En diciembre de 1995, la región centroamericana estableció el Tratado Marco de Seguridad Democrática como el punto de partida para repensar, replantear y establecer la seguridad bajo el paradigma de la democracia y todo lo que ella implica. Este tratado ha sido un referente para la concepción de los principios de la seguridad. Uno de los planteamientos del tratado señala que los países de la región deben esforzarse por el establecimiento de un balance razonable de las fuerzas militares y de seguridad pública de acuerdo con la situación de cada Estado parte.

 

Los planteamientos del Tratado Marco, nacen en un contexto, donde varios países estaban haciendo esfuerzos por superar los conflictos armados y establecer bases para construir la paz en la región. Por ende su razón de ser es la conservación del equilibrio y balance para no retroceder a los problemas que habían dado inicio a los conflictos armados. Se estaba renunciando rotundamente al uso de las armas, y se acordó resolver los conflictos con mecanismos democráticos y pacíficos que conservaran la paz y armonía en la región.

La compra de armas, equipos militares y el fortalecimiento de los ejércitos de la región deben estar en coherencia con las necesidades reales de cada país, y tener en cuenta la conservación del equilibrio razonable de las fuerzas, para evitar las tensiones.

 

De la guerra a los cuarteles, de los cuarteles a las calles

 

Una vez terminados los viejos conflictos armados de la década de los 80, todos los recursos técnicos, operativos y humanos de los cuerpos castrenses fueron relegados a los cuarteles; sin embargo, surgía la pregunta ¿para qué se necesita todos esos recursos y el armamento militar? Entre las respuestas aparecía el principio de la defensa de la soberanía de cada país, razón por la cual siguen existiendo los ejércitos. Sin embargo para aprovechar más estos recursos militares, surgieron nuevas tareas y nuevos roles que les fueron asignados, por ejemplo, el apoyo a tareas humanitarias, en condiciones de desastres.

 

Con el surgimiento y fortalecimiento cada vez mayor de las amenazas del crimen organizado, los ejércitos empezaron a sumar nuevas razones para el mantenimiento y fortalecimiento de su institución armada, ya que ahora los Estados los han convertido en pieza clave en las labores de persecución y contención de las operaciones del crimen organizado, porque representa una amenaza a la seguridad nacional. Esto fue una especie de puerta de entrada para que los militares tengan cada vez mayor protagonismo en las tareas de seguridad.

 

En Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los índices de criminalidad llegan a escalas epidémicas, como lo ha afirmado la Organización Mundial de la Salud, en base a las tasas de homicidios; los gobiernos de estos países han dado mayor protagonismo a los militares, asignándole tareas de seguridad ciudadana, y abriendo posibilidades para que asuman cargos en la vida política civil del país. Todo ello conlleva a que los gobiernos asignen grandes partidas presupuestarias y potencialicen cada vez más los recursos humanos, técnicos, operativos y armamentísticos de los ejércitos.

 

En este contexto de relevancia y protagonismo que están teniendo los ejércitos en la región, ha surgido la preocupación de algunos países en relación al mantenimiento del balance de las fuerzas armadas ¿Qué tan amenazado está el equilibrio de las fuerzas armadas en la región? ¿Cómo esto genera tensiones entre los países vecinos? ¿Realmente el incremento de fuerza militar contribuye al control y erradicación del crimen organizado, o al mantenimiento de la seguridad ciudadana?; son parte de las interrogantes que surgen sobre todo cuando en los últimos años se ha visto el interés de algunos países de Centroamérica en adquirir equipos y armamentos bélicos para fortalecer sus ejércitos, acciones que algunos especialistas y sectores han interpretado como el surgimiento de una carrera armamentista.

 

Compras de armas bélicas

 

En octubre de 2013, Guatemala recibió una donación de Estados Unidos de seis helicópteros Súper Huey valorados en 40 millones de dólares y repotenció 12 helicópteros donados en 2014 por Taiwán y tres UH-H1, de manufactura estadounidense, que hace muchos años integraba su flota militar. El Salvador en 2012 obtuvo tres helicópteros de Estados Unidos valorados en nueve millones de dólares, en 2014 recibió 10 aviones A37 Dragonfly que compró en 8.5 millones de dólares a Chile y que fueron desechados por el ejército chileno por tener más de 50 años de haber sido construidos en Estados Unidos.

 

De acuerdo al periódico EL UNIVERSAL, en 2015, las Fuerzas Armadas de Honduras recibieron cuatro helicópteros UH-H1 donados por Taiwán. Compraron dos aviones Let-410 a la República Checa y negociaron con Brasil que la empresa de ese país Embraer le repare seis aviones T-27 Tucano por U$ 9.5 millones de dólares. En 2014, Honduras obtuvo seis helicópteros donados por Estados Unidos y en 2012, con un préstamo de 62 millones de dólares, compró dos corbetas (Buques de guerra) a Holanda.

 

En los últimos años Rusia ha estado proporcionando armamento y apoyo militar a Nicaragua, ya sea en concepto de cooperación o por compras. En 2009 el ejército nicaragüense recibió dos helicópteros Mi-171, y desde ese año ha entregado una ayuda castrense por más de U$26.5 millones de dólares, con lo que adquirió armas, uniformes y vehículos militares blindados en Rusia.

