larga historia de conflictos sociales y violencia política. Ese legado de volatilidad social ha contribuido a debilitar la construcción y consolidación de una democracia eficaz. En ese sentido, el país ha oscilado entre breves períodos históricos de estabilidad y otros períodos de mayor conflictividad. Durante los últimos cinco años (2011 – 2016), en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) hemos venido observando una tendencia al aumento de ciertas expresiones de violencia, particularmente aquellas relacionadas a tensiones políticas.

Creemos que los crecientes niveles de violencia política observados, están vinculados al surgimiento de diversas expresiones de descontento social frente a decisiones y comportamientos de grupos de poder o en relación a ciertas acciones del Estado. A su vez, las expresiones de descontento se han agudizado y complejizado en un contexto en el cual se han cerrado los espacios de diálogo y de búsqueda de consensos. Ante la ausencia de dichos espacios y la falta de alternativas para la exploración creativa de respuestas pacíficas mediante procesos democráticos, parece surgir una mayor probabilidad de expresiones de protesta violenta.

 

Irregularidades políticas que crean descontento social

El fenómeno antes descrito no siempre resulta obvio, en tanto las expresiones de violencia desde el Estado o de protesta violenta desde grupos sociales no ha alcanzado una escala mayor ni trasciende más allá de ciertos medios de comunicación acuciosos en el monitoreo de estos fenómenos. No obstante, existen ciertas expresiones de conflictividad que sí son más obvias. Por ejemplo, el anuncio y aprobación de leyes para dar paso a la posible construcción de un canal interoceánico, que implica la expropiación y explotación de territorios indígenas y afro descendientes, es quizás el caso más emblemático. Ha sido motivo para que movimientos campesinos e indígenas manifiesten su descontento ante la posibilidad de ser expropiados de sus territorios.

Organismos de sociedad civil y expertos han señalado que nos encontramos ante un gobierno que centraliza el poder, desvaneciendo la independencia que debe existir entre los poderes del Estado. Todas las decisiones y acciones están siendo dirigidas casi en su totalidad, de forma centralizada, desde la presidencia de la República. La excesiva centralización del poder es un factor que complejiza el fenómeno de la violencia política, ya que instituciones como el Ejército de Nicaragua y la Policía han perdido su autonomía, pasando a ser instancias que controla el presidente sin ningún intermediario o supervisor externo. La designación de cargos estratégicos en estas instituciones, y la definición de las estrategias que les competen, ahora son definidas a discreción del presidente, sin establecer ningún mecanismo de supervisión de otra instancia.

Creemos que la tendencia de aumento de la violencia política no puede ser vista de forma aislada, y más bien debe analizarse como un fenómeno vinculado al surgimiento de un modelo político “hiperpresidencialista” y autoritario. En noviembre de 2016, se celebraron elecciones nacionales caracterizadas por un amplio descontento. Varios sectores sociales señalaron que no existían condiciones democráticas para que se llevaran a cabo elecciones legítimas. Entre los temas de mayor preocupación, se resaltó el desmantelamiento del principal grupo opositor—la Coalición Nacional por la Democracia—, la expulsión de los diputados del Partido Liberal Independiente de sus curules legislativos antes de finalizar sus períodos constitucionales, y la realización de elecciones sin observación nacional e internacional.

Importantes sectores de la sociedad nicaragüense manifiestaron su desacuerdo y rechazo al actual gobierno, debido a esta forma de administrar el poder. Ante la ausencia de espacios de diálogo y mecanismos de consenso nacional, grupos de ciudadanos, campesinos e indígenas, han salido a las calles de forma pacífica a expresar y exigir que se les atiendan sus demandas.

Estas expresiones de descontento han terminado en episodios de violencia, unos más críticos que otros, debido a que la Policía Nacional ha tratado de intimidar y contener la libre circulación. Con esto se violenta el derecho democrático a la libertad de demandar y exigir a las autoridades del Estado.

A inicios de diciembre 2016, se dio la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con la que se inició un proceso de diálogo entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua, específicamente sobre los recientes comicios, que han sido criticados desde distintos sectores por su falta de transparencia y por la exclusión del principal grupo de la oposición.

Aunque la visita del secretario de la OEA se dio exclusivamente en el marco de un proceso de diálogo referido a las críticas del proceso electoral, no deja de ser de interés para este organismo, todo el engranaje de conflictos y descontentos que actualmente vive el país, sobre todo aquellos referidos a los derechos políticos, a las garantías democráticas y de los Derechos Humanos en general.

