Las noticias más importantes de la segunda quincena del mes de julio se refieren principalmente a la aprobación “waiver” de la propiedad, la dispensa que otorga el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a países donde se hacen esfuerzos para solucionar conflictos de propiedad con sus ciudadanos.
De acuerdo con la nota de prensa publicada por la embajada de Estados Unidos, de julio de 2011 a julio de 2012, fueron resueltos 65 casos de 31 ciudadanos estadounidenses; no obstante, aún existen 337 reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses pendientes de resolución. El comunicado agrega que “la concesión de una nueva dispensa o “waiver” estará sujeta a la exitosa resolución de un número satisfactorio de reclamos, incluyendo la devolución o indemnización de las propiedades que están bajo el control de entidades del Gobierno de Nicaragua. Asimismo, se tomará en consideración la solución de casos pendientes ante los tribunales de justicia.”
La aprobación de este “waiver” evita que el gobierno estadounidense vote a favor del bloqueo durante un año de los créditos a los que Nicaragua puede acceder a través de los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros) los que podrían equivaler a 250 millones de dólares, según expertos. Es por eso que el Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), celebró la noticia diciendo que “es un buen día para Nicaragua”, considerando que la decisión estadounidense permitirá que el país siga siendo elegible para recibir los recursos anteriormente mencionados. |
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En esa dirección, Mirna Liévano de Marques, representante saliente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expresó “satisfacción” de haber finalizado su periodo en el país con el waiver aprobado, ya que garantiza la continuidad de las operaciones del organismo multilateral, que por año representan alrededor de 170 millones de dólares. Sin embargo, aduce que los fondos que proveerá el organismo no serán dados fácilmente. La representante explicó que para desembolsar los 45 millones de dólares pendientes se debe cumplir con las políticas de bienestar social, la implementación de los sistemas modernos de compras públicas del Ministerio de Salud y el de la Familia, y realizar auditorías operativas internas de estos ministerios. También afirmó que estarán pendiente con las exigencias que quedan atadas, tale como: la de divulgar y permitir el libre acceso de los datos de los censos y encuestas de hogares y de todas las investigaciones estadísticas que se realizan en el país.
Por otro lado, según los cálculos de los expertos, la propuesta de reforma tributaria que está siendo analizada por diferentes sectores del país, podría significar pérdidas hasta por C$800 millones de córdobas durante un quinquenio. Los funcionarios públicos que han presentado la propuesta de reforma, el asesor presidencial Bayardo Arce, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y el presidente del Banco Central, Alberto Guevara, se han abstenido de hablar sobre los costos que implicaría esta reforma. Lo que sí han afirmado es que el sistema de exoneraciones y exenciones no se tocará.
Al igual que estos funcionarios, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el pasado 19 de julio, en el acto de conmemoración del 33 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, dijo que se debe encontrar un punto de equilibrio para fortalecer las capacidades productivas del país, siendo las exoneraciones el mejor estímulo para desarrollar las actividades económicas y su productividad.
En ese sentido, el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, anunció que ese gremio defenderá los beneficios fiscales que reciben ya que Nicaragua no puede verse como una “isla” debido a que sus homólogos en los otros países de la región también reciben beneficios fiscales parecidos. El dirigente empresarial expresó que quienes abogan por un desmantelamiento de las exenciones y exoneraciones desconocen las dificultades que enfrentan las empresas en el día a día, y el entorno en el que se mueven. |