 

A finales del año 2014 autoridades del gobierno de Nicaragua confirmaron que comprarían a Rusia seis aviones MiG-29, valorados en 29 millones de dólares cada uno, a la fecha no hay información que confirme la concretización de esta compra. A finales de abril del presente año se confirmó, mediante declaraciones de autoridades rusas, que el gobierno de Nicaragua compró 50 tanques de guerra a Rusia, valorados aproximadamente en 80 millones de dólares. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha afirmado que su objetivo es modernizar y fortalecer el ejército; además se ha argumentado que son equipos para contrarrestar las operaciones del crimen organizado transnacional, sin embargo expertos en este tipo de armamento sostienen que son equipos de guerra, y que muy poco podrían contribuir a combatir al crimen organizado.

 

Elvira Cuadra, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, explicó que las capacidad del Ejército, de las fuerzas armadas en general, y de las policías “se definen dependiendo de las amenazas al país, y ¿Cuáles son las amenazas a Nicaragua y Centroamérica que podrían justificar o no, la adquisición de este armamento?”. Cuadra explicó que en la región existen tres amenazas: delincuencia y la criminalidad común, crimen organizado, en particular, el narcotráfico y, la violencia política. Sin embargo “ninguna de las tres amenazas ameritan este tipo de armamento (tanques)”.

 

¿Carrera armamentista o militarización?

 

Las adquisiciones de armamento militar han preocupado a las autoridades de los países vecinos, y a expertos en la materia, quienes señalan que se están creando condiciones para una renovada carrera armamentista en la región. Skarlleth Martínez, investigadora de IEEPP, ha afirmado que Centroamérica atraviesa un proceso de militarización mediante la adquisición de armamento y medios, el incremento de efectivos y gasto militar, la construcción de instalaciones y bases, la aprobación de leyes, la militarización de las policías y la policialización de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el aumento de los presupuestos en toda la región porque la nueva apuesta de los gobiernos es combatir la delincuencia y el narcotráfico a través de las fuerzas armadas.

 

Otra preocupación ante estas compras millonarias de equipos de guerra, es que no obedecen a una lógica de respuesta a las más agudas necesidades que atraviesa Nicaragua y los demás países centroamericanos, como lo son la pobreza extrema, marginación social, falta de empleos, deficiencias en el sistema de salud pública, educación con baja calidad; sin embargo a pesar de estas realidades Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala mantienen un constante aumento de sus gastos militares anuales (Ver imagen “Gasto en armas).

 

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI), reconocido centro de Suecia de monitoreo de gastos militares, señala que los presupuestos de los ejércitos de los cuatro países aumentaron de U$674.6 millones de dólares en el año 2,000 y de U$713.1 millones de dólares en 2,002 a U$772.3 millones de dólares en 2,012, a U$879.3 millones de dólares en 2013, y U$889.4 millones de dólares en 2014, para llegar a U$891.4 millones de dólares en 2015.

 

En contraste con el gasto militar, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que, en el periodo 2014-2016 y con más de 36 millones de habitantes, en las cuatro naciones hay 5.3 millones de personas subalimentadas. Del total, en El Salvador suman 800 mil personas (12.4% de la población), 2.5 millones en Guatemala (15.6%), un millón en Honduras (12.2%) y otro millón en Nicaragua (16.6%).

 

El costarricense Rándall Arias, director ejecutivo de la (no estatal) Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), afirmó que “la remilitarización en Centroamérica, ahora empujada por Nicaragua en conjunto con Rusia, es un retroceso más del frágil equilibrio cívico-militar que se logró” con un acuerdo regional de paz de 1987, además de considerar estas acciones como “pequeñas bombas de tiempo”.

 

El canciller costarricense Manuel Gonzáles expuso que la reciente compra de armamento por parte de Nicaragua “es motivo de preocupación para toda la región, además que esto podría provocar que otros países se sientan motivados también a adquirir más armas de guerra”, añadió que las necesidades de la región no son las armas, sino “combatir la pobreza con educación, con más salud, con más tecnología, con mejor infraestructura, eso es lo que representan las prioridades en la región centroamericana, en atender temas de migrantes tanto los que van hacia el norte como los que van hacia el sur”.

 

Por otro lado, el nicaragüense Roberto Samcam, mayor en retiro, cuestionó la compra de los tanques en las condiciones actuales de Nicaragua, pues “este tipo de medios únicamente sirven para una guerra convencional y el país no está en guerra, y si los utilizarán únicamente para los desfiles”, a su criterio sería una inversión inútil, dado que hay unos 100 Tanques T-54 que permanecen embodegados.

 

Hasta el momento no existen necesidades reales que puedan justificar la adquisición de armamentos militares, al contrario, estos gastos millonarios no responden a las necesidades y prioridades más urgentes de la región. La compra de estos equipos bélicos genera tensiones entre los países centroamericanos porque se sienten amenazados por una eventual agresión. Algunos sectores políticos y de la sociedad civil, consideran que de mantenerse la tendencia de lo que han interpretado como una carrera armamentista, podría ocasionar una posible ruptura del equilibrio y balance de las fuerzas armadas en la región lo cual ven como negativo para la concretización de las democracias, para la débil integración regional y la conservación de la paz que se pactó y firmo en los años 90.