Situación de defensores de derechos humanos: denuncia de detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia en Nicaragua

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Audiencia ante la 169 sesión de la CIDH

 

Situación de defensores de derechos humanos:

denuncia de detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia

en Nicaragua

 

Boulder, Univesidad de Colorado.

2 de Octubre de 2018.

 

  1. Introducción

 

Buenos días, señores Comisionados, señoras Comisionadas.

(Señores y señoras representantes del Estado de Nicaragua)

(Lamentamos la falta de comparecencia del Estado en esta audiencia)

Las organizaciones peticionarias de esta audiencia agradecemos el espacio brindado para exponer sobre la agudización de la crisis de derechos humanos sin precedentes, que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril y la vulnerabilidad en que se encuentran todas las personas que exigen respeto a sus derechos fundamentales.

Queremos agradecer la labor que esta Ilustre Comisión ha realizado en Nicaragua, en medio de condiciones muy adversas.

Mi nombre es Alejandra Manavella de CEJIL, y en representación de las organizaciones peticionarias[1] me acompañan en la mesa Félix Maradiaga del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua (IEEPP), Sara Henríquez de Mujeral en Acción, y Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres y Belissa Guerrero de Amnistía Internacional.

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A continuación,

  • Félix Maradiaga se referirá brevemente al contexto en que se desarrollan los hechos que abordaremos en esta audiencia y a las restricciones indebidas a la protesta social;
  • Sara Henríquez hará referencia a la práctica de detenciones arbitrarias y los procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal;
  • Violeta Delgado, abordará otros patrones de hostigamiento, persecución y las afectaciones particulares que sufren las mujeres defensoras;
  • Finalmente, Belissa Guerrero expondrá nuestras peticiones ante esta Honorable Comisión;

 

(Doy la palabra a Félix Maradiaga)

 

  1. Contexto

Desde hace más de 5 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis social, política y de derechos humanos caracterizada por la represión y respuesta violenta del Estado y agentes no estatales vinculados al partido de gobierno, a las protestas ciudadanas.

Desde abril, el Estado mantiene un despliegue de sus fuerzas de seguridad y de grupos parapoliciales que actúan de manera violenta y desmedida para evitar el desarrollo de las marchas autoconvocadas. Usando inclusive armas de alto calibre y francotiradores.

La lucha del gobierno contra el disenso sigue teniendo como principal estrategia el uso de la violencia y la generación de terror, así como la amenaza de criminalización y uso arbitrario de la privación de libertad. Según datos de las organizaciones a la fecha se contabilizan más de 400 personas privadas de libertad, en el marco de las protestas. Desde el comienzo de la crisis al menos 1900 personas habrían sido detenidas.

En este periodo, se registra el mayor éxodo masivo de nicaragüenses en su historia reciente, con más de 23 mil nicaragüenses en desplazamiento forzado, principalmente hacia Costa Rica, enfrentando una grave crisis humanitaria.

A pesar de lo anterior, el Estado niega su responsabilidad en los asesinatos, heridos, detenciones ilegales y arbitrarias, y tratos inhumanos en las cárceles. Así, el Estado intenta reflejar a nivel internacional que todo ha vuelto a la normalidad en el país, desde que los tranques y barricadas fueron levantados violentamente en el mes de julio por considerarles acciones terroristas.

Lo cierto es que hasta la fecha el Estado de Nicaragua sigue actuando al margen del Estado de Derecho, de su propia Constitución Política y del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Me referiré ahora a violación al derecho de libertad de reunión y libertad de expresión a través de la criminalización de la protesta social

 

Bajo el gobierno Ortega-Murillo, participar en una protesta pacífica en Nicaragua ha sido un acto de valentía, ante los episodios de violencia de turbas sandinistas y grupos de choque afines al gobierno.

