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20 de Noviembre al 05 de Diciembre, 2005.

 
En Guatemala, los problemas en el Servicio de Análisis e Información Antinarcótico, tras la captura de sus tres jefes en EE.UU., empezaron a surgir en los tribunales de justicia cuando agentes del SAIA se negaron a declarar hasta no tengan una autorización de un superior que les faculte a asistir y declarar ante las autoridades judiciales.
El Gobierno de EE.UU. dijo que aportará las pruebas contra los tres ex jefes del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica, capturados en ese país por su presunta vinculación con el narcotráfico y por conspiración para ingresar droga a EE.UU
Diputados integracionistas, entregaron a Carlos Vielmann, ministro de Gobernación una propuesta de ley para crear el ministerio de seguridad, que pretende desligar de la cartera del Interior las funciones de la seguridad ciudadana. Según el diputado Baudilio Hichos, esta propuesta viene siendo examinada desde hace mucho tiempo atrás, y básicamente propone la creación de un ministerio para hacerse cargo del tema de seguridad nacional.
El Ministerio Público investigará a militares por el uso de la pista aérea de Zacapa , en donde determinará las responsabilidades administrativas al haber autorizado que personas presuntamente vinculadas al narcotráfico –y supuestos hechos de corrupción – se comprometieran a cancelar la reparación y mantenimiento de la rampa de rodaje. Hasta que esto no sea aclarado el MP no iniciará una investigación de la posible utilización de dicha pista en actividades ilícitas.
La seguridad ciudadana fue el tema principal de agenda en la reunión sostenida entre representantes de los organismos del Estado. Se acordó que se creará un grupo de 200 investigadores, coordinados por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público (MP). Entre los temas abordados destacan: la creación de Juzgados itinerantes penales, la creación del banco de órdenes de captura y allanamientos, del instituto de ciencias forenses, entre otros.
El primer contingente de 105 kaibiles que participaron de la misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC) retornó al país, tras haber permanecido ocho meses en África. El general Patrick Cammert, jefe de la sección sur de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, reconoció que el trabajo de las Fuerzas Especiales Kaibil permitió a las Naciones Unidas tomar el control de poblaciones donde no habían podido ingresar, por la presencia de milicias rebeldes.
La aprobación de la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) ha sido en vano, tras la negativa del Congreso de otorgarle el presupuesto necesario para funcionar. Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, afirmó que sin dinero, la Digici no puede existir.
El segundo contingente de 105 integrantes de las Fuerzas Especiales Kaibil que participan en la misión de imposición de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC) viajaran para relevar a los primeros militares. Su misión es la liberar rehenes, imponer el orden en regiones dominadas por rebeldes y efectuar tareas de estabilización.
Leyes contra el crimen organizado y la utilización de los recursos decomisados son las dos sugerencias que hace Michael O'brien, jefe de la Administración para Control de Drogas (DEA) en el país, para poder capturar a capos de los siete carteles que operan en el territorio nacional. Así mismo señaló que el éxito en Colombia y México se debe a que en la legislación vigente de esos países, tienen leyes de escuchas telefónicas, entregas controladas, infiltración que dan mayor efectividad a su trabajo.
Guatemala es señalado en un informe del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), como punto principal de trasiego, y que la falta de recursos imposibilita la lucha antinarcótica. A su vez señala al país como uno de los principales puntos de trasbordo y almacenaje de drogas en el área. La DEA indica que el 90 % de la droga que llega a EE.UU. pasa por Centroamérica y sobre el lavado de dinero, señala que Guatemala sigue siendo un lugar con fuerte incidencia, en parte por la falta de recursos, debilidad en leyes y agresividad en el combate de delitos financieros.
Con informes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), investigaciones periodísticas y acusaciones de congresistas de EE.UU. contra el Ejército guatemalteco, el diario estadounidense Texas Observer publicó un reportaje sobre la relación entre narcotraficantes y militares guatemaltecos. La relación narcomilitar –señala el diario - es tan profunda que habría motivado la decisión del Congreso de EE.UU. de continuar el embargo de cooperación militar contra Guatemala, el informe recuerda la relación de ex kaibiles guatemaltecos con carteles en México, y de militares retirados investigados por EE.UU.
En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), los costos para atender a pacientes víctimas de la violencia se han incrementado en un 20 por ciento en la capital. El Estado y las instituciones de salud deben sufragar los gastos por el aumento de hechos delictivos. Las cifras de heridos por arma de fuego en 2004 ascendió a seis mil 629.
