Los países del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras sufren el flagelo de las extorsiones. En Honduras le llaman “impuesto de guerra” y en El Salvador “renta”. Las organizaciones criminales y grupos de pandillas realizan esta actividad delictiva para obtener dinero y financiar sus actividades ilegales. Este delito desestabiliza por completo la vida de los ciudadanos, quienes viven bajo amenaza de perder sus vidas en caso de no ceder a la extorsión, y además una parte de sus escasos ingresos económicos deben entregarlo a los grupos criminales.

 

La extorsión impacta negativamente en la garantía de los Derechos Humanos, es una de las causas de las migraciones forzadas, desalienta la inversión económica, el comercio y el emprendedurismo juvenil. Solo en Honduras, "... entre 2012 y 2013 cerraron unos 18,000 negocios por las presiones de los pandilleros y consecuentemente se perdieron al menos unos 72,000 empleos directos” reporte del Eleconomista.net. Y según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (2014), "... de 2,920 propietarios, un 13% identifica que el principal obstáculo para invertir en el país es la extorsión”.

En Guatemala Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo , afirmó en 2015 que “en los últimos tres años los delitos de extorsión aumentaron 20%, afectando la competitividad y reduciendo la capacidad del país para atraer inversión extranjera”. Una empresa que desee operar en Guatemala debe destinar entre el 8 al 15% de sus gastos en seguridad para poder operar. El dato lo dio Víctor Guillén, gerente de compras, importaciones y exportaciones de Dagas, difundido por Elperiodico.com.gt, quien reveló que su empresa destina Q250 mil ($32 mil) al mes para la seguridad de sus plantas, camiones y trabajadores (Central America Data, 2016).

La Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de Honduras informó que el país donde más se paga extorsión es en El Salvador, seguido por Honduras y Guatemala ocupa el tercer lugar. Los datos proporcionados por la FNA indican que en El Salvador se pagan más de U$ 390 millones de dólares anuales. En Honduras se pagan alrededor de U$ 200 millones y en Guatemala un poco más de U$ 61 millones de dólares (Criterio.hn, 2016).

Quienes realizan este tipo de actividad delictiva son agrupaciones que pertenecen a pandillas, de modo que al realizar esta práctica proveen de fondos a la misma para que esta pueda adquirir armas y todos sus recursos con los que opera. El principal fondo solicitado a las víctimas es el dinero, pero también el pago puede ser solicitado en especies como celulares, comida, ropa, vehículos y transporte para los pandilleros, entre otros.

Por su periodicidad y cantidad solicitada se pueden identificar algunos tipos de extorsiones: la extorsión única, la periódica, mixta y micro extorsión. La única conlleva intimidación ejercida sobre diversos sectores, con la finalidad de exigir una sola vez determinada cantidad de dinero o especies. La extorsión periódica, denominada “renta” o “impuesto de guerra”, está orientada al comercio y al sector transporte y “consiste en exigir diferentes cantidades de dinero que son entregadas, semanal, quincenal y/o mensualmente durante un período” a las pandillas. También se han identificado otros tipos de extorsión, tal como la mixta, que inicia con una sola exigencia y luego se convierte en periódica; y la micro extorsión, que se hace en pequeñas cantidades y se exige por el hecho de ingresar al espacio territorial donde la pandilla posee presencia o reside (Ayala, Padilla & Santamaría, 2014).

Además, las modalidades de extorsión periódica y única pueden desagregarse en otras clasificaciones que permiten profundizar el análisis e investigación del fenómeno:

  • Por tipo de víctima: particular, comercio, transporte.
  • Por la forma de contactar del extorsionista: presencia física, telefónica, web.
  • Por el tipo de amenaza: de muerte, contra propiedad, contra integridad de familiares, de secuestro.
  • Por la forma de recepción de la exigencia: pago personal, depósitos.
  • Por el origen: desde el penal, transnacional, por particular.
  • Por el tipo de exigencia: dinero, especies.

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Esto nos permite entender las particularidades del fenómeno, y de esta forma diseñar estrategias que atiendan y busquen soluciones con diversos mecanismos adecuados a la característica de la extorsión. Por ejemplo si la extorsión se produce desde los sistemas penitenciarios, las instituciones deben trabajar en fortalecer los mecanismos de control dentro de los mismos. Si las víctimas son comerciantes o transportistas, ¿que garantías están proporcionando las instituciones garantes de la seguridad ciudadana? Estas manifestaciones del delito no tienen respuestas inmediatas, pero nos adentran en el análisis para entender que las soluciones deben venir de esfuerzos articulados e interinstitucionales.