A lo anterior se suma que el 28 de septiembre la Policía Nacional, a través de una nota de prensa, calificó de ilegales las manifestaciones y amenazó con llevar “ante la justicia” a quienes han convocado y convocan a las protestas contra el Gobierno. Con lo anterior se desalienta la protesta pacífica y se atenta contra la libertad de expresión y reunión.

Así como ya indicamos, el Estado ha recurrido al uso de las fuerzas policiales, junto fuerzas de choque para infundir miedo en la población. Sin embargo, ante la agresión de estas fuerzas de choque contra la población civil, la Policía Nacional permanece pasiva y al mismo tiempo, estas agresiones siguen sin ser investigadas.

Además, se vulnera el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de la población nicaragüense en su conjunto, ya que estos son agredidos en el contexto de las marchas y de la cobertura de la noticia, como sucedió con el asesinato del periodista Ángel Gahona.

Este tipo de hechos se dan en los principales centros urbanos del país. Sin embargo, en las zonas rurales y con poblaciones indígenas, el ejército intimida a la población, en esas zonas la represión se recrudece dada la menor presencia de los medios de comunicación.

El Estado también ha recurrido a la convocatoria de contra marchas y la ocupación de espacios públicos para impedir la realización de marchas convocadas previamente para protestar contra la actuación del gobierno. Igualmente ha implementado el cierre de las vías de comunicación para salir o ingresar a las principales ciudades y comunidades donde se llevan las protestas.

Además, se ha dado la criminalización de la protesta, a través de la imputación de cargos penales a los dirigentes sociales que las promueven o participan en ellas. De hecho, se han criminalizado hasta las expresiones más creativas e inofensivas de protesta, como la utilización de globos azul y blanco.

Por otro lado, se ha identificado la existencia de mayor saña contra grupos vulnerables, como dirigentes de comunidades indígenas, comunidades rurales, movimientos de mujeres, estudiantes, sectores populares-urbanos y miembros de las comunidades LGTBI.

Todas estas conductas, son cometidas como parte de una política de Estado contra población civil. Todas ellas, han tenido el propósito de desalentar, obstaculizar e impedir la libre reunión, movilización y expresión del pueblo nicaragüense.

(Le cedo la palabra a Sara Henriquez)

 

  1. Detenciones arbitrarias y uso indebido del derecho penal

Pese a que la legislación de Nicaragua recoge la obligación del Estado de respetar el derecho a la libertad personal, desde junio se registra un aumento en las detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal contra manifestantes en general y líderes de movimientos.

La Constitución Política señala la obligación del Estado de poner a toda persona detenida a la orden de autoridad competente o bien liberarla, dentro de un plazo de 48 horas. Sin embargo, este plazo no se cumple.

En los casos de conocimiento de Amnistía Internacional, debido a la falta de control judicial, los familiares de personas detenidas han recurrido a la interposición del recurso de exhibición personal. Sin embargo, a los operadores de justicia encargados de resolverlos se les impidió el ingreso a las cárceles. Esto implica que los jueces no han podido verificar el estado físico de los detenidos, ni revisar su expediente.

Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado que:

  • La mayoría de las personas detenidas son gente humilde, empobrecida y trabajadora, dado el carácter popular de las protestas;
  • Las personas son detenidas mientras circulan en las calles, durante o después de una marcha, en sus casas mediante ingresos ilegales que se realizan en horas de la noche y la madrugada;
  • Usualmente son llevadas a cabo por la policía y/o por elementos armados progubernamentales, y sólo excepcionalmente por las fuerzas armadas;
  • No se llevan a cabo con órdenes de arresto ni de registro;
  • Se hacen sin comunicar a los detenidos información acerca de las causas de la detención o de los derechos de los detenidos;
  • Inicialmente se mantiene incomunicada a la persona detenida, sin acceso a familiares o abogados y solo se confirma a los familiares de la detención varios días después del arresto, convirtiéndose en una forma de desaparición forzada.

Además, no existe un registro público de los nombres y lugares de detención de las personas privadas de libertad, aumentando el riesgo al que estas están sometidas. Por otro lado, el CENIDH ha señalado que son comunes los casos de detenciones colectivas.