En El Salvador, el presidente Saca, informó que el incremento de crímenes atribuidos a pandilleros obligó al Gobierno a extender las medidas de seguridad en la ciudad. Informó que se redoblará la presencia de militares en patrullajes policiales con vehículos blindados, en San Salvador a fin de reducir los índices delincuenciales y brindar seguridad a la ciudadanía.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el presente año se han incautado 6 mil 213 armas de fuego de distinto calibre. La cifra de decomisos muestra un moderado descenso. En todo el 2004, las autoridades incautaron 7 mil 21 armas de fuego. La Ley de Armas, vigente desde 1999, prohíbe la portación en lugares públicos, por lo que alguien que vulnere esta disposición deberá ser detenido y remitido a la autoridad competente.
Las autoridades del centro penitenciario ubicado en Zacatecoluca – presidio de máxima seguridad – informaron del decomiso de 240 armas que estaban en poder de los reos. Las autoridades reconocieron que estas armas no habían sido detectadas con anterioridad pese a los controles que establecen y afirmaron que estas fueron fabricadas con barras de hierro que los constructores dejaron abandonado en el patio del reclusorio.
En Honduras, Las pandillas centroamericanas han sido penetradas por los cárteles de la droga, han desarrollado una coordinación internacional mejor que los gobiernos y cambian sus modos de operación según las estrategias policiales, señaló Oscar Bonilla, presidente del Consejo nacional de seguridad pública de El Salvador ante el consejo permanente de embajadores de la OEA. El problema de las pandillas se ha complicado aún más con la penetración de los cárteles de la droga que utilizan a las pandillas como enlaces y les pagan en especie, para generar un mercado de consumidores en Centroamérica.
Un gran arsenal de armas de guerra y explosivos fue descubierto por agentes especiales de investigación en el interior de la residencia de un coronel retirado de la Fuerzas Armadas, quien no tenía los permisos de portación. Entre lo incautado se encontró: Ocho fusiles AK-47, provistos con municiones, Proyectiles M-1, M-16, dos lanzagranadas, 14 Granadas de fragmentación, diferentes tipos de explosivos, entre ellos del tipo C-4, dinamita de mecha lenta y TNT.
En Nicaragua, El diputado sandinista Elías Chévez y su colega liberal Enrique Quiñónez, tuvieron posiciones divergentes y cautelosas ante las declaraciones que el ex ministro de Defensa, José Adán Guerra, ofreciera cuando señaló que el sector defensa marca una creciente autonomía, debido en parte a las pugnas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Chévez aceptó que se requiere de una serie de leyes para fortalecer la subordinación de las Fuerzas Armadas hacia la autoridad civil en Nicaragua, aunque indicó que hasta ahora el proceso sigue su curso normal.
En el foro “Estado de la violencia en Centroamérica y las tendencias de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana”, promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Carlos García, del programa Sociedad Sin Violencia del PNUD de El Salvador, señaló que un estudio efectuado en el 2003, se encontró que el costo de la violencia fue de un mil 717 millones de dólares, representando el 11.5 % del Producto Interno Bruto de esa nación. Eduardo Urcuyo, de Nicaragua, indicó que el sistema judicial forma parte del círculo vicioso que fomenta la proliferación de la violencia en la región.
Revisar minuciosamente el contenido del nuevo Código Penal Militar, antes de sancionarlo, fue la recomendación que Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, sugirió al presidente Enrique Bolaños. A juicio de Álvarez, el Ejército debe responder a decisiones políticas del Presidente de la República de turno, no a su propia interpretación. A su juicio, el Código Penal Militar “en el fondo significa irle restando facultades al Presidente de la República o por lo menos ir haciendo disposiciones que permitan interpretaciones confrontadas”.
El ex ministro de Defensa, José Adán Guerra Pastora, advirtió que las pugnas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo han descuidado el establecimiento de estrategias que contribuyan a profundizar la profesionalización de las instituciones del sector de la defensa, y la subordinación militar a la autoridad civil, así mismo añadió que si bien la subordinación civil, como principio de legitimidad y de legalidad, es fundamental, no son suficientes para profundizar la profesionalización de estas instituciones.
El informe de la Jefatura de Operaciones de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), señala que los narcotraficantes mexicanos controlan prácticamente el tráfico de drogas en países de América Central, como Guatemala y Belice, ya que junto con sus socios de Colombia lograron consolidar una red marítima, aérea y terrestre, para hacer llegar los estupefacientes a su destino final: el mercado de consumidores de Estados Unidos .
El general Omar Halleslevens, Comandante en Jefe del ejército de Nicaragua, informó que el destino de las incautaciones no les interesa al ejército, a su vez reiteró que los medios aéreos y navales capturados a narcos deben quedarle al Ejército puesto que los necesitan. Hallesleven dijo que en cuanto a la creación de una Unidad de esos bienes, el Ejército es del criterio que ésta debe ser una pequeña unidad adscrita a una parte del Estado.
 


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