Nicaragua en “lista gris” del GAFI: Requiere constituir Unidad de Análisis Financiero

Publicado el 16 febrero, 2012 por Comunicación ieepp

Nicaragua requiere constituir una Unidad de Análisis Financiero (UAF), que satisfaga los estándares internacionales (conocida como Recomendación 26 de GAFI), en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo.

Debe emprender además, un programa nacional PLD/CFT que garantice el uso adecuado, resguardo, custodia y almacenamiento de información sensible para la seguridad ciudadana.  Todo ello, a fin de cumplir con los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero y lucha contra el terrorismo.

Nicaragua entró en la “lista gris” del GAFI, por mantener “deficiencias estratégicas” en su sistema de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (medidas PLD/CFT), por decisión adoptada en la Reunión Plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera, GAFI, y Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD, en junio de 2011.

GAFI es un organismo intergubernamental del que Nicaragua es parte desde 1996. Fue creado por iniciativa del G-7 en 1989 y promueve a nivel internacional 40 Recomendaciones para armonizar la lucha contra el lavado de dinero y 9 Recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.

Además de Nicaragua, otros países del continente que actualmente presentan “deficiencias estratégicas” en sus sistemas de prevención de lavado de dinero son: Cuba, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Honduras y Paraguay.

Este tema es analizado ampliamente en el “Diagnóstico sobre la prevención del lavado de dinero en Nicaragua: Situación de los compromisos internacionales, efectos y propuestas para reforzar su prevención”, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, realizado por Alejandro Aguilar Altamirano, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Americana (UAM), cuyos hallazgos fueron debatidos el jueves 16 de febrero del 2012 con representantes del sistema financiero, funcionarios de instituciones públicas, parlamentarios, cooperantes y académicos.

De acuerdo con el estudio, Nicaragua presenta cinco “deficiencias estratégicas” ya advertidas en años anteriores: 1) medidas eficaces de diligencia debida sobre clientes y mantenimiento de registros, en particular por entidades no reguladas; 2) debilidad en los reportes de transacciones sospechosas; 3) la falta de un programa de supervisión para todo el sector financiero; 4) la carencia de una Unidad de Inteligencia Financiera, y 5) falta de procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de terroristas.

Nicaragua ha incumplido reiteradamente dos Recomendaciones claves que son: constituir una Unidad de Análisis Financiero, UAF, de acuerdo con los estándares internacionales (cuya iniciativa legislativa se encuentra en el parlamento desde hace casi 8 años); y disponer de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas.

El “Diagnóstico sobre la prevención del lavado de dinero” se encuentra disponible en nuestro sitio web.

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  • ieepp

    Estimado, Sr. Uriza:

    Apreciamos su interés en relación al “Diagnóstico sobre lavado de dinero” que recientemente publicamos. Respecto a su inquietud sobre la convocatoria, en efecto participaron en el debate de los hallazgos de este estudio, una amplia delegación de distintos sectores, entre ellos: el sector financiero nacional, microfinancieras, Fiscalía General de la República, Policía Nacional, Asamblea Nacional, no así de los juzgados. Nuestro objetivo es propiciar un clima que promueva el diálogo en todos los niveles, para que con el aporte como el suyo tomemos cada vez más conciencia de que las amenazas cada vez más latentes del crimen organizado en nuestro país. Igualmente, en breve estaremos convocando a un foro abierto en una universidad para que más voces se sumen a este debate. Muchas gracias.

  • Ramon Uriza

    En los Juzgados del país se llevan a cabo juicios en donde se procesan a muchas personas, nacionales y extranjeros, por los delitos que contempla la Ley de Crimen Organizado.- Sin embargo, entre los asistentes a la exposición de este diagnóstico, no vi la presencia de Procuradores Especiales, Fiscales del Dpto de Crimen Organizado de la Fiscalia, muchos menos, jueces penales y defensores públicos.- Luego se quejan de adolecer de capacidades teóricas ó técnicas para administrar justicia, ser objetivos en la imputación y no poder enfrentar con buen desempeño sus propias atribuciones.- Tampoco vi empresarios de los sectores sensibles der ser abordados por este tipo de delitos como las microfinancieras, las distribuidoras de vehículos, los casinos, las empresas del oro; luego alegan ignorancia o la aplicación de medidas insuficientes por parte de la Superintendencia de Bancos.- Echar mano, muy cómodamente, del PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA al presenter nuestros Procuradores Especiales y los miembros del Dpto de Crimen Organizado de la Fiscalía, causa penal en contra de cualquier ciudadano no debería tener lugar cuando existen entidades definidas desde la Ley 285, (Ley del Narcotráfico derogada), y que fueron salvadas por la Ley del Crimen Organizado actual, que las únicas instituciones especializadas por las mismas, a través de sus mecanismos, son las que causan estado, y no cualquier otra circunstancia que ellos alegan en la actualidad y les convalidad nuestros administradores de justicia.- Traten de pasar un buen día.