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08 al 21 de Mayo, 2006.

 
En Guatemala, el costo, los trámites y la capacitación requeridos para poder portar un arma de fuego es menor, en relación con los que exigen para manejar un automóvil. Según el Ministerio de Gobernación, estas pocas exigencias han generado la extensión del uso de armas por civiles y la utilización de éstas en hechos delictivos. Desde 1991 el Departamento de Control de Armas y Municiones, ha registrado 290 mil licencias para portar armas de fuego.
La Comisión de Gobernación está enfocada en cambiar los artículos por los que el presidente Óscar Berger vetó la ley contra el crimen organizado. Los artículos a revisar se relacionan con corregir la ley que aprobaba la disminución de las penas de 28 delitos de alto impacto a la mitad -como narcotráfico y secuestro- e incluir la comercialización de vehículos robados en el país. Las organizaciones civiles han pedido a la Comisión que se incluya un control judicial para las figuras de agentes encubiertos, entregas controladas y espionaje telefónico, pues la ley establece que sólo sea el Fiscal General el que lo tenga que autorizar.
Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, acusó a grupos paralelos y al crimen organizado de tratar de desestabilizar al país. Vielmann indicó que, giró órdenes para que agentes encubiertos operen en los autobuses, aunque no precisó la cantidad por seguridad. Según el ministro de Gobernación son agentes de la Policía que saben de investigación y que estarán trabajando de forma rotativa en los buses.
Mientras el Ministerio de la Defensa tiene registrados dos mil 400 soldados que dan apoyo en el programa de seguridad ciudadana, Gobernación tiene el reporte de mil 972. Según el secretario de Comunicación del Ministerio de la Defensa, Jorge Ortega, los soldados que están en la calle son dos mil 400 y reclutan a 600 más, para cubrir las tres mil plazas autorizadas. Defensa utilizó Q36 millones sin licitar para equipar a los dos mil 400 ex militares.
Para las autoridades de Gobernación, los hechos delictivos de las pandillas y crimen organizado han disminuido, con los planes de seguridad que se impulsan. El ministro de gobernación, Carlos Vielmann, aseguró que producto de la intensificación de las operaciones policiales, se ha capturado a decenas de pandilleros que asaltan y extorsionan a los pilotos y comerciantes.
En El Salvador, e l presidente Antonio Saca, anunció un refuerzo de $14 millones para que la Policía Nacional Civil mejore su trabajo investigativo contra la delincuencia y la violencia social. El presupuesto de la policía es de 134 millones de dólares, con estos refuerzos el presupuesto sería de $ 148.5 millones. Recientemente se le otorgó un refuerzo de 3.5 millones y, para junio, se hará otro refuerzo de 3.5 millones.
El ministro de Gobernación, René Figueroa, pidió a las jefaturas policiales que hagan mayores esfuerzos para reducir los índices de homicidios. En los primeros cuatro meses de este año se ha reflejado un aumento de 50 casos respecto de 2005, según estadísticas de la Policía Nacional Civil. Figueroa señaló que desde el inicio de esta gestión presidencial se han impulsado una serie de planes de seguridad y se han creado nuevas unidades élites y de investigación en un intento por frenar los altos índices de homicidios. Sin embargo, ninguno de esos esfuerzos ha logrado detener la ola de crímenes, y por el contrario, las cifras han aumentado.
A pesar de las observaciones de una gremial de jueces y magistrados, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, confirmó que sancionó la Ley de Protección a Testigos y no encontró las inconstitucionalidades que advierten los juzgadores el lunes pasado. Los judiciales objetan que los testigos declaren con el rostro cubierto porque, según ellos, viola tratados internacionales que garantizan los derechos de los imputados. Además, cuestionan el demasiado protagonismo de Gobernación.
El Salvador está señalado como uno de los países de América que sufre mayor costo por la violencia armada en un informe difundido ayer por la Red Internacional sobre Armas de Pequeño Calibre. El reporte señala que El Salvador gastó en un año $1.7 mil millones por la violencia social, “el doble de lo que eroga para salud y educación juntos”. El informe señala que toda Latinoamérica gasta $140 mil millones en violencia armada, es decir, un 12% de su Producto Interno Bruto (PIB).
