¿Aún persiste la subordinación militar al poder civil?

Durante la transición democrática de los años noventa del siglo XX se presentó un debate entre políticos sobre lo que representaba crear una institución militar, la cual se modificaba a partir de su subordinación al poder civil y retiro de todo rango político.A partir de estas modificacionesen el Ejército de Nicaragua hace aproximadamente 21 años se han generado cambios en sus misiones y han sido respaldadas en sumarco normativo.

Uno de los elementos que ha permitido a los militares estar al tanto de los procesos políticos y sociales es que ellos han sido parte activa fundamentados por la Ley. Esto les ha concedido mayor alcance para relacionarse con la población en general, sea mediante las actividades desempeñadas en los Procesos Electorales, el Batallón Ecológico o en el combate al Crimen Organizado en colaboración con la Policía Nacional. Esta ampliación de misiones tiene como una consecuencia interrogantes sobre la subordinación de los militares ante el poder civil, debido a que algunos sectores de la población desconocen el rol que la Constitución y las leyes establecen a la institución castrense en materia de Seguridad Interna.

Qué dice el marco jurídico. El Artículo 95 expresa que “El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del Ministerio correspondiente”.

Según el artículo 92 de la Constitución Política de Nicaragua, “el Ejército es la institución armada para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial”.  Este artículo consagra la existencia de un Ejército permanente preparado para la defensa del Estado. A su vez, reconoce explícitamente que “sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”. La Ley 181 – Código de organización, jurisdicción y previsión social militar – establece en su artículo 2, inciso 2, que la Institución debe cumplir con la función de “coadyuvar en caso de suma necesidad, según lo determine el Presidente de la República, dentro de las responsabilidades que le señale la Ley en el mantenimiento de la paz y el orden público de la nación”.

Por otro lado, el artículo 6 de la misma Ley establece que “el Ejército estará subordinado a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación, que le corresponde constitucionalmente”.

Asimismo, establece que el Presidente puede disponer de los militares para coadyuvar con la Policía Nacional en el orden interno en casos de suma necesidad. Por ejemplo, el Presidente puede ordenar, según su criterio, en caso de suma necesidad la intervención de las fuerzas del Ejército en asonadas o motines que excedan la capacidad de las fuerzas de la Policía Nacional para sofocarlos y de todo lo actuado se debe informar a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de siete días.

La interpretación de las leyes. Definitivamente el principio defensivo (art.92) aparta al Ejército de las funciones de mantenimiento del orden público interno; que claramente especifica que al Ejército de Nicaragua le corresponde la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Sin embargo, según artículos previamente mencionados- cuando sea necesario y según lo indique el Presidente de la República – la Institución puede coadyuvar con la Policía Nacional en el orden interno.

Ahora bien, la Ley es planteada de forma que provoca cuestionamientos como los siguientes: ¿Qué puede ser considerado a criterio del Presidente un caso de suma necesidad? ¿Qué es un desorden interno o calamidad? ¿Qué medidas se deben tomar al utilizar a la Institución castrense en roles de Seguridad Interna? ¿Quién está en la autoridad de responder todas estas preguntas y la ambigüedad de la Ley? Estas preguntas no son aclaradas en la Ley y se considera sumamente necesario definir conceptos, como que es en realidad “un desorden interno” y “una calamidad”. Es esencial establecer, para la efectividad de la Ley y del control civil que representa el Presidente, las funciones que desempeña el Ejército de Nicaragua y, para conocimiento de la población en general,qué puede ser considerado “a criterio” del Presidente un caso de “suma necesidad”.  Las potestades otorgadas al Presidente para establecer el orden público y la administración de la institución castrense ampliamente dejan atrás la incorporación del  Ministerio de Defensa en el control civil sobre las fuerzas armadas; al sostener una relación que se desarrolla únicamente entre el Poder Ejecutivo y la Institución castrense sigue presentándose un débil control civil democrático.

Aun así, existen leyes que respaldan que el control civil sea representado directamente mediante el Presidente y si estos artículos fueran irrespetados por la Institución castrense, la cual es altamente legitimada por la población nicaragüense, se estaría degradando su institucionalidad dentro del Estado de Derecho en el Artículo 130 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual indica que “la nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho”.

Acerca de Gabriela Alvarado

Investigadora del IEEPP
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