Una de las sesiones de trabajo de Almagro consistió en reunirse con diversos representantes de sectores sociales, como lo son el movimiento campesino e indígena, la iglesia, partidos políticos de oposición, defensores de Derechos Humanos. El secretario de la OEA, tuvo la oportunidad de conocer los diferentes puntos de vistas que estos sectores tienen en relación a la realidad social y política que vive el país. Uno de los problemas más sentidos fueron los niveles de conflictos, y las frecuentes manifestaciones de violencia por motivos políticos.

 

Violencia por motivos políticos cada vez más frecuente

La violencia política es una clasificación que refiere a “la acción violenta de grupos organizados motivados para exigir modificaciones en la  estructura  de  poder,  su  distribución  o  la  forma  en  que  se  ejerce.  Se habla de violencia política cuando se puede atribuir a sus protagonistas un propósito relacionado con el poder político: partidos, organizaciones, gobiernos o instituciones” (Moreno, 2009, p. 28).

Esta clasificación de la violencia que se realiza en base a las motivaciones que desencadenan eventos agresivos, también es utilizada para referirse al uso de la fuerza violenta ejercida por los gobiernos contra quienes se oponen a su autoridad.

Los resultados de la VII Encuesta de percepciones sobre seguridad ciudadana (Ieepp, 2014) muestran que entre los años 2012 y 2014,  el  temor  a  ser  víctima  de  violencia política  se  incrementó. Este resultado se debe  al  aumento  de  los  niveles de conflictividad social del país y a los métodos o formas que  las  autoridades  emplean  en  el  tratamiento,  manejo  y  gestión de estos conflictos.

De acuerdo a la VIII Encuesta de percepción realizada por IEEPP en 2015, la violencia política no figura como uno de los principales problemas de seguridad, pues alcanza niveles de 4.9% a nivel de país. Sin embargo las personas consultadas sienten que este problema va en aumento, pues el 59.7% de los entrevistados señaló que los conflictos y violencia ha aumentado en el país durante los últimos seis meses del 2015 (IEEPP, 2016).

Esto merece atención, ya que en un Estado de Derecho, como lo  establece  la  Constitución  Política  de  Nicaragua, es  imprescindible  que  los  ciudadanos  se  sientan  seguros y  respaldados  por  las  autoridades.  Por lo que se hace necesario emplear estrategias democráticas para gestionar los conflictos sociales y seguir fortaleciendo la democracia.

Estados Unidos de América en el 2015 emitió un comunicado, en el cual expresó su preocupación por varios enfrentamientos violentos ocurridos frente al Consejo Supremo Electoral, donde resultaron varias personas heridas y detenidos por la Policía Nacional. "Al Gobierno de Estados Unidos le preocupa los informes sobre la violencia ocurrida durante las demostraciones previamente programadas frente al Consejo Supremo Electoral (CSE) en Managua", señalaba el comunicado.

Elvira Cuadra, directora del IEEPP y experta en temas de seguridad, afirmó que preocupa “el hecho de que esté resurgiendo la violencia política, o la violencia vinculada con motivaciones políticas en Nicaragua, y el tratamiento que les da las instituciones del estado, no es el más adecuado. Cuando hay ciudadanos que muestran descontento, la mejor vía es abrir espacios de diálogos y consenso” (Cuadra, 2016).

El politólogo y experto internacional Claudio Alpizar (2015), afirmó que “si la violencia política se mantiene en el tiempo y hay una constancia de sucesos, se podría hablar de una inestabilidad en la sociedad nicaragüense”. Nicaragua es una sociedad pos guerra, y en su historia hay múltiples episodios en el que la conflictividad social producto de los descontentos de grandes grupos, han terminado en conflictos armados. Por tanto los actuales gobiernos deben retomar las lecciones del pasado, para abrir mecanismos de diálogos y negociación para canalizar las frustraciones y descontentos sociales. 

No es saludable para el país, cerrar los espacios de diálogo político y social. El cierre de esos espacios, combinados con la centralización del poder y el uso político-partidario de los órganos de seguridad, son ingredientes volátiles que aumentan la probabilidad de escenarios de violencia política. En Nicaragua, ya existen manifestaciones importantes de este fenómeno tan nocivo, pero aún estamos a tiempo para disminuir las tensiones si la sociedad y el Estado toman medidas preventivas orientadas a una cultura de participación ciudadana, de diálogo y respeto a los derechos.