También, el CENIDH ha recibido testimonios en los que se demuestra la existencia torturas físicas contra las personas detenidas – incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación – y torturas psicológicas, como amenazas de muerte. Asimismo, varones y mujeres han denunciado haber sufrido violencia sexual.

 

  1. Acceso a la justicia

Quienes protestan se enfrentan a procesos de criminalización, como ser incluidos en listas de personas “golpistas”, ser fotografiados, difamados públicamente responsabilizándoles de hechos falsos, ser etiquetados como “terroristas” en perfiles falsos de redes sociales, a que sus datos personales sean expuestos, poniéndolos en una situación de riesgo, a la amenaza de muerte y de quema de sus casas.

Como parte de la estrategia de criminalización de la protesta, el Estado está utilizando la Ley Nº 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley, creada para fines distintos para los cuales está siendo utilizada, tipifica el delito de terrorismo de modo tan amplio y abstracto, que está amparando la persecución penal de las personas opositoras al gobierno.

Las personas son detenidas con acusaciones falsas, motivo por el cual la mayoría de las personas no están siendo llevadas a juicio. Sin embargo, para enjuiciar a los líderes de los movimientos, el Estado ha actuado de manera célere.

De especial preocupación resulta la conocida falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua. Los procesos penales se basan en testimonios rendidos bajo tortura en manos de la propia policía o de agentes parapoliciales, para obtener prueba falsa que sustente las acusaciones. También se fabrican testigos y víctimas falsos.

Además, no se permite el ingreso de familiares a las audiencias ni el monitoreo externo. Los abogados defensores se ven constantemente amenazados, al punto que muchos han debido optar por el exilio.

A la fecha no se conoce de acusaciones ni detenciones de parapoliciales, miembros de turbas o policías responsables de los asesinatos y demás delitos cometidos contra quienes protestan.

Siendo que las detenciones se realizan en el contexto de protestas cívicas, estas personas se reconocen como presos/as políticos.

Resaltamos de manera particular las detenciones de Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes campesinos del Movimiento Anti-canal detenidos en el aeropuerto de Managua, sin respetar que Medardo era integrante de la Mesa del Diálogo como parte de la Alianza Cívica por la Libertad y la Democracia.

Luego siguieron otras detenciones ilegales como las de Irlanda Jerez, detenida en la calle; una dirigente del Mercado Oriental de Managua; Brenda Muñoz de Diriá quien padece de una grave enfermedad; Santiago Fajardo, y el matrimonio Christhian Fajardo y Maria Lidia Peralta líderes cívicos de Masaya; los hermanos músicos de Jinotepe Luis, Juan Carlos y Harvin Heynad Baltodano; las hermanas Olesia y Tania Muñoz, profesoras de música y del coro de la iglesia Sta. Ana de Niquinohomo; los exmilitares del ejercito Carlos Brenes, integrante del Frente Amplio por la Democracia (FAD), y Tomás Maldonado, ahora pastor evangélico; Noel Valdez, líder cívico de Matagalpa; los jóvenes líderes estudiantiles y/o participantes de las marchas como Byron Estrada, Nahiroby Olivas, Luis Quiroz, Juan Pablo Alvarado, Yaritza Mairena, Victoria Obando, lídereza de la mesa nacional por la diversidad sexual; Levis Rugama, Amaya Coppens, Sergio Midence, Yubrank Suazo, Edwin Carcache; y Jonathan Perez; el profesor Juan Bautista Guevara de Ticuantepe; el profesor dirigente sindical universitario Ricardo Baltodano; Luis Enrique Cuevas, a quien le allanaron su casa y lo detuvieron por vender banderas patrias y cintillos en las marchas de León; Carlos Valle (papá de Elsa Valle, liberada hace una semana), detenido al final de una marcha por la libertad de los/as presos/as políticos; Miriam del Socorro Matus (“Doña Coquito”), de 76 años, vendedora de agua helada, y que fue detenida violentamente por la policía el domingo 30 de septiembre, porque regalaba agua a las personas que marchaban (ella fue puesta en libertad horas después de su detención).