Ciclo de la extorsión

Según la Revista Policía y Seguridad Pública “Pandillas y extorsiones", el ciclo se origina con la toma de decisiones en cuanto a la ejecución del hecho. Esta actividad puede desarrollarse al interior de un centro penal o en el territorio donde radique la pandilla o particulares. Una vez tomada la decisión, se procede a la búsqueda de información de la víctima potencial. La planificación del delito involucra la selección de la víctima y la selección de la persona que realizará el cobro, así como la forma y el lugar del mismo.

En algunas ocasiones la extorsión abarca también a las personas que son seleccionadas para notificar a las potenciales víctimas pues son amenazadas para que realicen el cobro o notificación a las víctimas. Estas personas que se encargan de la negociación o notificación de la extorsión suelen ocupar como método extorsivo, las llamadas telefónicas o entrega de notas a sus víctimas.

En Honduras, la extorsión es uno de los delitos que afecta significativamente a la población. Estudios de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) indican que el área comercial de Honduras paga alrededor de U$ 600 millones de lempiras a las agrupaciones; los dueños de puestos en los mercados pagan U$ 92 millones y el sector transporte ronda los U$ 540 millones de lempiras.

 

Según el informe de InSight Crime “Maras y pandillas en Honduras”, la extorsión es un negocio rentable, en vista que indica que “todas las pandillas y maras principales en Honduras dependen de los ingresos derivados de la extorsión en contra del sector del transporte público. Una mara o pandilla extorsionando al transporte público en Tegucigalpa puede tener ganancias netas de hasta US$2.5 millones de dólares por año”. Así mismo, según datos proporcionados por InSight Crime indica que datos recabados por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) establecen que “la extorsión le cuesta a Honduras U$ 200 millones de dólares al año. Para un país cuyo producto interno bruto es de apenas U$ 20 mil millones de dólares, dicha cifra representa cerca del 1% del total.”

Jorge Lanza, jefe del Consejo Nacional de Transporte de Honduras, comunicó que en el año 2016 se han quemado aproximadamente 30 autobuses urbanos e intermunicipales, que sumados a la quema de camiones proveedores de alimentos, representan la situación grave que pasa el país como consecuencia de las redes de extorsión que atacan a las empresas que en ocasiones una sola de ellas paga a más de dos grupos extorsionistas.

Esta situación ha traído como resultado no solo la pérdida de personas víctimas de los grupos extorsionadores –63 trabajadores del transporte público han muerto en los primeros cinco meses de 2016, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras– sino también la pérdida económica de los comerciantes y el encarecimiento de los productos, pues las grandes empresas ya no entran a repartir sus productos en lugares donde las pandillas controlan el territorio y por ende la población compra más caro sus productos o tienen que salir a conseguirlos a otros lados, encareciendo el costo.

Similar a Honduras es el caso de El Salvador ya que según información del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, los pequeños comerciantes pagan en extorsiones aproximadamente 10 millones de dólares mensuales. Así mismo según el estudio divulgado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, “Extorsiones a la micro y pequeña empresa de El Salvador”, al menos el 22% de las micro y pequeñas empresa de El Salvador han sido víctimas de la extorsión de las maras o pandillas.

Si bien mediante encuestas o estudios se ha logrado tener datos sobre la magnitud de la extorsión en estos países es evidente que estos datos no reflejan con exactitud la información y magnitud real de este fenómeno, pues en muchas ocasiones las víctimas de este delito no denuncian a sus agresores ya sea por miedo a represalias o por la falta de confianza en las autoridades. Lo que usualmente se conoce como “cifra negra” o “cifra oculta” presente en el delito de la extorsión.

A través de la extorsión los mismos ciudadanos en contra de su voluntad están financiando a los grupos delictivos y criminales; lo cual genera un impacto psicológico y social muy fuerte, pues están financiando su propia inseguridad y violencia del que son ellos mismos víctimas. La extorsión vulnera la seguridad y el bienestar de las personas, y también impide el desarrollo de la inversión en el país afectando de manera directa la economía nacional. El alto nivel de presencia e influencia de las maras o pandillas así como la poca confianza de la población a las autoridades hacen que el delito de la extorsión sea un negocio millonario.