La Fuerza Armada de El Salvador anunció que trabaja en un plan de “masificación” del servicio militar con el fin de aumentar la participación de los jóvenes en la formación y disciplina castrenses. Los objetivos del proyecto se enmarcan en: mejorar las reservas militares de la institución y prevenir la incorporación de los jóvenes en acciones contra la ley, según indicara el ministro de Defensa, Otto Romero. El presidente Antonio Saca dijo que el plan no implica aumentar las fuerzas militares, ya que las cantidades están normadas por acuerdos regionales que establecen las cifras en cada país.
En Honduras, autoridades de la Secretaría de Seguridad graduaron a 258 nuevos policías, que en cumplimiento a la promesa del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, serán asignados para redoblar esfuerzos para el combate a la criminalidad y delincuencia en el país. El objetivo de este proceso de formación de agentes es que contribuyan a recuperar la paz y tranquilidad del pueblo hondureño.
El sub jefe de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación, sub comisionado Mario Zepeda, reportó que las autoridades de la policía decomisaron un cargamento de armas de guerra, de fabricación rusa que según las autoridades sería intercambiado por cocaína con la guerrilla colombiana. El cargamento, fue valorado en millón de lempiras en el mercado negro.
El ministro hondureño de Defensa, Arístides Mejía; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romero Vázquez, y la diputada del Partido Liberal, Elvia Argentina Valle conforman la delegación hondureña que viajará a Washington para reunirse con el secretario de Defensa de EUA, Donald Rumsfeld, y el jefe del Comando Sur del Pentágono, general Bantz Craddock, para coordinar, compartir información y estrechar estrategias contra el narcotráfico y el terrorismo.
El ex ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, sugirió al presidente de la República,  Manuel Zelaya Rosales, que si el Estado no tiene recursos para luchar contra la delincuencia organizada, que pida ayuda internacional. Fonseca considera que cada país del área es incapaz de dar una respuesta. Agregó, que los Estados Unidos por su parte tiene la mayor responsabilidad debido a que casi toda la droga que se manipula desde el sur de América y que pasa por Centroamérica tiene como destino real esa nación del norte. Señaló que EEUU debería de formular un programa que dé como resultado el combate a la droga y al crimen organizado no aisladamente, sino que con la colaboración de todas las fuerzas armadas y policíacas del istmo.
En Nicaragua, la n ueva ley ambiental nicaragüense, es insuficiente para que el Ejército de Nicaragua detenga el tráfico ilegal de madera preciosa en las fronteras del país, señaló el jefe de la institución militar, general Omar Halleslevens. El ejército había firmado un convenio con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional Forestal en donde designó a miembros del ejército para el cuido de los recursos naturales. Para el jefe del Ejército, el combate al delito ambiental es un problema más complejo, porque se debe controlar por tierra, a diferencia de las operaciones contra el narcotráfico que son marítimas.
El barco USS Stout de la Fuerza Naval de Estados Unidos, ingresó al país para capacitar a soldados del Ejército de Nicaragua en maniobras de búsqueda y rescate. Su estadía se enmarca en la operación Hermandad de las Américas. El USS Scout está dedicado al combate al narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de personas. Según la Embajada de Estados Unidos, la misión de los militares norteamericanos en el país es ejecutar programas de asistencia de seguridad que apoyan las metas y objetivos del Departamento de Defensa y el Departamento de Estado.
En Internacionales , el despliegue de hasta 6.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México no supondrá una distracción para las demás misiones que tiene dentro y fuera de EEUU, aseguró el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld. El ministro de Defensa estadounidense, indicó que la Casa Blanca aún no ha determinado si el despliegue, que será financiado con fondos federales, requerirá alguna autorización inmediata de fondos adicionales del Congreso.
Estados Unidos ha prohibido la venta de armas a Venezuela, por lo que considera su falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo, informaron fuentes del Departamento de Estado. Además sancionó a ese país al incluirlo en una lista de naciones que "no cooperan plenamente" en la lucha antiterrorista. La prohibición a Venezuela incluye todo tipo de ventas militares y de tecnología y armamento estadounidenses de otras naciones a Caracas.
 


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