Participantes del Foro Minería y Desarrollo: perspectivas desde la sociedad civil.
Participantes del Foro Minería y Desarrollo: perspectivas desde la sociedad civil.

Minería y Desarrollo: una mirada desde la óptica de la justicia fiscal

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Entre 2010 - 2014 Nicaragua experimentó la mayor bonanza minera de los últimos 50 años. El marco legal y tributario favorable para las inversiones privadas en el sector y los elevados precios internacionales del oro y otros metales, propiciaron la entrada masiva de capitales extranjeros, destinado a incrementar la capacidad de producción de empresas transnacionales y sus labores de exploración.

Paralelamente, los conflictos sociales en los municipios donde están radicadas las operaciones de estas empresas fueron en aumento (casos de Rancho Grande, Santo Domingo, El Limón), mientras los gobiernos municipales sólo obtuvieron una fracción modesta de la renta minera para dar respuesta a las necesidades del desarrollo humano de sus habitantes. Adicionalmente en este periodo de auge, el sector minero empleó la menor proporción de trabajadores del sector formal de la economía de la que se tenga registro.

En atención a la situación anterior, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) en alianza con el Centro Humboldt realizaron el Foro Nacional Minería y Desarrollo: Perspectivas desde la sociedad civil, cuyo objetivo fue analizar las obligaciones y beneficios fiscales de la industria minera y el grado de cumplimiento de estas compañías en el pago de sus impuestos.

Durante sus palabras de apertura, Félix Maradiaga, Director Ejecutivo del Ieepp, expuso los ejes fundamentales del foro y reseñó los  principales hallazgos del estudio La minería  industrial en Nicaragua: una mirada desde la óptica fiscal, que indaga la situación de tres municipios que reciben transferencias del Gobierno Central por la actividad minera que se desarrollan en sus territorios. En su exposición, explicó que “el análisis del extractivismo minero Nicaragua merece un abordaje técnico que permita elevar la discusión más allá de los sesgos ideológicos. Ello implica la construcción de espacios de diálogo multisectoriales que permitan no sólo dimensionar los costos sociales y ambientales de la actividad minera industrial versus el rédito económico de la actividad minera industrial, sino también pensar sobre el cuál es el futuro de esas comunidades en términos de desarrollo humano.”

Jurgen Guevara, oficial de Industrias Extractivas de Centro Humboldt, explicó que a pesar de que la minería metálica es el segundo producto de exportación, genera poco o escaso retorno social y severos daños ambientales; es por esto que “estamos dimensionando el aporte real del sector minero en el país, ya que en estos momentos y desde hace algunos años ha alcanzado su mayor auge, debido al modelo neoextractivista y la política de prominería del actual Gobierno”.

Para el oficial de industrias extractivas, la minería debería desarrollarse única y exclusivamente en zonas del país que han sido distritos mineros toda su vida y que han convivido y trabajado con la minería, “pero que se haga minería de manera responsable, cumpliendo con todos los estándares de calidad ambiental y social fomentando procesos de transparencia y rendición de cuentas de las industrias extractivas”.

Adelmo Sandino, investigador del Ieepp, destacó que “pese a que la minería metálica es un sector poco conectado con el resto de la economía nicaragüense y genera menos del 1 por ciento de los empleos formales, el Gobierno insiste en mantener una política agresiva de fomento a las inversiones mineras, contribuyendo en gran medida al enriquecimiento de las compañías extranjeras”.

Según Sandino, ”los Gobiernos Municipales no están facultados para ejercer una fiscalización sobre la producción minera y no existe una coordinación junto con las instituciones del Gobierno Central (incluyendo el MHCP), para efectos de establecer una correcta distribución de los ingresos procedentes de la renta minera”.

En base a las conclusiones principales del estudio, el Ieepp y Centro Humboldt realizaron las algunas recomendaciones, entre ellas

  • Las autoridades de Gobierno deberían hacer una revisión de los beneficios fiscales concedidos a la industria en la Ley 387 y otras disposiciones.
  • Las compañías mineras operando en el país deberían de efectuar un mayor esfuerzo por ampliar la cantidad y calidad de la información financiera sobre sus proyectos mineros, incluyendo datos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sus programas sociales.
  • La legislación debería de revestir a los gobiernos municipales de una mayor autonomía y un mayor papel en la gobernanza de los recursos naturales en sus respectivas jurisdicciones.

Durante el foro  se realizaron cuatro paneles con las siguientes temáticas: el aporte económico de la minería metálica en Nicaragua, el régimen fiscal de la minería; la distribución de la renta minera en los municipios: y los conflictos sociales y ambientales de la minería en Nicaragua.