(Cedo la palabra a Violeta Delgado).

  1. Otros patrones de hostigamiento y persecución

A continuación, nos referiremos a otros patrones de represión y persecución implementados por el Estado en las últimas semanas contra población civil

  • Persecución y despido de funcionarios públicos, personas trabajadoras del sector salud y educación (aproximadamente 240 médicos), quienes han recibido sus cartas de despido de manera injustificada, motivadas por la atención médica brindada a las personas heridas, su participación en las protestas o por el hecho de negarse a participar en actos de gobierno.
  • El encarcelamiento de familiares (hermanos Fajardo y Heynard Baltodano, hermanas Muñoz, Familia Pérez) como un método de represión, violencia y amedrentamiento.
  • El acoso y criminalización al trabajo de derechos humanos que realizan organizaciones no gubernamentales. Esta semana fue allanado IEEPP, cuyas oficinas y archivos institucionales fueron requeridos por autoridades policiales y judiciales por una investigación de delitos de “financiamiento al terrorismo”, y la orden de captura contra su director.

 

  1. Impacto diferenciado de la persecución en las mujeres defensoras de derechos humanos

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND) ha recibido desde el inicio de la crisis 182 denuncias de mujeres defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de diversas formas de agresiones.

Muchas de las denuncias corresponden con las violaciones de derechos humanos ya descritas. Sin embargo, de acuerdo con información con la que cuentan las organizaciones presentes en esta audiencia, en el caso de las mujeres detenidas ha sido utilizada la amenaza de la violencia sexual.

La IND ha registrado casos en los que jóvenes, detenidas arbitrariamente y/o secuestradas y llevadas por grupos armados irregulares o agentes policiales a centros de detención públicos o clandestinos, fueron víctimas de violación sexual como mecanismo de tortura durante las detenciones. Así, por ejemplo, el uso de la violación durante los interrogatorios en El Chipote se ha documentado con varios testimonios.

De igual forma, las campañas de estigmatización en redes sociales generalmente se han basado en cuestiones relativas a la orientación sexual y a la expresión de género y han reproducido estereotipos misóginos.

Por último, algunas personas defensoras han tenido que tomar la difícil decisión de desplazarse hacia otros territorios dentro o fuera del país, debido a los ataques y amenazas perpetradas contra ellas y sus familias.

(cedo la palabra a Belissa Guerrero)

  1. Peticiones:

Las organizaciones peticionarias solicitamos a esta Honorable Comisión que:

  1. De acuerdo con sus facultades, continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua y de seguimiento a la implementación de todas sus recomendaciones, exhortando al Estado nicaragüense a brindar las condiciones adecuadas para llevar a cabo la labor de sus mecanismos especiales (GIEI y MESENI);
  2. Inste al Estado de Nicaragua a permitir el monitoreo de los centros de detención por parte de organizaciones nacionales de derechos humanos y organismos internacionales;
  3. Exhorte al Estado a abstenerse de hacer uso indebido del derecho penal para criminalizar a quienes defienden derechos humanos en el país;
  4. Exija al Estado la liberación de las personas ilegalmente detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país;
  5. Urja al Estado de Nicaragua la implementación de las medidas de protección otorgadas por esta Ilustre Comisión en común acuerdo con las personas beneficiarias;
  6. Recuerde al Estado nicaragüense las obligaciones internacionales relativas a la garantía del derecho a la protesta pacífica, libertad de reunión y libertad de expresión;
  7. Exhorte al Estado a garantizar la integridad personal y el reingreso seguro a Nicaragua de todas las personas que participan en esta audiencia.

 

 

 

 

 

[1] Amnistía Internacional, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el International Institute on Race, Equality and Human Rights, IPAS Centroamérica, JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo) y el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM, Mujeral en Acción.