Las noticias de la primera quincena del mes de julio en su mayoría giran en torno a la presentación de la propuesta de reforma tributaria hecha por el gobierno de la República de Nicaragua el día lunes 9 de julio. El asesor de la presidencia para asuntos económicos, Bayardo Arce, enfatizó que será una reforma tributaria y no fiscal, es decir, que no se harán reformas que tengan que ver con el gasto público. También apuntó que no será una reforma de carácter meramente recaudatoria, sino que ordenará el sistema.
En resumen, la propuesta busca ordenar las exoneraciones con el fin de mantenerlas en los sectores claves y que realmente necesitan esos incentivos; además se pretende aumentar el techo de exención para los trabajadores asalariados, que pasaría de 75 mil córdobas a 100mil, anuales. También pretenden la reducción del impuesto sobre la renta (IR) para las empresas del 30al 25%. Otro de los puntos importantes que apunta la propuesta de reforma, es la lucha contra la evasión tributaria. Arce Castaño señaló que la evasión sigue erosionando la base impositiva del sistema y que es el principal problema que se arrastra desde la reforma del 2009.
En cuanto a las exoneraciones, se pretende fijar límites temporales por medio de listas taxativas, cuotas y calendarios graduales de gravación. Según Arce, en Nicaragua existen 285 leyes, reglamentos y normas relacionadas con las exoneraciones, por lo cual se desea agruparlas en una sola ley.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dijo que esperan llevar a la práctica el consenso e insistió en que se tomarán el tiempo necesario para evaluar la propuesta de reforma, y esperan discutirla a fondo con el gobierno para el mes de agosto.
Aunque las fuentes del gobierno dicen que la propuesta de reforma no tiene finalidad recaudatoria, expertos en temas tributarios y fiscales señalan que sí tiene elementos de ese carácter. Por ejemplo, se tendrá una pérdida de ingresos debido a la ampliación de la base exonerada (IR de los asalariados) y por la reducción del IR de las empresas, lo que posiblemente sea compensado con la revisión de las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado; además del combate a la evasión fiscal.
En cuanto al tiempo de discusión, el gobierno ha planteado que lo óptimo sería que la reforma estuviera aprobada antes de presentar el Proyecto de Presupuesto General de la República 2013; cuya fecha tope es el 15 de octubre 2012. No obstante, los diversos sectores, sobre todo el empresarial, se ha manifestado en contra de esto debido a que necesitan tiempo para analizar la reforma y plantear todas las propuestas que tiene el sector privado.
En su evaluación del artículo IV del acuerdo que Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ejecutaron en el periodo 2007 – 2011, el FMI afirma que es necesario efectuar reformas que fortalezcan el crecimiento de los ingresos del Estado, modernizar el sistema de pensiones, y la contención del gasto corriente, procurando elevar el gasto en infraestructura social, manteniendo la disciplina fiscal. El organismo internacional recalca que “es importante ampliar la base impositiva y limitar las exenciones”.
El análisis destaca la “sólida recuperación económica de Nicaragua, y el favorable desempeño macroeconómico basado en políticas racionales, los altos precios de exportación, y grandes flujos de inversión.” Sin embargo hacen énfasis en que es necesario poner atención a algunos problemas macroeconómicos estructurales como la pobreza y los grandes desequilibrios externos. Además, los directores alentaron a las autoridades a mantener políticas macroeconómicas prudentes y acelerar el ritmo de las reformas estructurales debido al ambiente global incierto. |